La inminente licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), programada para el 12 de febrero de 2025, desencadenaron fuertes polémicas que involucran a empresas internacionales, actores políticos y el sistema judicial argentino.
Este proceso, que promete adjudicar un negocio estimado en 410 millones de dólares anuales durante tres décadas, ha generado tensiones y acusaciones de favoritismo.
Empresas de renombre en el ámbito del dragado, como la belga DEME Group y la danesa Rohde Nielsen, presentaron impugnaciones y recursos judiciales alegando que los pliegos de la licitación favorecen a la actual concesionaria, Jan de Nul. Según DEME, el proceso licitatorio estaría "ilegítimamente direccionado", mientras que Rohde Nielsen señala restricciones que limitan la competencia y benefician a una empresa en particular.
Estas pugnas no solo se desarrollan en el ámbito empresarial, sino que también se estan dando en la esfera política. El expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milei muestran fuertes diferencias en torno a la licitación. Desde el entorno de Milei, se acusan al macrismo de intentar interferir en el proceso, mientras que allegados a Macri argumentan deficiencias con la gestión actual.
El gobierno, por su parte, defiende la transparencia y legalidad del proceso. Tras el rechazo de una medida cautelar presentada por DEME, las autoridades aseguraron que la licitación sigue su curso sin modificaciones y que se espera una competencia justa entre las empresas participantes.
A medida que se acerca la fecha clave, la expectativa crece entre los distintos actores involucrados. La resolución de este proceso no solo definirá el futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay, sino que también sentará precedentes en materia de concesiones y transparencia en el país.
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