Un riguroso análisis jurídico internacional arrojó conclusiones no muy agradables para la mirada de Juntos por el Cambio respecto del endeudamiento tomado por Mauricio Macri en 2018 con el FMI pero tampoco para la perspectiva del propio organismo de crédito, que actualmente endureció su postura en la negociación con la Argentina.
El informe, en concreto, asegura que el Acuerdo Stand By del FMI con la Argentina, que suscribió el gobierno de Macri en 2018, debería considerarse nulo.
La investigación, cuya autoría corresponde a los especialistas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh, remarca que el mayor programa en la historia del Fondo "fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto 'ultra vire'".
Esa última expresión, "ultra vires", es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley. Es decir, el pacto sería ilegal.
"Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina", sentenciaron los autores.
Ferreira Lima es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, donde trata temas de derecho económico y financiero, mientras que Marsh es un exfuncionario del FMI y actualmente actúa como consultor senior de Exante Data.
Según estos, el programa que negoció David Lipton -hoy asesor de Yanet Yellen- cuando estaba bajo el mando de Christine Lagarde en la gerencia del FMI "no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un ´agujero negro` contable de al menos 20.000 millones de dólares".
En la investigación, publicada en el sitio especializado SSRN, sostuvieron que el acuerdo "hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir", con lo que "el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso" y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente.
"Era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales", que el Fondo "estaba legalmente obligado a solicitar", agregaron.
Otro de los supuestos considerados "ridículos" tuvo que ver sobre los ingresos estimados de capital durante el programa, que incluían "la confianza en entradas de capital financiero por casi 80 mil millones de dólares", remarcaron.
Por todo esto, los autores afirman que "el programa debería considerarse nulo" y concluyen que dado que el país no tiene los recursos para repagar el programa, "debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse".
Esto significa, en la práctica, "establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha", concluyeron.
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