Una investigación de este medio revela que Elisa Paola Molina fue designada en el ISPRO y en una comisión fiscalizadora mientras Vialidad Nacional la intimó por presunto pluriempleo.
Este nuevo caso vuelve a poner sospechas sobre el sistema de designaciones del gobierno de Claudio Vidal. Esta vez, el nombre que aparece es el de Elisa Paola Molina, contadora designada en cargos de fiscalización dentro del esquema público de seguros de Santa Cruz y ahora alcanzada por una intimación formal de la Dirección Nacional de Vialidad por una presunta situación de pluriempleo.
No se trata de una sospecha liviana ni de una lectura política forzada. Según la investigación de Info24RG, Molina fue designada como síndica del Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz mediante el Decreto N° 0582/2025, fechado el 3 de julio de 2025. Esa designación tuvo además acuerdo legislativo previo, a través de la Resolución H.C.D. N° 0134/2025, sancionada el 26 de junio de 2025.
El dato es sensible porque Molina no fue ubicada en un cargo menor. Fue designada en una función de control. Una sindicatura implica revisar actos administrativos, fiscalizar legalidad, advertir irregularidades y proteger el interés institucional. Es decir: el Estado provincial la nombró para controlar.
Pero ahora aparece un elemento que compromete la consistencia de ese nombramiento. Una carta documento de la Dirección Nacional de Vialidad, fechada el 20 de mayo de 2026 e incorporada al sistema GEDO bajo el número IF-2026-50444882-APN-DNV#MEC, habría intimado a Molina por una presunta situación de pluriempleo. De acuerdo con ese documento, la agente registraría cargos o funciones en cuatro estructuras distintas: Dirección Nacional de Vialidad, Universidad Tecnológica Nacional, Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz y Comisión Fiscalizadora de la Compañía de Seguros Generales de la Provincia de Santa Cruz S.A.
La contradicción es directa: una funcionaria designada para fiscalizar organismos del Estado provincial aparece intimada por otro organismo estatal para explicar su propia acumulación de cargos. Quien debía controlar, ahora debe explicar si su propia situación era compatible, regular y transparente.
La carta documento, según la información reunida, no sería una simple notificación administrativa. Vialidad Nacional le habría otorgado a Molina un plazo de cinco días hábiles para regularizar su situación, presentar documentación respaldatoria o renunciar a los cargos que pudieran generar incompatibilidad. Además, habría advertido que, si no hay respuesta o regularización, podría avanzar con medidas administrativas, incluida una eventual desvinculación o sanción de cesantía.
Ese elemento cambia la dimensión del caso. Ya no estamos solamente ante una pregunta política sobre una designación provincial. Estamos ante una intimación formal de un organismo nacional que detecta una posible incompatibilidad en una persona que, al mismo tiempo, ocupaba lugares de fiscalización dentro de estructuras estatales de Santa Cruz.
El caso no termina en el ISPRO. Molina también figura como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Compañía de Seguros Generales de la Provincia de Santa Cruz S.A., según una publicación oficial del 7 de mayo de 2026. Esa compañía, vinculada al sistema provincial de seguros, cuenta con autoridades y fiscalizadores designados hasta la asamblea que trate los estados contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026.
Este segundo cargo agrava el cuadro institucional. Molina no aparece en una sola designación, sino en dos espacios vinculados al control y la fiscalización dentro del universo público de seguros. Y es justamente en ese marco donde surge la intimación de Vialidad Nacional por presunto pluriempleo.
La pregunta cae por su propio peso: ¿el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, sabía cuántos cargos tenía Molina antes de designarla? Si no lo sabía, falló el control previo. Si lo sabía, debe explicar por qué avanzó igual. Y si nunca lo verificó, el problema es todavía más grave: se habría designado a una persona en cargos de fiscalización sin revisar integralmente su situación laboral y administrativa.
El caso Molina aparece como nuevo, pero no surge en el vacío. Tiene un antecedente inmediato que vuelve más preocupante el cuadro: Juan Mata, exministro de Trabajo de Santa Cruz. Mata fue designado al frente de una de las carteras más sensibles del Estado provincial, con intervención directa en conflictos laborales, relaciones con sindicatos, empresas petroleras, cámaras empresarias y trabajadores.
Sin embargo, su paso por el gabinete terminó atravesado por cuestionamientos vinculados a presuntos cobros simultáneos. Según la investigación sistematizada, en el caso Mata se habrían detectado ingresos o aportes vinculados al gobierno provincial, la UOCRA y la empresa Evangelista S.A., dedicada a obras de ingeniería y servicios relacionados con el sector petrolero.
