En medio de la creciente polémica sobre el futuro de la universidad pública en Argentina, el presidente Javier Milei encendió el debate al afirmar que estas instituciones "solo sirven a los hijos de la clase alta y media alta", lo que ha generado una fuerte reacción tanto en el ámbito académico como en el político.
Según Milei, la gratuidad de la universidad es un "subsidio de los pobres a los ricos", justificando así el desfinanciamiento previsto en el Presupuesto 2025. Sin embargo, los números desmienten esta visión, y muestran que la mayoría de los estudiantes provienen de familias de bajos ingresos, y que 68% son la primera generación universitaria en sus familias.
Ataques ideológicos y contradicciones
El discurso presidencial ha variado en sus argumentos: primero se dijo que no había dinero para las universidades, luego se cuestionó su eficiencia y se sugirió que no querían ser auditadas, para finalmente atacar el perfil socioeconómico de sus estudiantes. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que dos de cada tres estudiantes provienen de los deciles más bajos de ingresos, desafiando la narrativa de que la universidad pública solo favorece a los ricos.
En provincias como Santiago del Estero, Jujuy y Salta, más del 75% de los estudiantes universitarios pertenecen a familias de bajos ingresos. En el caso de Santiago del Estero, esta cifra llega al 90%. Estas estadísticas contradicen el discurso del Gobierno y refuerzan la importancia de la universidad pública para la movilidad social.
Recortes y desfinanciación en el Presupuesto 2025
El Presupuesto 2025 propuesto por el Gobierno refleja un claro recorte en la inversión educativa. A pesar de que las universidades públicas son fundamentales para garantizar el acceso a la educación superior de los sectores más vulnerables, el presupuesto asignado para infraestructura, innovación y calidad educativa ha sido drásticamente reducido. Según el investigador Rodrigo Quiroga, hasta el momento solo se ha ejecutado un 10% del presupuesto para infraestructura educativa, y en 2025 no habrá partidas asignadas para programas esenciales como Conectar Igualdad o Fortalecimiento Territorial.
Además, el discurso del presidente ha generado temores sobre un posible arancelamiento de las universidades públicas. Aunque esto fue negado durante la campaña electoral, figuras cercanas al gobierno, como el empresario Antonio Aracre, han comenzado a proponer esta posibilidad bajo el argumento de que las universidades son "ineficientes" y deben ser financiadas por quienes pueden pagarlas, mientras que se propone un sistema de becas para los más pobres.
El rol de la universidad pública en la sociedad
La universidad pública no solo es un espacio de formación académica, sino también un centro donde se realiza la mayoría de la ciencia y la investigación en Argentina, y un vehículo clave para la extensión y transferencia tecnológica. Desfinanciarla no solo afecta a los estudiantes, sino también al desarrollo científico del país.
En cuanto a la acusación de que las universidades no producen suficientes egresados, Quiroga explicó que "las universidades no son fábricas de egresados", sino que cumplen un rol mucho más amplio. Además, las estadísticas muestran que los graduados universitarios tienen tasas de desocupación muy bajas (2%), en comparación con aquellos que no completaron el secundario (6%).
La opinión pública respalda a la universidad pública
A pesar de los intentos del Gobierno de instalar una narrativa crítica hacia las universidades públicas, una encuesta de Zuban Córdoba reveló que el 80,7% de la población considera que la universidad pública es clave para la movilidad social. Incluso, entre los propios votantes de Milei, el 64,7% coincide con esta afirmación, lo que sugiere que las críticas presidenciales no encuentran eco ni siquiera entre su base electoral.
Conclusión
El ataque del gobierno de Javier Milei a las universidades públicas parece tener un fuerte componente ideológico, más que una justificación económica. Los datos demuestran que la universidad pública es un vehículo de inclusión y movilidad social, crucial para que miles de argentinos, muchos de ellos de familias humildes, accedan a una educación de calidad. En lugar de fortalecer estas instituciones, el Presupuesto 2025 plantea una clara desfinanciación, poniendo en riesgo no solo el acceso a la educación superior, sino también el desarrollo científico y tecnológico del país.
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