Más de 2.000 trabajadores municipales se movilizaron este jueves por Río Gallegos junto al intendente Pablo Grasso y el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, para reclamar contra la posibilidad de que el Gobierno provincial avance con recortes sobre los fondos coparticipables de la capital santacruceña.
La convocatoria comenzó en la zona de la costanera y recorrió las sedes de los distintos poderes del Estado. El objetivo fue presentar tres petitorios vinculados con la autonomía financiera del Municipio, los recursos destinados al funcionamiento de la ciudad y la protección de los salarios.
La marcha recibió el respaldo de los intendentes Aldo Aravena, de 28 de Noviembre, y Darío Menna, de Río Turbio, además del apoyo formal de la jefa comunal de Los Antiguos, Zulma Neira. También participaron legisladores, concejales, autoridades municipales y referentes sociales.
Ante el Tribunal Superior de Justicia, el Municipio pidió una definición sobre la constitucionalidad de la retención de fondos coparticipables. En Casa de Gobierno reclamó que el Ejecutivo provincial no avance sobre recursos destinados a obras y servicios, mientras que en la Cámara de Diputados solicitó terminar con el descuento del 20% destinado al Fondo de Sustentabilidad de la Caja de Previsión Social y permitir que la comuna transfiera esos recursos directamente.
Fue frente a la Legislatura donde Grasso endureció su discurso y puso en primer plano la situación de los empleados municipales.
“El sueldo de los municipales no lo puede tocar nadie. Acá hay laburantes de todos los sectores, no hay bandera partidaria: está la bandera de los trabajadores a los que no les alcanza para llegar a fin de mes”, sostuvo.
El intendente también vinculó el conflicto con el escenario económico nacional y aseguró que el Municipio sostiene responsabilidades que, según planteó, fueron abandonadas por Nación y Provincia. Entre ellas mencionó la atención primaria de salud para afiliados a la Caja de Servicios Sociales.
“En la Legislatura tenemos que discutir la flexibilización de las tarifas exorbitantes, no del laburo, y una redistribución de los ingresos, no el ajuste que planifican”, afirmó.
Grasso defendió además la capacidad financiera del Municipio para afrontar salarios, aguinaldos y servicios sin asistencia externa y cuestionó a la dirigencia provincial por poner bajo discusión los recursos de la capital.
Sobre el final, dirigió su mensaje al gobernador Claudio Vidal y planteó que, pese a las diferencias, mantiene abierta una instancia de negociación.
“Queremos consensuar, gobernador. Convóquenos, lo estamos esperando”, expresó, después de remarcar que su gestión no permitirá que “le metan la mano en el bolsillo a los laburantes”.
Desde el SOEM, Pedro Mansilla respaldó la posición del Municipio y sostuvo que los trabajadores no aceptarán convertirse en la variable de ajuste.
“Los trabajadores sabemos cuándo salir a la calle para cuidar nuestro salario. El Gobierno tiene la posibilidad histórica de ponerle un freno a esto antes de que se genere. No nos empujen al conflicto: no se metan con la plata de los trabajadores”, advirtió.
Tras los discursos, la movilización finalizó con una desconcentración pacífica. Los tres petitorios quedaron presentados y el conflicto por los recursos de Río Gallegos pasó ahora a manos de los poderes provinciales, mientras el Municipio y el SOEM dejaron planteada su posición frente a cualquier medida que pueda afectar los salarios o el funcionamiento de la ciudad.