Mientras Santa Cruz ajusta, el Ejecutivo apunta al Poder Judicial. Pero los aumentos ya estaban firmados, comunicados y presupuestados desde hace meses.
El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y el Poder Judicial ha escalado en las últimas semanas al centro del debate público. Entre declaraciones altisonantes, tapas de diarios alineadas y un clima de indignación mediática cuidadosamente agitado, el oficialismo provincial encabezado por Claudio Vidal intenta instalar la imagen de una casta judicial insensible que, en pleno ajuste, se autoasigna aumentos millonarios.
Pero hay un problema: los datos no cierran con el relato.
Todo estaba previsto
Una revisión exhaustiva de las actas paritarias, resoluciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y documentos presupuestarios permite afirmar sin rodeos que el esquema salarial judicial no es nuevo, ni sorpresivo, ni secreto. Fue acordado con el gremio “3 de Julio” en marzo y septiembre de 2025, comunicado formalmente a todos los organismos de control —Ministerio de Economía, Tribunal de Cuentas, Caja de Previsión Social— e incorporado al Anteproyecto de Presupuesto 2026.
El propio Ejecutivo provincial contaba con esos datos desde hace meses. No hay margen para la sorpresa. Lo que sí hay es una estrategia.
La función política del escándalo
Santa Cruz atraviesa un momento complejo: alta conflictividad social, reclamos salariales sin resolución, déficit estructural y una gestión que, tras más de un año en funciones, aún no encuentra anclaje en la realidad económica ni social. En ese escenario, el señalamiento a la Justicia cumple una función política clara: construir un enemigo útil para justificar el ajuste y disimular la falta de respuestas.
El mensaje implícito es directo: “Mientras todos hacemos sacrificios, hay un poder que se niega a ceder”. Lo que no se dice es que ese poder ya tenía acordado su esquema, y que las partidas estaban contempladas por el mismo gobierno que ahora agita el escándalo.
Medios y relato oficial
Otro capítulo de esta construcción discursiva es el rol que jugaron los medios provinciales, en su mayoría sin independencia editorial real, que replicaron la versión oficial sin explicar el origen del conflicto. No se mencionaron las actas firmadas, ni las resoluciones de 2025, ni la inclusión en el presupuesto 2026. El recorte informativo fue funcional a la narrativa del “poder privilegiado”.
De este modo, el “conflicto” no es más que una puesta en escena bien calculada, donde la verdad se diluye en la espuma del escándalo mediático.
¿Un montaje para justificar el ajuste?
La hipótesis más incómoda —pero cada vez más plausible— es que el Ejecutivo usó el tema judicial como excusa para endurecer su posición frente a los sectores más golpeados: docentes, personal de salud, empleados públicos, jubilados. El razonamiento no es nuevo: se instala un culpable para correr el foco y ganar margen político.
Pero si todo estaba firmado, comunicado y presupuestado, ¿dónde está el conflicto real? ¿Es razonable hablar de “indignación oficial” cuando el propio Estado validó ese esquema durante meses?
La pregunta que Vidal no responde
Este no es un debate sobre si los jueces ganan mucho o poco. Es un debate sobre honestidad institucional, transparencia y relato.
Porque si el gobernador sabía —y todo indica que sabía—, entonces estamos ante una maniobra política, no ante un problema presupuestario. Y cuando la política se transforma en teatro, el riesgo es que los verdaderos problemas sigan sin solución, ocultos entre titulares, denuncias montadas y enemigos funcionales.
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