La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N.º 1 para que se investiguen presuntas irregularidades en asistencias económicas provinciales destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La funcionaria dio a conocer el caso a través de sus redes sociales y explicó que la historia comenzó a fines de julio, cuando recibió en su oficina un sobre cerrado que contenía dos planillas con asistencias económicas por varios millones de pesos correspondientes a tres jóvenes.
Según relató, dos de ellos habían pasado por el dispositivo penal juvenil y eran hermanos entre sí.
Delgado sostuvo que inicialmente le llamó la atención la cantidad de dinero consignada en la documentación. Luego detectó otro elemento que consideró necesario investigar: en los tres casos figuraba la misma persona como oficiante o cobradora de los fondos.
Al buscar su identidad, según explicó, comprobó que se trataba de la secretaria privada de Luis Quiroga, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.
A partir de esa información, Delgado decidió localizar a las familias involucradas. Consiguió el teléfono de la madre de los dos hermanos y acordó encontrarse con ella para mostrarle las planillas y consultarle por las asistencias registradas.
Según el relato de la funcionaria, la mujer aseguró que sus hijos no habían recibido las sumas que aparecían en la documentación.
Delgado señaló que, al revisar los montos correspondientes a ambos jóvenes, detectó que en el caso del hijo menor las asistencias superaban los 4,5 millones de pesos, mientras que para el mayor la cifra se acercaba a los 9,2 millones.
La secretaria de Gobierno relató además que la mujer atravesaba distintas situaciones de vulnerabilidad y que durante este año había solicitado ayuda al Ministerio de Desarrollo Social para poder pagar el alquiler.
Siempre de acuerdo con el testimonio recogido por Delgado, personal del área realizó una visita vinculada con ese pedido de asistencia. Cuando posteriormente la mujer volvió a reclamar ayuda, le habrían informado que el beneficio ya figuraba como cobrado.
Durante el encuentro, la madre también le mostró a Delgado una transferencia de 300.000 pesos realizada a través de Mercado Pago. Según la publicación, el envío habría sido efectuado por la secretaria privada de Quiroga.
Delgado afirmó que la mujer le contó además que, después de recibir esa transferencia, la funcionaria provincial la bloqueó.
Ese movimiento de dinero constituye uno de los elementos mencionados por la secretaria municipal al explicar por qué decidió recurrir a la Justicia. Será la investigación la que deberá determinar en qué contexto se realizó la transferencia y si guarda relación con las asistencias económicas registradas en las planillas.
Delgado sostuvo también que durante las últimas semanas habló con trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social que le manifestaron que tanto el ministro Sebastián Georgión como el gobernador Claudio Vidal tenían conocimiento de al menos uno de los casos.
Esa afirmación forma parte del relato de la denunciante y deberá ser corroborada. Hasta el momento no existe una determinación judicial que establezca responsabilidades ni que permita concluir que los funcionarios mencionados conocían o consintieron alguna irregularidad.
La secretaria de Gobierno explicó que decidió realizar primero la presentación penal y recién después hacer pública la situación.
“Estamos hablando de chicos en situación de vulnerabilidad, de familias que recurren al Estado porque necesitan ayuda y de millones de pesos que, según la documentación que recibí, aparecen asignados a personas que dicen no haberlos recibido”, expresó.
La denuncia quedó radicada en la Fiscalía N.º 1. Delgado pidió que se investigue si las asistencias consignadas en las planillas fueron efectivamente otorgadas, quién percibió el dinero y cuál fue el destino final de los fondos.
“Para que, si hay una explicación, la den. Si las asistencias existieron, expliquen dónde están. Si alguien cobró plata que no le correspondía, que responda por eso. Y, si todo está en regla, también sea la Justicia la que lo determine”, publicó.
Uno de los interrogantes centrales planteados por la funcionaria surge de la situación económica de la familia. Delgado cuestionó cómo una madre que había solicitado ayuda estatal para afrontar el alquiler podía tener a sus hijos registrados con asistencias por millones de pesos que, de acuerdo con su testimonio, no habían recibido.
En su publicación, la secretaria municipal aclaró expresamente que no estaba acusando a una persona determinada de haber cometido un delito. Señaló que decidió presentar la información ante la Justicia porque consideró que, como funcionaria pública y frente a la documentación recibida, no podía ignorar la situación.
A partir de ahora será la Fiscalía la que deberá determinar la autenticidad y alcance de las planillas, reconstruir el circuito administrativo de las asistencias económicas, establecer quiénes cobraron los fondos y verificar si el dinero llegó efectivamente a los destinatarios consignados.
Hasta que avance esa investigación, las situaciones descriptas deben ser consideradas como hechos denunciados y no como delitos comprobados ni responsabilidades penales establecidas.