Veintisiete imputados declararon ante el TOF7 que fueron "presionados" para acusar a Cristina Kirchner y Julio De Vido, mientras un testigo central se retractó y el tribunal apagó las cámaras.
El juicio oral por la Causa Cuadernos atraviesa su momento más delicado desde el inicio del debate ante el Tribunal Oral Federal 7. Lo que en 2018 fue presentado por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio como el gran expediente de corrupción contra el kirchnerismo empieza ahora a mostrar una zona mucho más incómoda: imputados que denuncian presiones, arrepentidos que relativizan o desmienten sus declaraciones y testigos que aseguran haber firmado actas sin leerlas.
La escena más fuerte se produjo el jueves 21 de mayo, cuando Julio Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante el tribunal y lanzó una frase que golpeó de lleno sobre uno de los pilares de la acusación: “Cometí un delito, firmé y ni lo leí”. Silva había sido presentado en 2018 como un testigo capaz de sostener la existencia de movimientos frecuentes de bolsos y valijas en el domicilio de la expresidenta. Ahora negó esa versión.
El cambio no es menor. Su declaración original había servido para alimentar la hipótesis de que en ese edificio se acopiaba dinero vinculado a supuestos retornos de la obra pública. Pero, en pleno juicio oral, el mismo testigo dijo que no vio lo que quedó escrito en el acta y que firmó bajo presión. La retractación sacude la estructura probatoria porque no proviene de una estrategia abstracta de la defensa, sino de una persona usada por la acusación para apuntalar una escena central del expediente.
Silva también denunció un mecanismo de intimidación. Según relató, durante el interrogatorio le repetían: “No te olvides nunca de que vos tenés dos hijas”. El testigo interpretó esa frase como una presión directa, vinculada a la situación laboral de sus hijas en el Estado. En ese marco, afirmó que terminó firmando algo que no era cierto.
La declaración se suma a un clima cada vez más espeso dentro del juicio. Según el material incorporado al debate, 27 imputados afirmaron ante el TOF7 que fueron amenazados o presionados para declarar como arrepentidos. Uno de ellos, el empresario Mario Rovella, dueño de Rovella-Carranza, sostuvo: “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”.
Ese patrón, si se consolida durante el juicio, puede comprometer seriamente la legitimidad de la instrucción. No se trata sólo de imputados que ahora buscan mejorar su situación procesal. Lo que aparece es una acusación mucho más grave: que el expediente se habría construido mediante amenazas, detenciones selectivas y una utilización del miedo para orientar declaraciones contra Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido.
La reacción del tribunal profundizó la controversia. A partir de estas revelaciones, el TOF7 dispuso que las audiencias dejarán de transmitirse por YouTube. La decisión generó rechazo porque llega justo cuando empiezan a ventilarse denuncias sobre el modo en que se produjo parte de la prueba durante la etapa de instrucción. En una causa de altísimo impacto político, apagar las cámaras no descomprime el conflicto: lo agrava.
Un grupo de abogados de empresarios acusados analiza denunciar al fiscal Carlos Stornelli por presuntas presiones sobre testigos. Además, las defensas pidieron que declaren agentes del Servicio Penitenciario, la Policía Federal y la Gendarmería que participaron en traslados durante aquella etapa. Los jueces rechazaron esos planteos por el momento y prometieron evaluarlos al final del juicio, un proceso que podría extenderse todavía uno o dos años más.
La fiscalía, actualmente a cargo de Fabiana León, respondió marcando un límite a la narrativa de las defensas. Recordó que, aunque algunos arrepentidos ahora dicen haber declarado por temor, otros 58 imputados mantuvieron sus versiones, sostuvieron sus acuerdos, no denunciaron coacción o directamente no acompañaron ese planteo. Esa posición busca preservar la consistencia del caso frente a una ofensiva que crece audiencia tras audiencia.
Sin embargo, el problema de fondo sigue abierto. Una fuente judicial señaló que Bonadio y Stornelli no grabaron las declaraciones de imputados y testigos, por lo que sólo quedaron actas escritas como registro de aquellas comparecencias. En un expediente atravesado por denuncias de aprietes, ese dato se vuelve central. Si no hay registro audiovisual o sonoro, la discusión sobre qué ocurrió realmente en esas declaraciones queda apoyada casi exclusivamente en papeles firmados bajo condiciones que hoy varios protagonistas impugnan.
La causa Cuadernos fue durante años una pieza central del dispositivo judicial y mediático contra el kirchnerismo. Ordenó discursos, tapas, acusaciones públicas y posicionamientos políticos. Pero el juicio oral empieza a mostrar que detrás de aquel expediente presentado como una maquinaria perfecta había zonas opacas que ahora salen a la superficie.
El tribunal enfrenta una tensión compleja. Por un lado, debe avanzar con un juicio de enorme volumen, con decenas de imputados y una prueba extensa. Por otro, no puede ignorar que parte de esa prueba está siendo cuestionada desde adentro por quienes participaron de la propia causa. Y si las declaraciones de arrepentidos y testigos fueron obtenidas bajo presión, el problema no es una desprolijidad administrativa: es una herida en la validez del proceso.
El cierre de las transmisiones públicas llega en el peor momento posible. Cuando una causa empieza a revisarse frente a la sociedad, la respuesta institucional debería ser más transparencia, no menos. Apagar las cámaras mientras se discuten denuncias de coacción alimenta sospechas y deja la sensación de que el juicio se vuelve más opaco justo cuando más necesita mostrar cómo trabaja.
La Causa Cuadernos entra así en una etapa que puede redefinir su destino. Ya no se discute solamente si existió un circuito de corrupción. También se discute si el Estado, a través de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, fabricó o forzó parte de la prueba para construir un relato judicial de impacto político. La diferencia es enorme: una cosa es investigar delitos; otra, producir testimonios bajo miedo.
El proceso sigue abierto y sin resolución a la vista. Pero las audiencias de mayo ya dejaron una marca difícil de borrar. Si el expediente que debía probar la corrupción termina exponiendo presiones, amenazas y actas firmadas sin lectura, entonces el juicio no sólo juzga a los acusados. También empieza a juzgar a la propia causa.