Con 44 votos afirmativos, el Senado sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por Javier Milei en medio de protestas y fuertes cruces con la oposición.
En el último día de las sesiones extraordinarias, el oficialismo logró sancionar una de las reformas más sensibles de la agenda del presidente Javier Milei: el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación terminó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la de la cordobesa Alejandra Vigo.
La jornada estuvo atravesada por protestas en las inmediaciones del Congreso, donde gremios, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda se movilizaron en rechazo a la iniciativa. En ese contexto, el oficialismo postergó el tratamiento de la reforma laboral y concentró su estrategia en asegurar la aprobación del proyecto penal, que ya contaba con aval del Senado.
La ley establece una escala de sanciones que van desde medidas socioeducativas para delitos menores hasta penas de prisión de hasta 15 años para casos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. También prevé alternativas para delitos con penas menores a diez años, como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño.
La defensa más enfática del proyecto estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien reivindicó la consigna oficialista “el que las hace, las paga” y aseguró que la norma “está del lado del ciudadano”. Con familiares de víctimas presentes en los palcos, pidió un minuto de silencio y sostuvo que la prisión será el último recurso, reservado para hechos gravísimos.
En la misma línea se expresó el senador Juan Carlos Pagotto, quien cuestionó que la legislación vigente data de la última dictadura y fue firmada por Jorge Rafael Videla. Para el oficialismo, la reforma actualiza un esquema que consideran obsoleto y establece reglas claras frente a delitos cometidos por menores.
Desde la oposición, el rechazo se centró en dos ejes: el enfoque punitivo y la asignación presupuestaria. El proyecto prevé una partida de más de 23.700 millones de pesos, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación para su implementación en las provincias que adhieran. Legisladores de la oposición advirtieron que, dividido entre los 24 distritos, el monto es insuficiente para crear infraestructura adecuada .
La senadora santacruceña, Alicia Kirchner, cuestionó que la iniciativa no contemple con claridad el abordaje de salud mental y adicciones, y planteó dudas sobre la distribución efectiva de los recursos. También remarcó que actualmente existen 56 lugares de encierro para menores en conflicto con la ley, lo que evidencia limitaciones estructurales.
Por su parte, el rionegrino Martín Soria lanzó críticas directas contra Bullrich y advirtió que el texto no especifica medidas preventivas suficientes para los menores no punibles. A su entender, equiparar el tratamiento penal al de adultos puede agravar el problema en lugar de resolverlo.
El oficialismo consiguió el respaldo de bloques aliados, incluidos sectores del radicalismo, el PRO y el interbloque dialoguista “Impulso País”, además de la tucumana Sandra Mendoza. El peronismo votó en contra de manera mayoritaria.
La ley ya fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Con su aprobación, el Gobierno consolida una de las reformas más simbólicas de su agenda en materia de seguridad, mientras la oposición anticipa que el debate continuará en el plano judicial y en la discusión pública sobre el alcance real de la medida.
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