Nazarena Menem, de 26 años y con un único empleo en la Auditoría General de la Nación, accedió a un crédito de casi 237 millones. Su primo Sharif, community manager de Martín Menem, ya había tomado 357 millones. Ambos a tasa preferencial.
El escándalo de los préstamos preferenciales del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. Nazarena Menem, de 26 años, con experiencia laboral exclusivamente en la Auditoría General de la Nación y un salario que no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales, accedió a un crédito hipotecario de 236.918 millones de pesos otorgado por la entidad en agosto de 2025. Sumado al préstamo de 357 millones que obtuvo Sharif Menem meses antes, la familia acumuló en menos de seis meses financiamiento por casi 600 millones de pesos a tasa preferencial.
La pregunta que nadie en el Gobierno responde con precisión es la misma que se hacen los jueces, los diputados opositores y los especialistas en banca pública: ¿cómo calificaron?
Una familia con suerte en las ventanillas del BNA
Sharif Menem, de 24 años, ingresó al mercado laboral formal de la mano de su tío Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Su primer —y hasta ahora único— empleo registrado es en esa misma Cámara, donde ocupa un cargo transitorio con un sueldo estimado en 2,5 millones de pesos. Con ese perfil, obtuvo un crédito hipotecario de 357 millones. "Es un niño con un sueldo de dos millones y medio de pesos. No conozco ningún joven de esa edad que califique para eso", señaló la diputada Mónica Frade, quien presentó una denuncia judicial que ya tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti.
El caso de Nazarena no difiere demasiado. La joven habría ingresado a la Auditoría General de la Nación hace menos de cuatro años, sin experiencia previa, y accedió a una planta permanente como auxiliar administrativa. Su remuneración mensual no superaría los 2,5 millones de pesos. Aun cuando se contemplen codeudores en la operación —un mecanismo habitual para ampliar la capacidad de repago—, el acceso a un crédito de casi 237 millones resulta difícil de explicar con ese nivel de ingresos bajo los criterios estándar de evaluación crediticia.
Frade incorporará el caso de Nazarena Menem a su denuncia en una ampliación prevista para las próximas horas.
La defensa del BNA y sus contradicciones
Darío Wasserman, presidente del Banco Nación y esposo de Pilar Ramírez —mano derecha de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires—, salió a desactivar la polémica con un argumento que no convenció a nadie con conocimiento del sistema: aseguró que "no hubo irregularidades ni tratos preferenciales" y que todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos de "evaluación crediticia y el scoring habitual".
El problema es que los números no acompañan esa explicación. De 27.000 créditos hipotecarios otorgados durante los dos años de gestión de Milei, 11.200 tienen como destinatarios a funcionarios del espacio libertario. Según estimaciones, el 10% de los préstamos fue a parar a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, con un promedio de 101 millones de pesos por crédito. Si el scoring fue el mismo para todos, el universo de beneficiados debería reflejar una distribución mucho más amplia de la sociedad. No es lo que muestran los datos.
"Antes de conocer los detalles de cada caso y el respectivo expediente, ya estamos frente a claras violaciones a la norma. De acuerdo con la Ley de Ética Pública, ninguna fuerza que gobierne y conduzca el banco les puede dar créditos a funcionarios propios; hay conflictos de intereses evidentes", explicó Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación. Y fue más lejos: "La línea de créditos hipotecarios es para facilitar el acceso a quienes lo necesitan. Hay una clara malversación de objetivos en muchos de los casos de público conocimiento."
Los casos más graves: el equipo económico en el centro de la escena
Si el clan Menem representa el costado más simbólico del escándalo —por el apellido, por la edad, por los montos—, el núcleo más comprometido desde el punto de vista institucional está en el equipo económico del Gobierno. Entre Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Felipe Núñez acumularon préstamos por 1.000 millones de pesos.
Furiase, secretario de Finanzas, recibió 367 millones. La diputada Frade incorporó a la causa que habría utilizado ese dinero para adquirir una tercera vivienda, cuando la línea crediticia en cuestión está diseñada para segundas propiedades. El expediente además reveló un detalle que agudiza las sospechas: la solicitud fue realizada el 24 de julio y la escritura se concretó a mediados de agosto, en apenas unas semanas. Un proceso que en condiciones normales demora alrededor de seis meses.
Lo que complica aún más la situación de Furiase es su doble rol: en 2025 se desempeña como director del Banco Central, es decir, participa de las decisiones que fijan las tasas de financiamiento que rigen para el propio Banco Nación. Acceder a un crédito del BNA en ese contexto configura, según la lectura de varios especialistas, un conflicto de intereses de manual. "No solo tenía información privilegiada, sino que participaba de las decisiones", afirmó Frade.
Inchauspe, también miembro del Central, tomó 510 millones. Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, 373 millones. Este último intentó salir del paso con una frase que resume con involuntaria precisión la cosmovisión del espacio: "No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino." El mismo Núñez que tiempo atrás caracterizaba al Banco Nación como "una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente."
El Ministerio de Economía aporta nombres adicionales: Felipe Beron, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de extrema confianza de Caputo, con 362 millones; Juan Manuel Garzón, subsecretario de Programación Microeconómica, con 180 millones; Javier Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, con 242 millones; y Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, con 197 millones. Entre estos cuatro suman más de 980 millones de pesos.
El caso de Villaverde, en tanto, tiene una particularidad adicional: habría recibido el crédito en el Banco Nación luego de que una sucursal de Río Negro le rechazara la solicitud por no cumplir los requisitos. Si eso se confirma, la hipótesis de una ventanilla VIP para el oficialismo deja de ser una conjetura para convertirse en el centro del expediente judicial.
El Congreso pide información y el Gobierno hace esperar
El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Banco Central y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio de los otorgamientos y determinar si existió discrecionalidad en la selección de beneficiarios. El Gobierno aún no respondió. "Esperamos conocer en detalle las condiciones de los créditos. Las revelaciones sobre modificaciones en los criterios de otorgamiento sugieren que sí hubo diferencias. Queremos ver si hay un patrón y avanzar en una denuncia judicial", anticipó el legislador.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene que no tiene "nada que temer" ante una revisión exhaustiva de los casos. Una postura difícil de sostener cuando los expedientes judiciales se van engrosando semana a semana, los pedidos de información se multiplican y la lista de beneficiados sigue creciendo.
¿A cuántos más habrá que sumar antes de que alguien en el oficialismo admita que esto no fue el scoring de siempre?
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