La Libertad Avanza debió retirar del debate inmediato el capítulo que ampliaba la extranjerización de tierras rurales. No fue una revisión voluntaria ni una súbita preocupación por la soberanía: fue el resultado de una derrota política anticipada.
El oficialismo comprobó que no tenía los votos necesarios en el Senado para elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales en manos extranjeras. Frente a la posibilidad de perder en el recinto, Patricia Bullrich reunió a los bloques aliados y aceptó postergar el tramo más polémico del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
El Gobierno habla de postergación y evita utilizar la palabra eliminación. La diferencia importa. El capítulo no fue abandonado definitivamente: quedó reservado para una futura negociación, con la intención declarada de conseguir una redacción capaz de reunir más apoyos.
La marcha atrás demuestra que la resistencia social y política logró ponerle un límite al programa de Javier Milei y Federico Sturzenegger. Durante semanas, el oficialismo presentó la flexibilización de la Ley de Tierras como una modernización necesaria para atraer inversiones. Al momento de contar los votos, incluso varios gobernadores cercanos decidieron no acompañarla.
Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa instruyeron a sus representantes para rechazar el capítulo. No se trata de dirigentes alineados de manera permanente con la oposición nacional. Son mandatarios que negociaron leyes y acuerdos con la Casa Rosada, pero que esta vez identificaron un costo político y territorial demasiado alto.
La reacción expone una contradicción dentro del esquema de alianzas libertario. Los gobernadores pueden acompañar recortes, reformas fiscales o medidas de desregulación, pero encuentran mayores dificultades cuando una iniciativa afecta directamente el control de sus provincias sobre la tierra, los recursos naturales y las economías regionales.
El límite vigente permite que hasta el 15 por ciento de las tierras rurales quede en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. La versión que Bullrich había presentado elevaba ese techo al 25 por ciento, pese a que el porcentaje total actualmente extranjerizado se mantiene por debajo del máximo legal.
La pregunta nunca recibió una respuesta convincente: si todavía existe margen dentro de la regulación actual, ¿por qué era necesario habilitar que una cuarta parte del territorio rural pudiera quedar bajo propiedad extranjera?
El argumento oficial fue que la reforma aumentaría el valor de las tierras, facilitaría operaciones y atraerían capitales. Pero la suba del precio de un campo puede beneficiar al vendedor sin mejorar las condiciones productivas del país. También puede expulsar a pequeños productores, dificultar el acceso de comunidades locales y aumentar la concentración sobre zonas con agua, minerales, hidrocarburos o ventajas logísticas.
Bullrich intentó desactivar las críticas con la frase “la propiedad no es soberanía”. Formalmente, la compra de una parcela no modifica una frontera. Sin embargo, cuando se acumulan grandes extensiones alrededor de lagos, ríos, pasos internacionales, puertos o recursos energéticos, la discusión deja de ser una simple transacción inmobiliaria.
La soberanía no consiste únicamente en conservar los colores de un mapa. También implica mantener capacidad pública para decidir cómo se utiliza el territorio, quién controla sus recursos y qué límites se establecen frente a intereses privados con mayor poder económico que muchas provincias.
La falta de votos impidió, por ahora, ampliar el margen de extranjerización. Pero el resto del proyecto conserva una orientación igualmente preocupante.
El oficialismo buscará avanzar con reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble. También retiró anteriormente el capítulo relacionado con los barrios populares, otro punto que había generado resistencia.
La sucesión de recortes muestra que el texto original no era el proyecto consensuado que el Gobierno pretendía exhibir. Era un paquete diseñado desde el Ministerio de Desregulación, sometido luego a múltiples modificaciones porque no podía superar el filtro parlamentario.
La iniciativa de Sturzenegger agrupó bajo el concepto de inviolabilidad de la propiedad privada una serie de reformas diferentes, pero unidas por una misma idea: reducir la capacidad del Estado para intervenir cuando el interés particular entra en conflicto con necesidades sociales, ambientales o estratégicas.
En materia de desalojos, el proyecto propone mecanismos más rápidos para restituir inmuebles. El oficialismo sostiene que busca terminar con procesos interminables y proteger a propietarios afectados por ocupaciones o alquileres impagos.
