El concejal Carlos Aparicio presentó en la última sesión del Concejo Deliberante de Caleta Olivia un proyecto de resolución para repudiar la designación de Fernando Omar Españón como director general del Área Técnica de Frontera del Gobierno de Santa Cruz.
La iniciativa cuestiona que Españón, procesado en una causa por abuso sexual, vuelva a ocupar un cargo jerárquico dentro de la administración pública provincial y reclama explicaciones al Ejecutivo encabezado por Claudio Vidal.
Según el proyecto, la designación fue formalizada mediante el Decreto Nº 0675/26 y ubica a Españón al frente de la Dirección General del Área Técnica de Frontera, dependiente de la Subsecretaría de Interior de la Secretaría de Estado de Gobierno e Interior.
“Repudiamos esta designación y exigimos que el Gobierno Provincial dé explicaciones”, sostuvo Aparicio al fundamentar su posición.
El concejal planteó que el nombramiento implica una responsabilidad política para quienes tomaron y refrendaron la decisión. Al mismo tiempo, puso el foco en el mensaje institucional que, a su entender, genera la incorporación de una persona procesada por un delito de estas características.
El planteo busca además instalar la discusión más allá de Caleta Olivia. Uno de los puntos centrales de la iniciativa propone convocar a los Concejos Deliberantes de las distintas localidades de Santa Cruz para que adopten una posición pública frente a la designación.
Sin embargo, el proyecto no consiguió el acompañamiento necesario de los demás concejales para avanzar con su tratamiento y posterior comunicación al Gobierno provincial.
Desde el bloque de Aparicio anticiparon que continuarán impulsando la iniciativa y buscando un pronunciamiento institucional sobre el nombramiento.
La figura de Españón ya había generado controversias dentro de la política santacruceña. En mayo de 2025, el Congreso del Partido Justicialista de Santa Cruz resolvió su expulsión junto con la de otros dirigentes por lo que el espacio calificó como inconductas partidarias.
La situación del exintendente también apareció posteriormente en otros debates políticos provinciales vinculados con las denuncias en su contra. El nuevo cuestionamiento surge ahora a partir de su incorporación a la estructura del Ejecutivo provincial.
Aparicio encuadró su rechazo en la responsabilidad que, según sostuvo, debe asumir el Estado frente a las personas que denuncian situaciones de violencia y abuso.
“Necesitamos legisladores y concejales activos, que estén a la altura de lo que nuestra comunidad reclama”, expresó.
El edil cerró su planteo con una definición dirigida al Gobierno provincial: “El Estado tiene que acompañar a quienes denuncian. No vamos a aceptar que una persona procesada por un delito de esta gravedad sea premiada con un cargo público”.
El proyecto, por el momento, quedó sin tratamiento ante la falta de acompañamiento dentro del Concejo Deliberante. Desde el sector que lo promovió anticiparon que insistirán para que el nombramiento de Españón sea discutido institucionalmente tanto en Caleta Olivia como en los demás cuerpos legislativos de Santa Cruz.