Del Plá declaró: “Lo que presentan como un control sobre presuntas irregularidades de quienes están cobrando actualmente, no es más que una nueva herramienta para seguir suspendiendo pensiones a gente que las necesita. Con esto el gobierno insiste en el objetivo de dar de baja 170 mil pensiones a través del decreto 432/97 –que planteamos anular por medio de otro proyecto de ley-. Así, el gobierno de la mano del FMI agudiza una política criminal sobre las personas con discapacidad en momentos de una fuerte crisis económica y social, que los hace aún más vulnerables”.
“El gobierno profundiza la línea de conceptualizar derechos bajo asistencialismo estatal, por ello, planteamos la necesidad de que las pensiones no sean percibidas como un 'beneficio' sino como un derecho universal”.
“Esta nueva resolución profundiza el paquete de medidas contra el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables, y responde a las exigencias de ajuste del FMI -que aplica Macri con el apoyo de los gobernadores- y que se agravará con el Presupuesto colonial que se preparan a votar oficialistas y opositores”.
La diputada concluyó: “Desde nuestra banca, junto con este proyecto, convocamos al pueblo a manifestar el rechazo absoluto a este ajuste”.
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