El Gobierno provincial pidió autorización para tomar deuda en moneda extranjera, con regalías y coparticipación como posibles garantías, en medio de un déficit estimado en $350 mil millones.
El gobernador Claudio Vidal envió a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley para autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, en lo que podría convertirse en el mayor endeudamiento en moneda extranjera de la historia provincial. La iniciativa llegó a la Legislatura en medio de una crisis fiscal reconocida por el propio Ejecutivo y abrió una pulseada política inmediata, con rechazos opositores, cuestionamientos de legisladores nacionales y un contraproyecto que busca directamente impedir este tipo de operaciones financieras.
El texto oficial habilita al Poder Ejecutivo a tomar deuda mediante distintos instrumentos: emisión de títulos públicos, acuerdos con organismos internacionales, contratación de agencias de riesgo y utilización de recursos provinciales como garantía. Entre esos recursos aparecen fondos de la Coparticipación Federal, regalías hidrocarburíferas y mineras, e incluso la posibilidad de estructurar fideicomisos financieros. El plazo máximo de amortización previsto es de hasta quince años, lo que llevaría eventuales pagos hasta 2041.
Uno de los puntos que más tensión generó es la cláusula de jurisdicción. El proyecto autoriza a prorrogar la jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y a renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana. En términos políticos, ese apartado encendió alarmas porque abre la posibilidad de que futuros conflictos vinculados a la deuda se resuelvan fuera de la Argentina, con un margen menor de protección jurídica para la provincia frente a eventuales reclamos.
La iniciativa también permite contrataciones especiales para estructurar la deuda. Es decir, habilita mecanismos distintos a las licitaciones administrativas ordinarias para contratar bancos, asesores financieros, estudios jurídicos, calificadoras de riesgo y otros actores necesarios para salir al mercado. Para el Gobierno, se trata de una herramienta técnica. Para sus críticos, es una puerta demasiado amplia en un contexto de opacidad y urgencia fiscal.
El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, quedó como principal vocero de la propuesta. Según explicó, el objetivo es financiar obras estratégicas de infraestructura y aprovechar un supuesto bajo nivel de endeudamiento provincial. El funcionario sostuvo que Santa Cruz necesita “potenciar fuentes de financiamiento” para proyectos históricos y remarcó que parte de la prioridad estará puesta en la matriz energética, sobre todo en localidades que todavía funcionan con generación aislada.
Verbes apuntó a un dato sensible: hay comunidades santacruceñas que en 2026 siguen sin estar conectadas al sistema interconectado y dependen de generación a combustible, un esquema que, según dijo, resulta entre ocho y diez veces más caro. Bajo esa lógica, el Ejecutivo presenta el endeudamiento como una forma de acelerar obras que permitirían reducir costos estructurales y mejorar la infraestructura provincial.
El Gobierno también argumenta que financiarse en dólares puede tener un costo menor que hacerlo en pesos dentro del mercado argentino. En los fundamentos técnicos, se sostiene que Santa Cruz cuenta con regalías hidrocarburíferas y mineras atadas al dólar, lo que permitiría moderar el riesgo cambiario. Ese razonamiento es uno de los pilares del proyecto: tomar deuda en moneda extranjera, respaldada por ingresos que también se mueven con referencia dolarizada.
Sin embargo, el contexto fiscal le da otra lectura al movimiento. Verbes reconoció que la provincia atraviesa una situación “crítica”, con una caída de ingresos durante el primer trimestre peor a la prevista y un déficit presupuestario cercano a los $350 mil millones. También confirmó que el Gobierno evalúa herramientas de corto plazo, como adelantos de coparticipación y emisión de bonos.
La discusión salarial atraviesa todo el debate, aunque el proyecto formalmente no permita usar los fondos para pagar sueldos ni gastos corrientes. Verbes aclaró que el dinero del endeudamiento no podrá destinarse de manera directa a salarios, pero también planteó que las obras tendrían un impacto positivo sobre las finanzas provinciales. Días antes, el propio ministro había dejado ver el mecanismo indirecto: financiar infraestructura con deuda para liberar recursos genuinos del Tesoro y destinarlos a otras áreas, entre ellas la política salarial.
Ese punto explica parte del interés sindical, pero también buena parte del rechazo opositor. El Gobierno llega a este proyecto tras el fracaso de la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, que fue devuelta al Ejecutivo por unanimidad en la Legislatura. Aquella iniciativa buscaba reorganizar el gasto público, revisar estructuras administrativas, suspender ingresos de personal al Estado y armonizar aumentos salariales con los recursos disponibles. Los gremios la resistieron con fuerza y el trámite quedó empantanado.
