Con apoyo radical y aliados provinciales el gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en el Senado la reforma laboral. Se trata del cuarto proyecto que el Gobierno logra sancionar en la semana en la Cámara alta.
La expectativa opositora ahora se traslada al terreno judicial. Desde las bancas peronistas anticiparon que buscarán paralizar la reglamentación de la norma, en línea con la movilización que la CGT anunció hacia Tribunales. Las principales críticas se concentraron en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificaron como un “subsidio al despido” financiado por el Estado en favor de las empresas.
El FAL establece un esquema integrado por contribuciones patronales destinadas a una cuenta de inversión para cubrir indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar un 1% —ampliable al 1,5%— y las pymes un 2,5%, con posibilidad de llegar al 3%. Si el fondo no alcanza, el empleador deberá cubrir la diferencia. Para el oficialismo, el sistema otorga previsibilidad; para la oposición, desnaturaliza la lógica indemnizatoria.
Otro de los ejes centrales es la implementación del banco de horas, que reemplaza el pago tradicional de horas extras por un sistema de compensación de jornadas extensas con descansos posteriores. El texto mantiene descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.
La reforma también habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos no inferiores a siete días y dispone que, al menos cada tres años, el receso coincida con el verano en casos de rotación. En materia de servicios esenciales, amplía la nómina obligada a garantizar al menos un 75% de funcionamiento durante conflictos, incluyendo telecomunicaciones, salud, recolección de residuos, aeronáutica comercial, educación no universitaria y servicios aduaneros y migratorios.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la ultraactividad, es decir, el mecanismo que permitía que un convenio colectivo siguiera vigente hasta la firma de uno nuevo. Además, se dispone el fin de estatutos específicos —como el del periodista o el viajante de comercio— a partir de 2027.
El proyecto incorpora incentivos para el blanqueo laboral durante cuatro años, con beneficios impositivos para empleadores que contraten desempleados o regularicen personal no registrado. También regula la actividad de trabajadores de plataformas digitales, estableciendo la obligatoriedad de contar con seguro de salud bajo un esquema de libre acuerdo, sin que ello implique relación de dependencia.
En paralelo, se introducen restricciones a las asambleas sindicales, que no podrán afectar el normal desarrollo de la actividad empresaria y deberán contar con autorización previa, además de no generar devengamiento salarial durante su realización.
La sesión tuvo momentos de tensión institucional. La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un cruce con la senadora libertaria Nadia Márquez por la presencia del diputado oficialista Guillermo Montenegro en el recinto. También hubo desacuerdos sobre la modalidad de votación entre el dictamen anterior y el texto final, aunque finalmente se resolvió aprobar la iniciativa en general.
Desde la oposición justicialista, la senadora riojana Florencia López advirtió que el proyecto “rompe el sistema de leyes laborales que equilibraban una desigualdad natural en las relaciones laborales”. El oficialismo, defendió la reforma como una modernización necesaria para dinamizar el empleo formal y reducir la litigiosidad .
Con la ley ya sancionada, el Gobierno avanza en uno de los pilares de su programa económico. La disputa, sin embargo, promete trasladarse a los tribunales y al terreno sindical, donde la discusión recién comienza.
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