Las operaciones con el Banco Nación generan sospechas sobre el uso de recursos públicos. Los registros revelan préstamos de hasta 475 millones de pesos a integrantes del Gobierno de Javier Milei.
Una serie de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y figuras vinculadas al oficialismo generó controversia y abrió interrogantes sobre el uso de recursos públicos en un contexto de restricciones económicas para amplios sectores de la sociedad.
De acuerdo a registros del sistema financiero y listados de deudores de la banca pública, distintos integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso accedieron a préstamos de gran magnitud, en algunos casos superiores a los 400 millones de pesos, destinados a la adquisición o ampliación de viviendas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas residenciales privadas.
Uno de los casos más relevantes es el de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien obtuvo un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025. En la misma línea aparece el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo de 367 millones de pesos otorgado por el Banco Nación, al que se suma otro financiamiento de 100 millones proveniente del Banco Ciudad.
La lista de beneficiarios también incluye a figuras del ámbito político y comunicacional vinculadas al oficialismo. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia, con un crédito de 112 millones de pesos; el diputado Mariano Campero, con 322 millones; Santiago Santurio, con 340 millones; Alejandro Bongiovanni, con 255 millones; y la legisladora Lorena Villaverde, con 225 millones de pesos.
Las operaciones fueron otorgadas durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación y, según consta en los registros, se encuadran dentro de líneas de crédito destinadas a vivienda. Desde los ámbitos oficiales sostienen que los préstamos cumplen con los requisitos de solvencia exigidos y que forman parte de operaciones regulares dentro del sistema financiero.
Sin embargo, el volumen de los montos y la condición de los beneficiarios encendieron el debate sobre posibles conflictos de interés, en particular por tratarse de funcionarios que forman parte de la estructura estatal que regula o supervisa estas entidades.
El tema comenzó a ser observado en ámbitos judiciales y técnicos, donde se analiza la recurrencia de este tipo de operaciones y su impacto en términos de transparencia. En este contexto, las declaraciones juradas patrimoniales y la trazabilidad de los créditos aparecen como elementos centrales para evaluar la legalidad de los procedimientos.
La discusión también tiene un componente político, en tanto contrasta con el discurso oficial que cuestiona el rol del Estado en la economía, mientras algunos de sus referentes acceden a financiamiento a través de la banca pública.
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