Las denuncias por irregularidades en la administración de la Residencia Presidencial de Olivos sumaron nuevos capítulos y volvieron a poner bajo sospechas al entorno de Karina Milei. La diputada nacional Marcela Pagano, electa en 2023 por La Libertad Avanza y actualmente enfrentada con el oficialismo, anticipó que este lunes ampliará ante la Justicia una presentación en la que pidió investigar contrataciones, compras de alimentos y posibles desvíos de recursos públicos.
Entre los señalamientos más recientes, Pagano aseguró que documentación vinculada a la Presidencia muestra como proveedor a un jubilado domiciliado en un barrio carenciado, sin bienes ni patrimonio relevante, a cuyo nombre se habrían facturado más de 600 millones de pesos.
La afirmación forma parte de las acusaciones difundidas por la legisladora y no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una maniobra delictiva. Será la investigación judicial la que deberá establecer el origen de las contrataciones, quiénes recibieron los pagos y si hubo alguna irregularidad en el proceso.
Pagano también cuestionó contrataciones vinculadas con carritos eléctricos utilizados dentro del predio presidencial. Según sostuvo, la cantidad de unidades habría aumentado y las operaciones habrían beneficiado a la firma Melex. A ese planteo agregó gastos en aromatizantes y otros servicios contratados para la Quinta.
Las acusaciones surgieron con mayor fuerza después de la reestructuración dispuesta por el Gobierno en Olivos, que incluyó el desplazamiento de trabajadores civiles y la transferencia de mayores responsabilidades operativas a la Casa Militar.
La explicación oficial fue que los cambios buscan reforzar las condiciones de seguridad y facilitar los procesos administrativos internos. La Casa Militar ya tiene entre sus funciones institucionales la protección del Presidente, su familia, la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos.
La reorganización generó, sin embargo, versiones contrapuestas sobre las razones que precipitaron la salida del personal. Entre las hipótesis difundidas por distintos medios aparecieron el malestar presidencial por filtraciones internas y un episodio relacionado con la descompostura de uno de los perros de Javier Milei. Ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente como causa de los despidos.
En paralelo, quedó bajo discusión una licitación pública para la compra de productos cárnicos y de pescadería destinados a Casa Rosada y Olivos. La documentación difundida contempla alrededor de 29 toneladas de productos y un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos. Distintos relevamientos del pliego indicaron que para la residencia presidencial se proyectaron más de 9.400 kilos de carne vacuna y unos 3.600 kilos de pollo.
La existencia de esa licitación no constituye por sí misma una irregularidad. El eje del planteo de Pagano pasa por determinar cuántas personas son abastecidas habitualmente, qué volumen efectivamente ingresa a Olivos y cuál es el destino final de la mercadería.
Dentro de esa línea, la diputada apuntó contra Belén Agudiez, subsecretaria de la Presidencia, y contra integrantes de su entorno familiar. Sostuvo que Analía Agudiez, hermana de la funcionaria, estuvo vinculada con la cocina de la residencia y con un emprendimiento privado de catering.
A partir de esos vínculos, Pagano planteó ante la Justicia la hipótesis de que productos comprados con fondos públicos podrían haber terminado en una actividad comercial particular. Hasta el momento, esa presunción integra el contenido de la denuncia y no fue establecida judicialmente como un hecho probado.
La presentación también menciona al exintendente de la Quinta de Olivos Javier Sosa y a la firma Fransro, proveedora de alimentos. Pagano solicitó investigar posibles delitos contra la administración pública y cuestionó además nombramientos de familiares y allegados dentro de la estructura presidencial.
El escrito sostiene que las cantidades de alimentos adquiridas superarían lo que la diputada considera razonable para el funcionamiento habitual de la residencia. También señala una compra de frutas y verduras cuyo ritmo de reposición, según sus cálculos, equivaldría a más de 150 kilos diarios.
Frente a esa sospecha, la legisladora pidió medidas destinadas a preservar documentación y otras pruebas. Entre ellas, reclamó el resguardo de registros informáticos y filmaciones de seguridad, un inventario judicial de los depósitos de Olivos y la declaración de trabajadores civiles desplazados.
Pagano sostiene que la salida de empleados que podrían aportar información y el traspaso de funciones a la Casa Militar aumentan el riesgo de pérdida o modificación de elementos útiles para la investigación. Esa evaluación también deberá ser considerada por el juzgado que interviene en el expediente.
Las nuevas acusaciones amplían así un conflicto que combina decisiones administrativas, contrataciones públicas y denuncias penales. Por ahora, los señalamientos corresponden a la diputada denunciante y deberán ser contrastados con la documentación oficial, las explicaciones de los funcionarios involucrados y las medidas de prueba que disponga la Justicia.