La investigación del fiscal Franco Picardi detectó una red de intermediación ilegal en compras públicas, con retornos de hasta el 20% y funcionarios nacionales bajo sospecha.
La causa por presuntos sobreprecios y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó nuevos elementos que golpean de lleno sobre el relato oficial de transparencia administrativa. La investigación del fiscal federal Franco Picardi reconstruyó una estructura de intermediación ilegal en compras públicas, donde operadores externos se habrían quedado con retornos de hasta el 20% del monto total de las operaciones.
El mecanismo, según la documentación incorporada al expediente, era tan simple como brutal: empresas proveedoras, funcionarios con capacidad de decisión e intermediarios sin cargo formal dentro del organismo habrían articulado adjudicaciones en un área especialmente sensible del Estado. No se trataba de una dependencia cualquiera. La plata bajo sospecha estaba destinada a prestaciones e insumos vinculados a personas con discapacidad.
Las principales sospechas se concentran en Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como un engranaje central del esquema. Sin integrar formalmente la planta de la ANDIS, habría funcionado como operador externo entre el organismo estatal y las firmas proveedoras. Para los investigadores, su rol no fue accesorio: habría intervenido en la articulación de adjudicaciones y en el circuito de retornos que acompañaba las operaciones.
El expediente incorpora un dato especialmente comprometedor: la fiscalía detectó una correlación directa entre licitaciones otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y registros contables vinculados al lobista. Entre las pruebas figuran comunicaciones empresariales con anotaciones explícitas de sumas millonarias, nombres de pila y fechas precisas de cobro. Esas cifras, según la investigación, equivalen de manera exacta a una quinta parte de lo facturado al Estado nacional.
La lógica del 20% revela la dimensión política y moral del caso. Mientras se recortan prestaciones, se demoran pagos y se discute cada peso destinado a sectores vulnerables, una parte del dinero público habría sido desviada mediante retornos privados. La palabra técnica puede ser sobreprecio, intermediación o administración fraudulenta. Pero el fondo es mucho más claro: fondos de discapacidad convertidos en caja.
El entramado también compromete a funcionarios que debían controlar el uso de esos recursos. En el expediente aparece un mensaje enviado por el entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, quien se refería a “sus ofrendas de esta semana” junto a un listado de diez contratistas por un total de 2.021 millones de pesos. La frase, por sí sola, ya resulta grave. Pero el cruce documental la vuelve todavía más explosiva.
De acuerdo con la investigación, ese mismo día la ANDIS emitió 16 certificados de pago a esas firmas por una suma global idéntica a la consignada en la comunicación interna. El dato no es menor: muestra una posible correspondencia entre el lenguaje informal del circuito de pagos y la documentación oficial del organismo. Allí donde debería haber trazabilidad, control y legalidad, aparece una mecánica compatible con arreglos previos y retornos calculados.
La causa deja expuesta una contradicción central del Gobierno. Mientras el discurso público insiste en la austeridad, la eficiencia y el combate contra los privilegios, la Justicia investiga si dentro de una agencia vinculada a la discapacidad funcionaba una estructura de recaudación paralela. La motosierra, en este caso, no parece haber pasado por las cajas negras. Pasó por las prestaciones, por los programas y por las personas que dependen del Estado para sostener derechos básicos.
El caso también abre una pregunta incómoda sobre el destino del gasto público. Si el Estado pagaba sobreprecios y una parte de esos montos volvía como retorno a operadores privados o funcionarios, el daño no fue solamente fiscal. Fue social. Cada peso desviado en un área como discapacidad significa menos capacidad de respuesta, menos acceso a insumos, menos cobertura y más abandono para familias que ya enfrentan una vida atravesada por trámites, demoras y necesidades urgentes.
La Fiscalía ahora evalúa los peritajes contables para avanzar con nuevas imputaciones y citaciones a indagatoria. Ese paso será decisivo para determinar responsabilidades individuales, reconstruir la ruta del dinero y establecer si el circuito de retornos fue un mecanismo aislado o una práctica sistemática dentro de la ANDIS.
El reclamo de las organizaciones sociales apunta en la misma dirección: terminar con la opacidad oficial y saber quiénes se beneficiaron con fondos destinados a personas con discapacidad. Porque detrás de cada certificado de pago, cada remito y cada mensaje cruzado hay una discusión mucho más profunda que una causa penal. Hay un Estado que ajusta hacia abajo y, al mismo tiempo, habría permitido que se lucrara con los sectores más vulnerables.
La causa ANDIS ya no puede leerse como un expediente administrativo ni como una irregularidad menor. Es una radiografía de cómo se puede vaciar una política pública desde adentro: primero se la desfinancia en nombre del orden fiscal, después se la administra con intermediarios, y finalmente se descubre que parte de la plata que debía llegar a quienes más la necesitaban terminó atrapada en un circuito de retornos. En esa secuencia, la discapacidad no fue prioridad. Fue negocio.