Las compañías de transporte y distribución de gas natural reclamaron fuertes aumentos tarifarios en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025 - 2029, durante la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Según los documentos presentados, los pedidos de actualización oscilan entre el 20% y el 65%, además de un esquema de indexación mensual para garantizar la rentabilidad del sector y sostener los planes de inversión. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía dejaron trascender que no se autorizarán subas de más de un dígito, lo que anticipa un conflicto entre el sector privado y el Gobierno.
El interventor de Enargas, Carlos Casares, afirmó que el objetivo de la revisión tarifaria es dar previsibilidad a las empresas para que puedan garantizar el suministro y cumplir con sus planes de inversión. El ente regulador estima que la rentabilidad real para las distribuidoras debería rondar el 7,64%, mientras que para las transportistas el porcentaje propuesto es del 7,18% después de impuestos.
Por su parte, las nueve distribuidoras de gas del país se comprometieron a destinar 963 millones de dólares en inversiones durante el quinquenio 2025 - 2029.
Uno de los pedidos más insistentes provino de Naturgy Argentina, que solicitó nuevos cuadros tarifarios que reflejen los costos del servicio. La empresa enfatizó que el margen de distribución es su única fuente de ingresos para afrontar gastos operativos, mantenimiento de redes y atención al cliente.
Naturgy presentó un plan de inversiones por $170.000 millones para los próximos cinco años, mientras que su filial Naturgy NOA proyectó $42.000 millones en el mismo período. Sin embargo, advirtió que las inversiones dependerán de las definiciones finales del Enargas sobre base tarifaria y regulación.
La Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) intentó minimizar el impacto de los aumentos argumentando que la morosidad del sector es de apenas 3,52%, lo que indicaría que las tarifas actuales siguen siendo pagables para la mayoría de los usuarios.
No obstante, con un Gobierno que intenta contener el impacto de la inflación, las exigencias del sector energético podrían chocar contra la política económica oficial.
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