En una provincia sin trenes y con distancias de hasta 500 kilómetros entre localidades, la quita de compensaciones nacionales agrava el acceso a salud y rehabilitación.
La diputada nacional Moira Lanesan encabezó un encuentro en el CAPS Peliche junto a vecinos, familias autoconvocadas y referentes de las áreas de discapacidad y salud, en medio de la preocupación creciente por los recortes nacionales que afectan el acceso a traslados, tratamientos y rehabilitaciones. También participaron la concejal Sol Kamú y el secretario de Salud del Municipio, Quirino Pereira.
La reunión se realizó en un contexto de fuerte inquietud por la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el 26 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial y firmada por Mariano Plencovich. La norma elimina el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera y niños y niñas con cáncer.
La medida deroga resoluciones anteriores que sostenían ese esquema de compensación: la 717/2018, la 567/2019, la 536/2022 y la 549/2023. El punto crítico, según plantearon durante el encuentro, es que la gratuidad del pasaje sigue reconocida formalmente, pero el retiro del mecanismo compensatorio puede generar obstáculos concretos para que las empresas garanticen los traslados.
“Es desgastante y genera una preocupación muy grande”, expresó Lanesan al inicio de la reunión. La legisladora sostuvo que los recortes en transporte y la falta de respuestas terminan de configurar un escenario sumamente difícil para el sector salud y discapacidad. Las familias presentes coincidieron en que la falta de traslados y cobertura impacta directamente en el acceso a tratamientos, controles médicos y rehabilitaciones.
Lanesan remarcó que el impacto de la medida es cualitativamente más grave en Santa Cruz que en otras provincias. En el territorio santacruceño, el transporte de larga distancia no funciona como una opción más dentro de un sistema amplio de conectividad: en muchos casos es el único medio para unir localidades. No existe red ferroviaria y las distancias entre ciudades suelen superar los 300 o 500 kilómetros.
Esa realidad patagónica vuelve especialmente delicada cualquier desregulación tarifaria o retiro de compensaciones. Donde no hay competencia de mercado ni alternativas de traslado, el derecho formal puede quedar convertido en una promesa vacía. Para una familia que necesita viajar por una consulta, una rehabilitación o un tratamiento especializado, la falta de pasaje no es un trámite: puede ser la interrupción directa de una prestación de salud.
Durante el encuentro, una vecina le planteó a la diputada que desde la creación del Ministerio de Desregulación “era cuestión de tiempo para que vengan por las personas con discapacidad” y llamó a autoconvocarse para empezar a trabajar. La frase sintetizó el clima de la reunión: preocupación, cansancio y necesidad de organización frente a un ajuste que empieza a sentirse en la vida cotidiana de quienes más dependen del Estado.
Lanesan explicó que la Ley 26.928 continúa plenamente vigente y que la Resolución 29/2026 de la Secretaría de Transporte, en su artículo 2, mantiene y reconoce el derecho a la gratuidad. Sin embargo, advirtió sobre una contradicción central: “El tema va a traer inconvenientes porque, si bien reconoce la gratuidad, también manifiesta que las empresas no están obligadas. Es decir, reconoce el derecho, pero lo desregula”.
La diputada adelantó que solicitará informes al Poder Ejecutivo nacional para conocer la cantidad de beneficiarios del pasaje gratuito en Santa Cruz y la Patagonia, las rutas interjurisdiccionales alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplantes y niños con cáncer, las empresas operadoras y la existencia de competencia por corredor. También pedirá precisiones sobre los mecanismos de fiscalización de la CNRT en provincias remotas, las sanciones por incumplimiento y la posibilidad de una compensación diferenciada para rutas patagónicas sin competencia.
El pedido incluirá además un plan de contingencia ante un eventual abandono o reducción de frecuencias en rutas de baja rentabilidad en Santa Cruz. Ese punto resulta sensible porque, en localidades alejadas, una menor frecuencia de transporte puede significar aislamiento sanitario, especialmente para personas que necesitan controles periódicos fuera de su ciudad.
Lanesan recordó que el reclamo se sostiene en un marco legal amplio. Mencionó la Ley 22.431, que establece la gratuidad del transporte para personas con discapacidad; la Ley 26.928, vinculada a personas trasplantadas; la Ley 27.674, para niños con cáncer; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con jerarquía constitucional; los artículos 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional; y el principio de no regresividad de los derechos sociales.
La legisladora también se comprometió a monitorear de cerca la situación sanitaria en la provincia y a establecer canales de comunicación con familias y vecinos. El objetivo, según planteó, es construir una mirada más amplia sobre las áreas afectadas por la problemática, tanto en discapacidad como en enfermedades poco frecuentes y otras situaciones que requieren seguimiento, traslados y continuidad de atención.
El encuentro en el CAPS Peliche dejó una señal política clara. En Santa Cruz, los recortes nacionales en transporte no se discuten en abstracto. Se miden en kilómetros, turnos médicos, tratamientos que dependen de un pasaje y familias que ya vienen cargando con trámites, demoras y gastos difíciles de sostener. Si el Estado reconoce un derecho pero desarma las condiciones para ejercerlo, el resultado no es eficiencia: es abandono.