La investigación judicial por presuntos pagos irregulares dentro de la Armada Argentina sumó una medida central: el secuestro de dos computadoras que habrían sido utilizadas para procesar las acreditaciones investigadas. Los equipos serán sometidos a peritajes para reconstruir cómo se modificaban los archivos enviados al Banco Nación y determinar quiénes intervinieron en cada operación.
La causa tramita ante el juez federal Sebastián Ramos y se inició a partir de una denuncia presentada por la propia Armada. La investigación interna detectó 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto histórico de $981.148.567,88 y con 23 beneficiarios identificados.
Las irregularidades abarcan un período que atravesó las administraciones nacionales de Alberto Fernández y Javier Milei. La investigación busca establecer responsabilidades individuales dentro de la fuerza y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.
El mecanismo denunciado habría aprovechado una instancia sensible del circuito de liquidación de salarios. Una vez calculados los haberes, los archivos destinados al Banco Nación eran modificados manualmente para incorporar importes superiores a los que correspondían o acreditaciones que no tenían respaldo en la liquidación original.
Después de que el banco efectuaba las transferencias, los registros internos podían volver a sus valores originales. De esa forma, el dinero adicional no necesariamente aparecía reflejado en los recibos de sueldo que consultaban los agentes.
La maniobra comenzó a salir a la luz en febrero de este año, cuando una revisión de la liquidación correspondiente a enero encontró cinco pagos sin justificación a integrantes del Departamento Revista, el sector encargado de procesar los haberes de alrededor de 24.500 agentes. Esos primeros fondos fueron devueltos y la Armada decidió ampliar la auditoría hacia períodos anteriores.
La revisión permitió reconstruir operaciones hasta julio de 2022. En total, la Armada estableció que se habían realizado pagos indebidos por más de $981 millones. Hasta el momento de presentar la denuncia se habían recuperado $42.574.267,63, por lo que permanecían sin restituir aproximadamente $938,5 millones.
El principal señalado en la investigación es Ariel Baltasar Atanasoff, capitán de navío contador y exjefe del Departamento Revista.
Según consta en la denuncia, durante el sumario administrativo Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones efectuadas a personas ajenas a la fuerza y sostuvo que las operaciones se realizaban manualmente. También manifestó que decidía los beneficiarios y los importes con la intención de favorecerlos económicamente. Esa declaración fue realizada en sede administrativa y ahora deberá ser evaluada dentro de la investigación penal.
Entre las 23 personas identificadas aparecen militares en actividad, retirados, empleados civiles y cuatro personas que no tenían vínculo laboral o funcional con la Armada.
Estas últimas concentraron $434.200.718,04, equivalentes a poco más del 44% del total detectado. Entre ellas se encuentra María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien habría recibido 46 acreditaciones por $152.259.495,86 y aparece como la mayor beneficiaria individual de la operatoria investigada.
La aparición de Prieto en las revisiones internas marcó un punto de inflexión. Según la reconstrucción de la investigación, en las primeras etapas no existían elementos que vincularan directamente a Atanasoff con las inconsistencias. Cuando en agosto se detectaron pagos a nombre de su esposa, la Armada dispuso su relevo preventivo y preservó los equipos informáticos utilizados para preparar y transmitir los archivos bancarios.
Esas computadoras permanecieron guardadas en una caja fuerte hasta que personal de Prefectura Naval las secuestró por orden del juez Ramos.
El peritaje buscará establecer qué usuarios accedieron a los equipos, qué archivos fueron creados o modificados, cuáles se enviaron al Banco Nación y en qué fechas y horarios se realizaron esas operaciones. También podría permitir reconstruir con mayor precisión qué montos fueron alterados y a qué cuentas fueron dirigidos.
La Justicia avanzó además con otras medidas. El juez solicitó a la Armada los legajos de las personas que recibieron los pagos investigados y la nómina completa del personal que trabajó en el Departamento Revista.
Al Banco Nación le requirió las constancias correspondientes a las acreditaciones bajo sospecha, con el detalle de montos, fechas y beneficiarios.
La propia fuerza modificó además parte del circuito administrativo después de detectar las primeras irregularidades. Desde marzo, Tesorería pasó a intervenir en la tramitación de las acreditaciones y el área de Contabilidad comenzó a realizar una conciliación independiente de la cuenta destinada al pago de haberes.
La investigación judicial deberá ahora determinar si la reconstrucción realizada por la auditoría interna se corresponde con la evidencia informática y bancaria, establecer quiénes participaron efectivamente de las modificaciones y definir la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.