La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para rechazar el polémico DNU 846/2024, que otorga amplias facultades al ministro de Economía, Luis Caputo, para realizar canjes de deuda externa, fracasó por falta de quorum.
A pesar del esfuerzo de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, no lograron reunir los 129 legisladores necesarios para iniciar el debate.
El decreto, que habilita al ministro a renegociar deuda en moneda extranjera sin el aval del Congreso, se enmarca en una estrategia financiera clave para el Gobierno. Sin embargo, genera fuertes tensiones políticas y cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
La sesión y el fracaso del quorum
El intento de debate llegó a contar con 120 legisladores presentes en el recinto, quedando a solo 9 bancas del número necesario. La situación se volvió irreversible cuando Martín Menem, presidente de la Cámara, dio por terminada la sesión ante la ausencia de legisladores del Pro y la UCR, que decidieron no bajar al recinto tras recibir órdenes de sus gobernadores.
La falta de quorum no sorprendió del todo. Según trascendió, la Casa Rosada estaría analizando convocar sesiones extraordinarias para incluir en el temario el tratamiento del Presupuesto 2025. Esta posibilidad influyó en los gobernadores dialoguistas, quienes optaron por no tensar aún más la relación con el Ejecutivo Nacional.
¿Qué implica el DNU 846/2024?
El decreto firmado por el presidente le otorga a Caputo la facultad de renegociar deuda en moneda extranjera bajo condiciones de mercado sin necesidad de pasar por el Congreso, ni cumplir con los estrictos requisitos de la Ley de Administración Financiera. Según expertos, esto podría permitir al Estado mejorar plazos y reducir intereses, pero también abre la puerta a toma de más deuda y sin controles legislativos.
Desde los bloques opositores que impulsaron la sesión, señalaron que este decreto constituye un “avance inconstitucional” al omitir la necesaria intervención del Congreso en decisiones clave sobre la deuda pública. Sin embargo, la postura firme de los gobernadores aliados impidió cualquier posibilidad de revertir la medida.
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