La conducción de la UNPA y los gremios docentes y nodocentes ratificaron el pedido de recomposición salarial y rechazaron cambios en la Ley de Financiamiento.
La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Roxana Puebla, encabezó una reunión con representantes de los gremios universitarios ADIUNPA y ATUNPA para analizar la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales ante la falta de implementación de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria por parte del Gobierno Nacional.
El encuentro fue solicitado por las organizaciones sindicales y contó con la participación de la secretaria general de ADIUNPA, Karina Dodman, y el secretario general de ATUNPA, Fernando Cortés. Durante la reunión se evaluó el impacto que la actual coyuntura genera en el funcionamiento del sistema universitario público, tanto en el plano institucional como en las condiciones laborales del personal docente y nodocente.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada y ratificada en tres oportunidades por el Congreso de la Nación, incluso tras superar vetos impulsados por el Poder Ejecutivo. Además, la Justicia determinó la obligatoriedad de su aplicación. Sin embargo, el Gobierno Nacional apeló el fallo, lo que mantiene la norma sin implementación efectiva.
Desde la Universidad señalaron que el presupuesto vigente no asegura el desarrollo normal de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. En ese marco, proyectan un año complejo para el sistema universitario. A la restricción presupuestaria se suma una situación salarial calificada como crítica, que afecta a trabajadores y trabajadoras de todos los claustros.
Como resultado del encuentro, se acordó ratificar el reclamo por la plena aplicación de la Ley Nº 27.795 y avanzar en la recomposición salarial del personal docente y nodocente. Las partes destacaron que la normativa constituye una herramienta fundamental para garantizar el sostenimiento presupuestario de las universidades nacionales.
Asimismo, manifestaron su rechazo a cualquier proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento presentado en el Congreso que implique retrocesos en los mecanismos de actualización y asignación de recursos, así como en las garantías vinculadas al financiamiento universitario, las becas estudiantiles, la recomposición salarial y la actualización de los gastos de funcionamiento.
En esa línea, la solicitud al Poder Ejecutivo Nacional para que aplique de manera plena e inmediata la Ley Nº 27.795, convoque a paritarias y abone las sumas adeudadas al personal docente y nodocente al 31 de enero de 2026 continuará formando parte de la agenda gremial e institucional. Para las autoridades y sindicatos, se trata de una condición indispensable para resguardar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad en todo el país.
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