Milei eliminó el fondo de $200.000 millones que estaban destinados a la reconstrucción de Bahía Blanca luego las inundaciones que dejaron 16 muertos.
Con el Decreto 424, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, el gobierno nacional dio marcha atrás con la Ley 27.790 que declaraba la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, dejando sin efecto un fondo especial de $200.000 millones para la asistencia y reconstrucción.
La norma había sido aprobada el 4 de junio, con media sanción y amplio apoyo en ambas cámaras; sin embargo, el Ejecutivo alegó que esos $200.000 millones ya habían sido enviados en abril mediante el decreto 238/25, y que la ley carecía de especificación de financiamiento. También argumentaron que la oposición avanzaba con una "duplicación" de recursos.
Pero la reacción no tardó. La oposición tildó al veto como “desalmado y cruel”, y anticiparon que volverán a insistir en el Congreso con la media sanción alcanzada. Legisladores radicales y peronistas sostienen que la ley “tiene mayor jerarquía constitucional” y contempla apoyos estructurales que el decreto ejecutivo no cubre.
Desde la Provincia, el PJ bonaerense apuntó que el Gobierno es “fuerte con los débiles, débil con los poderosos”.
Susbielles: “Bahía tiene derecho a renacer”
El intendente Federico Susbielles expuso la gravedad de la situación: 16 muertes, daños que superan los \$400.000 millones y una ciudad partida al medio. “La reconstrucción real todavía no empezó”, afirmó desde el Palacio Municipal, reclamando “gestión y presupuesto” y anunciando que insistirá directamente con Milei para avanzar.
Además, el municipio ya destinó más de $1.800 millones en asistencia local —comercios, emprendedores, asociaciones civiles y clubes—, sin contar las partidas canceladas por el veto.
¿Duplicación de fondos o negligencia política?
El Ejecutivo insistió en que ya transfirió $200.000 millones “en abril” para asistencia directa, más $10.000 millones al municipio, envíos logísticos, créditos blandos y personal de fuerzas federales que rescataron a 716 personas.
Pero ese argumento no cierra. En primer lugar, no liquida la necesidad de fondos estructurales para reconstruir puentes, sistemas hidráulicos y mercados. En segundo lugar, no tiene en cuenta que la ley aprobada no solo contemplaba ayuda inmediata, sino una moratoria de impuestos, créditos blandos para PYMEs y reactivación económica local.
Voceros del gobierno calificaron a la oposición de “hacer política con la tragedia”, pero no respondieron por qué la ley, ya consensuada, es rechazada ni por qué prefieren manejar los fondos bajo discreción del Ejecutivo.
Cruce de narrativas: solidaridad vs. austeridad?
En redes, la senadora Di Tullio ironizó: “Decime que sos un gobierno desalmado y cruel sin decirme que sos un gobierno desalmado y cruel” . El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, alertó que se otorgaron $140.000 millones en créditos, y se destacaron los $273.000 millones enviados desde la Provincia .
En cambio, el vocero presidencial Adorni sostuvo que la oposición “duplicaba fondos” ya enviados, y calificó al proyecto de ley como una maniobra política. Vaya contraste: recursos reales y urgentes frente a un poder que decide no legislar sobre los plazos que tiene en sus manos.
El veto como acto político, no administrativo
Este veto no es un mero acto técnico. Se trata de una jugada política con costo real. Al vetar una ley con respaldo parlamentario mayoritario, el oficialismo desactiva una herramienta institucional que hubiera otorgado claridad, transparencia y previsibilidad a un plan de reconstrucción postcatástrofe.
Bahía Blanca no pide gestos ni discursos. Exige inversiones tangibles y un plan hidráulico que evite futuras tragedias. El veto deja un tendal: familias sin apoyo, comercios con deudas, puentes rotos y vecinos sin respuestas legales claras. Mientras tanto, la reconstrucción pasa a estar sujeta a decisiones unilaterales del Ejecutivo.
La oposición dijo que insistirá en el Congreso: tiene razón. No se trata solo de fondos: es una cuestión de principios democráticos. Vetar una ley consensuada que busca defender a los damnificados es una señal clara del modelo de país que Milei abraza: austeridad para los ciudadanos, plena discrecionalidad para el poder.
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