Con la emergencia frenada y las paritarias abiertas con sectores como ATE, ADOSAC, Judiciales, APROSA y AMET, el endeudamiento aparece como una salida alternativa. No recorta salarios de manera formal, pero permitiría aliviar al Tesoro para enfrentar compromisos que hoy el Ejecutivo presenta como difíciles de sostener. La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, ya había defendido la necesidad de contar con una herramienta para sostener el funcionamiento del Estado.
La oposición reaccionó de inmediato. Congresales del Partido Justicialista santacruceño difundieron un comunicado contra el intento de endeudamiento y advirtieron sobre el riesgo económico e institucional para la provincia. En ese planteo mencionaron una cifra de 500 millones de dólares, distinta a los 600 millones del proyecto oficial, una discrepancia que no fue aclarada públicamente al cierre del texto base.
El PJ reclamó precisiones sobre cómo se devolvería la deuda, qué recursos quedarían comprometidos, cuáles serían las garantías jurídicas y a qué obras concretas se destinarían los fondos. También pidió explicaciones sobre el superávit de 2023, las obras anunciadas por Vidal el 1° de mayo, los adelantos de coparticipación, los aportes extraordinarios enviados por Nación y los más de 325 millones de dólares que, según señalaron, dejó YPF tras su salida de la provincia.
La legisladora nacional Moira Lanesan Sancho también salió al cruce del proyecto. Cuestionó la posibilidad de tomar una deuda de 600 millones de dólares, pidió explicaciones sobre fondos provinciales anteriores y advirtió que el costo de la operación podría recaer sobre futuras generaciones. En su mensaje, remarcó que durante décadas Santa Cruz evitó endeudarse en moneda extranjera como una decisión política consciente.
El rechazo más concreto llegó con un contraproyecto de la diputada provincial Agostina Mora Doldán, de Unión por la Patria. La iniciativa busca prohibir el endeudamiento provincial en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, apuntando de lleno contra la propuesta de Vidal. El texto declara nula, de nulidad absoluta e insanable, cualquier operación que viole esas disposiciones, y prevé responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que intervengan en acuerdos contrarios a la norma.
El proyecto opositor contempla excepciones para operaciones con organismos multilaterales, bancos públicos de desarrollo u organismos internacionales, pero bloquea el núcleo más sensible del esquema oficial: deuda en dólares, tribunales extranjeros y aplicación de leyes foráneas. En la práctica, si avanzara, dejaría sin margen la arquitectura financiera que pretende construir el Ejecutivo provincial.
No todo fue rechazo. Algunos sectores gremiales se mostraron dispuestos a acompañar la posibilidad de endeudamiento, aunque con condiciones. El secretario general de AMET en Santa Cruz, Gustavo Basiglio, y el titular de UPCN provincial, Marcos Vellio, respaldaron la búsqueda de herramientas extraordinarias para afrontar una recomposición salarial urgente. Ambos ubicaron el debate en el marco de la caída de transferencias nacionales y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
Basiglio incluso comparó la situación con otras provincias que, según dijo, ya recurrieron a mecanismos similares frente al recorte de fondos nacionales. Pero ese respaldo sindical no equivale a un aval completo al diseño jurídico y financiero del endeudamiento. El apoyo está atado al impacto salarial y no a la cesión de garantías, la prórroga de jurisdicción o el uso de recursos estratégicos como respaldo de la deuda.
El proyecto desnuda así una tensión de fondo. El Gobierno presenta la deuda como una inversión para obras estratégicas y como una vía para ordenar la situación fiscal sin paralizar la provincia. La oposición lo lee como una hipoteca sobre recursos presentes y futuros, agravada por el uso de moneda extranjera, la posibilidad de tribunales externos y la falta de detalles públicos sobre el destino específico de los fondos.
En el medio queda una provincia atravesada por déficit, conflictividad gremial, caída de ingresos y necesidad real de infraestructura. Santa Cruz necesita obras, pero también certezas sobre el costo financiero, las garantías comprometidas, los plazos de devolución y el margen de soberanía jurídica que estaría dispuesta a resignar. La magnitud del endeudamiento obliga a una discusión pública más amplia que la urgencia de caja.
El debate recién empieza, pero ya dejó una señal política fuerte: el Gobierno de Vidal busca una autorización amplia para salir al mercado y reconfigurar su margen financiero; la oposición intenta poner un candado legal antes de que la operación avance. Si la Legislatura aprueba el proyecto oficial, Santa Cruz podría quedar atada a una deuda en dólares hasta 2041. Si lo rechaza, el Ejecutivo deberá encontrar otra salida para una crisis fiscal que ya no puede disimular.
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