La Libertad Avanza impulsa una reforma para acotar prohibiciones y reforzar la autonomía provincial, pero el peronismo y la Coalición Cívica anticipan rechazo.
El Senado debatirá el jueves la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, en una sesión que promete fuertes cruces y una nueva reacción de organizaciones ambientalistas. El Gobierno apunta a redefinir el alcance de la protección del ambiente periglacial con la intención de atraer proyectos vinculados a la megaminería y a la actividad hidrocarburífera.
En la Cámara alta, el bloque de La Libertad Avanza intentará modificar artículos centrales que hoy resguardan la función hídrica de glaciares y cuencas. La modificación busca otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales y restringir la protección estricta únicamente a aquellos glaciares que cumplan una función hídrica “efectiva y estratégica”. Desde el oficialismo afirman que la normativa vigente genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones” y que es necesario dar previsibilidad para compatibilizar desarrollo económico y control ambiental.
En esa línea, el proyecto refuerza el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales en manos de las provincias, derecho consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional luego de la reforma del año 194. Para distritos con potencial explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy, la modificación representa una oportunidad para impulsar iniciativas productivas que hoy encuentran límites en las áreas protegidas.
El rechazo opositor se centra en la posible eliminación de prohibiciones que impiden actividades capaces de afectar la condición natural de los glaciares y del ambiente periglacial, que incluye suelos congelados y zonas que regulan el ciclo del agua. Los bloques justicialistas sostienen que flexibilizar esas restricciones podría comprometer reservas de agua potable consideradas estratégicas para el consumo humano y el riego.
Mientras el oficialismo defiende la habilitación de proyectos mineros e hidrocarburíferos bajo nuevos parámetros técnicos, el bloque peronista insiste en que el objetivo central de la ley es preservar el agua dulce. La controversia, no se agota en la lógica oficialismo-oposición. Desde el año pasado, cuando se anticipó que la iniciativa podría tratarse en extraordinarias, trascendió que senadores peronistas de provincias mineras enfrentan presiones internas entre el respaldo al desarrollo productivo y la defensa ambiental.
El presidente del bloque justicialista en el Senado, José Mayans, mantiene una postura crítica y alineada con sectores que priorizan la protección de los recursos hídricos. En la misma sintonía, la Coalición Cívica rechaza a cualquier modificación que implique retrocesos en la normativa vigente.
Del otro lado, legisladores que acompañan la reforma aseguran que no se eliminarán auditorías ni controles, sino que se aportarán “certezas técnicas” para evitar interpretaciones amplias que, según argumentan, frenan inversiones.
En paralelo, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto alternativo para fortalecer el régimen actual. La iniciativa propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial, reafirmar el carácter estratégico del agua proveniente de estas formaciones y priorizar su preservación para consumo humano y riego por encima de cualquier interés económico.
El contraproyecto también impulsa la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas, y define la protección de estos ecosistemas como una cuestión de soberanía y de derechos de las poblaciones que dependen de esas cuencas, en un escenario atravesado por el cambio climático.
Con posiciones enfrentadas, presiones provinciales y un trasfondo económico que atraviesa el debate, la votación en el Senado se perfila como uno de los puntos más sensibles de la agenda legislativa.
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