En busca de dinamizar el mercado y aliviar los costos burocráticos de las empresas, el Gobierno nacional simplificará las normativas para la comercialización de electrodomésticos en el país.
La medida, que será oficializada este martes mediante una resolución en el Boletín Oficial, tiene como eje central reducir los trámites obligatorios que fabricantes e importadores debían cumplir hasta ahora.
La normativa actual exige ensayos técnicos en el país para verificar la eficiencia energética de los productos, un proceso que incluye auditorías en planta, incluso si las fábricas están fuera del país. Además, las empresas deben gestionar un permiso de comercialización en la Secretaría de Industria y Comercio, documento que luego se presenta en la Aduana para liberar la mercadería. Según especialistas este conjunto de requisitos implica un costo significativo que, según el sector, se traduce en precios más elevados para el consumidor final.
Con los cambios anunciados, las empresas ya no necesitarán el permiso de comercialización previo ni la auditoría técnica de la Aduana. En su lugar, bastará con que los fabricantes y distribuidores presenten una declaración jurada que garantice el cumplimiento de las normativas técnicas. Según el Gobierno, esta simplificación beneficiará a más de 150 empresas del sector que fabrican o importan productos como aires acondicionados, televisores, lavarropas, microondas y otros electrodomésticos esenciales.
La Secretaría de Industria aseguró que esta resolución impactará directamente en una mayor oferta de productos y fomentará la competencia, con la expectativa de que los precios bajen a corto plazo. "Eliminar barreras innecesarias facilita que las empresas reduzcan costos operativos, lo que se traduce en beneficios concretos para los consumidores", señaló un vocero del Ministerio de Economía.
Si bien el objetivo de la medida es dinamizar el mercado, especialistas advierten que será importante un monitoreo adecuado para evitar que la reducción de controles derive en un descenso de la calidad o en la comercialización de productos que no cumplan con los estándares mínimos de seguridad.
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