El Municipio de Río Gallegos repudió los dichos de Milei contra Ian Moche, un adolescente con autismo. Reclaman que se declare la Emergencia en Discapacidad ante el vaciamiento de prestaciones esenciales.
Javier Milei no se equivocó. No fue un exabrupto. No fue ironía mal entendida. Fue violencia institucional explícita. El Presidente de la Nación, en pleno uso de su cuenta oficial, eligió atacar a Ian Moche, un adolescente de 12 años con autismo que desde hace años se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
Con la imagen de Ian en mano, el jefe de Estado escribió: “Está del lado del mal”, utilizando su figura para atacar a un periodista. En un país donde el bullying mata, donde las terapias se cortan y donde los tratamientos dependen de fondos desfinanciados, las palabras del Presidente no son solo repudiables: son peligrosas.
Desde el Departamento de Políticas para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Río Gallegos no dudaron. Emitieron un comunicado categórico que desnuda la dimensión del agravio: “La violencia institucional ejercida por el propio mandatario (…) es inaceptable en un Estado de derecho”, señalaron. Y agregaron: “Sus expresiones habilitan una ola de ataques y estigmatización hacia uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
La reacción no es aislada. En todo el país, colectivos, asociaciones, familias y profesionales exigen lo obvio: respeto y financiamiento. Pero también piden algo aún más básico: que no los agredan. Que no los utilicen. Que no se humille desde la cima del poder a quienes todos los días luchan por inclusión, dignidad y derechos.
Emergencia en Discapacidad: el reclamo que Milei ignora
El trasfondo es todavía más grave. Las declaraciones del Presidente se dan en un contexto de colapso total del sistema de atención a personas con discapacidad. Las prestaciones esenciales —hogares permanentes, centros de día, terapias, formación, docentes de apoyo— están en riesgo por la desactualización de aranceles y la asfixia económica de prestadores.
La Ley 24.901, que garantiza estos derechos, hoy está vaciada. El último aumento autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud fue del 0,5 % en diciembre de 2024. Una cifra absurda frente a una inflación acumulada que supera ampliamente el 200 % en el mismo período. Mientras tanto, los establecimientos se endeudan, los profesionales abandonan la atención por obras sociales, y miles de personas pierden el acceso a tratamientos que no pueden esperar.
Por eso, desde el área municipal exigen que se declare de manera urgente la Emergencia en Discapacidad en Argentina. No se trata de una declaración simbólica: es una medida que permitiría priorizar recursos, garantizar continuidad de prestaciones, actualizar aranceles y blindar derechos frente al ajuste brutal que atraviesa el sector.
La pregunta que queda flotando es tan cruda como inevitable: ¿qué nivel de violencia institucional estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué dice de un país que su presidente se burle o ataque a un niño con autismo?
La sociedad ya contestó hace diez años con un grito: Ni una menos. Hoy, frente al odio, frente al ajuste, frente al desprecio institucional, la consigna es otra, igual de urgente: Ni una persona con discapacidad menos. Ni un derecho menos. Nunca más el silencio.
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