La duración excesiva de los juicios puede representar un problema real. Sin embargo, acelerar procedimientos sin garantizar suficientemente la defensa de quienes habitan el inmueble puede transformar conflictos de vivienda en expulsiones rápidas, incluso antes de que se analice completamente la situación de cada familia.
No toda ocupación responde a la misma realidad. Existen usurpaciones deliberadas, pero también sucesiones no regularizadas, contratos informales, estafas inmobiliarias, conflictos de larga posesión y hogares atravesados por una emergencia habitacional.
Una política pública seria debe distinguir esas situaciones. Presentarlas bajo una única lógica de propietarios contra usurpadores simplifica el problema y coloca a la fuerza pública como respuesta principal frente a una crisis de vivienda que el mercado no resuelve.
La reforma a la Ley de Expropiaciones también merece atención. El Gobierno busca elevar las exigencias y los costos que debe afrontar el Estado cuando declara un inmueble de utilidad pública.
Toda expropiación debe respetar la Constitución, contar con una ley y garantizar una indemnización justa. Pero endurecerla hasta volverla impracticable puede dificultar obras de infraestructura, construcción de viviendas, apertura de caminos, ampliación de servicios o recuperación de espacios necesarios para la comunidad.
El discurso libertario presenta la expropiación como un robo institucional. Omite que se trata de una herramienta reconocida constitucionalmente para situaciones en las que el interés colectivo requiere intervenir sobre una propiedad determinada.
La discusión tampoco consiste en entregar un cheque en blanco al Estado. Se trata de impedir que la propiedad privada se convierta en un poder absoluto, capaz de bloquear cualquier decisión pública con independencia de su importancia social.
Los cambios sobre la Ley de Manejo del Fuego completan el cuadro. El oficialismo afirma que mantendrá las sanciones contra quienes provoquen incendios para obtener un beneficio y que solamente pretende evitar restricciones prolongadas sobre propietarios que no tuvieron responsabilidad.
El argumento parece razonable cuando se analiza de manera aislada. Sin embargo, las prohibiciones para cambiar el uso de terrenos incendiados no fueron creadas solamente como castigo individual. También funcionan como una barrera preventiva para evitar que el fuego termine facilitando emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o extractivos.
Reducir esa protección puede generar una consecuencia peligrosa: que un territorio ambientalmente destruido adquiera valor económico precisamente porque dejó de conservar aquello que la ley protegía.
La retirada del capítulo de tierras representa una derrota para el Gobierno, pero no equivale a una victoria definitiva para quienes defienden el territorio. El comunicado oficial dejó en claro que la reforma continuará en negociación y que Bullrich buscará reunir apoyos para retomarla.
La Casa Rosada necesita presentar algún resultado legislativo después de varios intentos fallidos. Por eso decidió sacrificar temporalmente la extranjerización para salvar el resto del paquete.
La maniobra revela el verdadero orden de prioridades. La defensa de la propiedad privada funciona como un paraguas discursivo bajo el cual se intenta acelerar desalojos, limitar expropiaciones, flexibilizar protecciones ambientales y reducir controles sobre la tierra.
El Gobierno sostiene que esas medidas aportarán seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica no puede existir solamente para quien posee una escritura, un fondo de inversión o capacidad de comprar grandes extensiones. También debe proteger a las familias frente a procedimientos arbitrarios, a las comunidades frente a la degradación ambiental y al Estado frente a la pérdida de herramientas para planificar el desarrollo.
Milei y Sturzenegger conciben al territorio como un activo que debe circular con menos límites. Los gobernadores que frenaron el capítulo recordaron, aunque fuera por cálculo político, que la tierra también es producción, agua, ambiente, identidad y poder.
La extranjerización salió de la sesión porque el oficialismo no consiguió imponerla. No porque haya desaparecido de su programa.
Por eso, la discusión no termina con la postergación. El desafío será impedir que el Gobierno reconstruya entre negociaciones provinciales lo que no pudo aprobar a la vista de la sociedad, y revisar con el mismo rigor los capítulos que todavía permanecen en pie.
Evitar la venta de una mayor porción del territorio es importante. Pero no alcanza si, al mismo tiempo, se debilitan las normas que protegen a quienes viven en él, los recursos que contiene y la capacidad democrática de decidir su destino.