Florencio Randazzo declaró este martes como testigo en el juicio por la causa Cuadernos y aseguró que “nunca, jamás” recibió instrucciones políticas para favorecer a determinadas empresas en la asignación de subsidios durante su paso por el Ministerio del Interior y Transporte.
El exfuncionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner expuso bajo juramento y respondió preguntas sobre el funcionamiento de las concesiones del transporte público, el circuito de los subsidios y los mecanismos de control aplicados durante su gestión.
Randazzo sostuvo que siempre tuvo libertad para tomar decisiones y que contó con el respaldo de la Presidencia. En particular, recordó las medidas adoptadas después de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012, cuando 51 personas murieron y cientos resultaron heridas.
Según explicó, luego de aquel episodio existió “una decisión política de destinar recursos para hacer inversiones sumamente importantes” en el sistema ferroviario. Randazzo había asumido como ministro del Interior en diciembre de 2007 y durante 2012 sumó a su órbita el área de Transporte.
Durante su testimonio también describió cómo funcionaba la asignación de recursos para sostener las tarifas. Señaló que el Ministerio de Economía intervenía en la programación de los subsidios y debía autorizar la disponibilidad de los fondos.
El exministro vinculó ese esquema con la política oficial de mantener bajo el precio del boleto de transporte público, en un contexto en el que el Gobierno buscaba contener el impacto de las tarifas sobre la inflación.
Randazzo también destacó las inversiones realizadas en material ferroviario. Aseguró que durante su gestión se compraron 1.140 coches y afirmó que desde entonces no se adquirió “un solo vagón”, mientras el transporte público continuó funcionando con subsidios estatales.
Ante una consulta del abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, negó haber recibido indicaciones desde el poder político para beneficiar a compañías determinadas.
“Siempre tuve libertad para llevar adelante la gestión y precisamente para darle transparencia”, sostuvo. En ese punto mencionó la implementación de la tarjeta SUBE, la utilización de sistemas de GPS y los controles sobre las empresas como algunas de las herramientas incorporadas durante su administración.
Otra de las defensas le preguntó si algún empresario le había comentado sobre pedidos o exigencias indebidas vinculadas con el Estado. Randazzo respondió que “jamás” había recibido una referencia de esas características.
El exministro también se refirió al deterioro que atravesaba el sistema ferroviario cuando quedó a cargo del área después de la tragedia de Once. Consideró que los problemas eran anteriores a los funcionarios que estaban al frente del sector en aquel momento.
“Nos hicimos cargo de una situación compleja. Sería injusto pensar que la responsabilidad era de los funcionarios que estaban en ese momento a cargo: era un deterioro que venía de mucho antes”, declaró. En ese tramo también cuestionó el papel de una parte de la dirigencia sindical, a la que señaló como parte de los problemas históricos del sistema.
Consultado por el abogado Manuel Ubeira sobre si durante su gestión había advertido algún tipo de actividad “oscura” entre funcionarios públicos y empresarios, Randazzo respondió: “No me consta eso, mi experiencia demuestra lo contrario”.
La declaración se produjo dentro de la etapa testimonial del juicio oral por la causa Cuadernos, que comenzó en noviembre de 2025 y tiene entre sus acusados a Cristina Kirchner, exfuncionarios de su administración y empresarios.
La investigación se inició a partir de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal. La acusación sostiene que existió un presunto sistema de recaudación de pagos ilegales vinculados con contratistas del Estado. Las responsabilidades de cada uno de los acusados son materia del juicio y deberán ser determinadas por el tribunal.
El testimonio de Randazzo se incorporó así a un debate de gran volumen probatorio y numerosos testigos. Su declaración estuvo concentrada en el funcionamiento del área que administró, las políticas ferroviarias y el sistema de subsidios, sobre los cuales negó haber recibido instrucciones destinadas a beneficiar empresas.