Ahí también el problema excedía lo salarial. Un ministro de Trabajo, encargado de intervenir en relaciones entre gremios, empresas y trabajadores, aparecía vinculado económicamente con actores del mismo universo sobre el cual debía ejercer autoridad. Ese es el núcleo del conflicto de intereses.
Ahora, con Molina, el área cambia, pero el fondo se repite. Ya no se trata del Ministerio de Trabajo, sino del sistema provincial de seguros. Ya no se habla solamente de presuntos cobros simultáneos, sino de una posible situación de pluriempleo detectada por Vialidad Nacional. Pero el interrogante político es el mismo: dónde estaban los controles antes de firmar las designaciones.
Vistos en conjunto, los casos Mata y Molina empiezan a dibujar algo más que dos episodios individuales. Exponen una posible matriz de desorden institucional: funcionarios o agentes ubicados en áreas sensibles, designaciones con responsabilidad pública, eventuales incompatibilidades, conflictos de intereses o acumulación de cargos, y reacciones tardías cuando la documentación ya está sobre la mesa.
En Mata, la alarma se encendió sobre el Ministerio de Trabajo. En Molina, la alarma aparece sobre el ISPRO y la Compañía de Seguros Generales. En ambos casos, el problema apunta al mismo lugar: el sistema de control político y administrativo del gobierno de Claudio Vidal.
El caso Elorrieta: cargo nuevo, cuestionamientos que persisten
Hernán Elorrieta se desempeña como secretario de Estado de Gobierno e Interior del gabinete de Vidal, cargo al que accedió siendo simultáneamente presidente del partido SER Santa Cruz. Desde algunos medios, se señala que el gobierno de Vidal "agranda la mesa y suma secretarios de Estado", mencionando a Elorrieta junto a otros ex legisladores en cargos con salarios que, según ese análisis, superan los cuatro millones de pesos.
El Gobierno debe responder preguntas concretas. No alcanza con el silencio ni con minimizar el caso. ¿Molina presentó declaración jurada de cargos antes de ser designada? ¿El Ejecutivo provincial pidió informes a Vialidad Nacional o a la UTN? ¿La Cámara de Diputados evaluó incompatibilidades antes de prestar acuerdo? ¿Los cargos en ISPRO y en la Comisión Fiscalizadora son remunerados? ¿Cuánto cobra Molina por cada función? ¿Qué respuesta dio ante la intimación de Vialidad Nacional? ¿El gobierno de Vidal abrió una revisión interna?
Son preguntas básicas y deberían tener respuestas documentadas. Porque el control público no depende solamente de cubrir cargos en un organigrama. Depende de que quienes ocupan esos cargos tengan legitimidad, independencia, compatibilidad y transparencia.
El caso también tiene una dimensión social evidente. En una provincia donde la crisis salarial, la precariedad laboral y el ajuste golpean sobre miles de trabajadores, la acumulación de cargos públicos resulta políticamente explosiva. Para una parte de la sociedad, el Estado aparece como una estructura cerrada, donde algunos nombres pueden circular por varias ventanillas al mismo tiempo mientras los santacruceños enfrentan sueldos bajos, trámites eternos y falta de respuestas.
Ese es el problema de fondo. No sólo si Molina incurrió o no en una incompatibilidad, algo que deberá determinarse con documentación completa y descargos formales. El problema es que su caso revela una pregunta más grande: cuántas designaciones se hicieron sin controles suficientes.
La intimación de Vialidad Nacional abre una puerta que el gobierno de Claudio Vidal deberá cerrar con explicaciones, no con silencios. Porque si una persona puede llegar a la sindicatura del ISPRO, integrar además una Comisión Fiscalizadora de una compañía provincial, mantener vínculos laborales con Vialidad Nacional y figurar también vinculada a la Universidad Tecnológica Nacional, entonces el problema no es sólo individual. El problema es de sistema.
El Gobierno provincial debe explicar cómo revisa antecedentes, cómo controla incompatibilidades, cómo cruza información con organismos nacionales, universidades y empresas públicas, y qué mecanismos tiene para evitar que los cargos de fiscalización terminen ocupados por personas cuya propia situación administrativa requiere ser fiscalizada.
El caso Mata ya había dejado una advertencia. El caso Molina ahora agrega documentación, fechas, cargos y una intimación concreta. La pregunta ya no es si hay un problema de transparencia. La pregunta es cuántas veces más tendrá que aparecer un documento externo para que el Estado provincial revise lo que debió haber controlado desde el primer día.
Porque la transparencia que reclama el Gobernador Claudio Vidal para otras instituciones es más que evidente que no la aplica para su propio gobierno.