La situación de los servicios públicos de El Chaltén volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de la reunión que el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, mantuvo con vecinos de la localidad. Agua potable, cloacas, energía eléctrica, tarifas e infraestructura concentraron buena parte de un encuentro que se extendió durante aproximadamente dos horas y veinte minutos.
La concejal Elizabeth Romanelli accedió a la grabación completa de la reunión realizada el 29 de junio y planteó la necesidad de que la información llegue también a quienes no pudieron participar. La convocatoria, realizada por el Concejo Deliberante, coincidió con el receso invernal y fue comunicada con poca anticipación.
“Me pareció necesario hacer llegar esta información a las y los vecinos que no pudieron estar. No se trata de entrar en una polémica personal con el presidente de Servicios Públicos. Se trata de conocer qué se dijo, qué problemas fueron reconocidos y, fundamentalmente, qué respuestas quedaron pendientes”, explicó Romanelli.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el estado del sistema cloacal. La planta de tratamiento de efluentes se encuentra sobrepasada y sin capacidad suficiente para procesar el caudal que recibe.
Según los cálculos expuestos durante el encuentro, la instalación actual fue diseñada para unos 4.900 usuarios y la ampliación licitada agregaría capacidad para otros 5.000. El sistema alcanzaría así un máximo cercano a las 10.000 personas, una cifra similar a la población estimada para la temporada turística.
El cuestionamiento planteado durante la reunión fue que la ampliación podría quedar prácticamente al límite de su capacidad desde el momento mismo de su puesta en funcionamiento.
“Es la planta que hay y es la que se aprobó. Si no se aprovecha, después ya no hay vuelta atrás y nos quedamos sin nada”, manifestó Cortijo durante la exposición.
Otro punto de discusión surgió cuando desde SPSE se vinculó parte de las dificultades operativas con el uso de lavandina y desinfectantes por parte de establecimientos hoteleros y gastronómicos. La explicación provocó malestar entre vecinos, que cuestionaron que se trasladara parte de la responsabilidad hacia los comerciantes locales.
El texto analizado por Romanelli también señala que la obra registra dos fallos judiciales con plazos vencidos, provenientes del Tribunal Superior de Justicia de Río Gallegos y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que obligaban al Gobierno provincial a finalizar los trabajos para detener la contaminación del río De las Vueltas.
Durante la reunión tampoco se informó una fecha concreta para la finalización de las obras. El propio presidente de SPSE calificó a la contratista como “la más deficiente de Santa Cruz” y sostuvo que la herramienta disponible para la empresa estatal es aplicar multas por los incumplimientos.
La situación del agua potable presenta otro escenario delicado. De acuerdo con lo expuesto, el desvío del río De las Vueltas erosionó sus márgenes y provocó la pérdida permanente de dos pozos de captación.
A esa reducción se suma una limitada capacidad de reserva. Para disponer de agua durante un día completo frente a una contingencia, la localidad necesitaría una cisterna con capacidad para dos millones de litros. Actualmente cuenta con unos 200.000 litros, apenas el 10% de ese volumen.
Esta diferencia provoca que una interrupción en la captación pueda derivar rápidamente en problemas de abastecimiento para todo el pueblo. Pese a esa situación, el proyecto de una nueva cisterna todavía no está redactado y, según lo informado en el encuentro, su elaboración podría demandar entre uno y dos años. Tampoco cuenta con presupuesto asignado.
La energía eléctrica fue otro de los ejes de los reclamos. Vecinos plantearon el impacto de las facturas en medio de interrupciones del servicio y cuestionamientos sobre la forma en que se calculan los consumos.
Cortijo reconoció que SPSE tiene un faltante de 30.000 medidores en toda la provincia. Ante esa carencia, parte de la facturación se realiza mediante estimaciones y no a partir del consumo efectivamente medido.
El funcionario sostuvo, además, que la tarifa permanece subsidiada y estimó que el costo real de una factura podría rondar el millón de pesos.
Los reclamos también alcanzaron al nuevo generador puesto en funcionamiento el 31 de mayo. Vecinos de sectores cercanos denunciaron niveles de ruido que afectan su calidad de vida. Entre las alternativas mencionadas durante el encuentro apareció la posibilidad de realizar una forestación perimetral.
La posibilidad de incorporar generación solar también expuso limitaciones. Frente a una consulta por medidores bidireccionales fotovoltaicos, SPSE reconoció que trabaja con un sistema comercial antiguo y que actualmente no dispone del software necesario para incorporar esa tecnología.
Cortijo también habló sobre la situación interna de la empresa y señaló que trabaja en una reestructuración destinada a reducir costos, modernizar los sistemas y avanzar hacia la autosustentabilidad de una compañía que actualmente es deficitaria.
“Soy ingeniero civil, vengo del petróleo, no de la política”, afirmó. También manifestó que busca “profesionalizar la empresa” y no descartó una eventual privatización, aunque aclaró que se trata de una discusión política que dependerá de las decisiones del gobernador.
Buena parte de las expectativas de inversión expuestas durante la reunión quedaron relacionadas con un proyecto de endeudamiento provincial por 600 millones de dólares. Dentro de ese esquema se mencionaron 25 millones de dólares destinados a una microturbina para El Chaltén.
La propuesta despertó cuestionamientos entre los asistentes debido a que, según lo planteado durante el encuentro, no se presentaron planos, estudios previos ni una carpeta técnica del proyecto.
Romanelli remarcó especialmente esa vinculación entre los problemas expuestos y el financiamiento que busca obtener el Gobierno provincial. “Se expusieron problemas muy serios, muchas de las respuestas quedaron vinculadas a un eventual endeudamiento de 600 millones de dólares que busca aprobar el Gobierno Provincial”, señaló.
El encuentro terminó atravesado por el malestar de vecinos que reclamaron que las soluciones a problemas cotidianos no queden supeditadas a la aprobación del endeudamiento.
Entre los planteos realizados apareció también la necesidad de contar con proyectos por escrito, mayor acceso a la información y mecanismos de participación ciudadana, incluida la posibilidad de una audiencia pública.
El reclamo que quedó después de más de dos horas de exposición apunta a obtener respuestas concretas frente a problemas que afectan prestaciones esenciales. Para Romanelli, el objetivo es que la comunidad conozca qué dificultades fueron reconocidas por SPSE y cuáles continúan todavía sin una solución definida.