Fernando Españón no llega al Gobierno de Claudio Vidal después de una pequeña controversia administrativa. Llega después de haber estado imputado en causas por abuso de autoridad y por tres hechos de abuso sexual simple bajo modalidad coactiva o intimidatoria en una relación de dependencia, además de otra causa por desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de funciones públicas. Por esas causas, la Justicia pidió formalmente que la Legislatura le quitara los fueros para poder avanzar en el proceso.
Eso ocurrió.
No es una interpretación política.
No es un rumor.
No es una operación mediática.
Son expedientes judiciales.
Y, sin embargo, Españón vuelve al Estado.
El Decreto Provincial N.º 0675/26 lo designó Director General del Área Técnica de Frontera, dependiente del Ministerio de Gobierno, desde el 1.º de agosto.
La decisión merece ser llamada por su nombre: Claudio Vidal decidió reincorporar a su Gobierno a un dirigente que meses atrás estaba en el centro de pedidos judiciales de desafuero por causas de abuso sexual y abuso de autoridad.
Españón no tiene condena y conserva su presunción de inocencia. Eso pertenece al terreno penal y nadie debería desconocerlo.
Pero Vidal no es juez.
Es gobernador.
Y ningún principio constitucional lo obligaba a darle un cargo.
Podía no nombrarlo.
Eligió nombrarlo.
Ahí empieza la responsabilidad de Vidal.
Y ahí aparece también una forma de ejercer el poder que Santa Cruz debería mirar con mucha más atención.
Porque el caso Españón empieza a parecer menos una excepción que un nuevo capítulo de una práctica conocida: cuando determinados funcionarios o dirigentes del oficialismo quedan involucrados en escándalos, el problema parece resolverse quitándolos de la primera línea, reduciendo su exposición o cambiándolos de lugar.
Pero salir de la fotografía no siempre significa salir del Estado.
En octubre de 2024, el Gobierno quedó sacudido por otro escándalo: hombres armados, un choque, amenazas y la fuga hacia la vivienda del entonces ministro de Trabajo Julio Gutiérrez. La Policía allanó esa casa y secuestró seis armas de fuego. El episodio terminó provocando la salida de siete funcionarios.
Durante unas horas, Vidal pudo mostrar aquellas renuncias como una demostración de autoridad.
Pero las renuncias no alcanzan para evaluar la conducta de un gobierno.
Hay que mirar qué ocurre después.
Quién vuelve.
Quién es acomodado en otra estructura.
Quién obtiene una asesoría.
Quién aparece en una empresa estatal.
Quién conserva un salario público aunque ya no aparezca todos los días en los diarios.
Pedro Alejandro Valenzuela ofrece otro ejemplo que merece atención. El exdiputado terminó designado en 2025 como Gerente de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de FOMICRUZ, después de haber ocupado previamente una asesoría dentro de la misma empresa estatal.
Cada caso tiene características distintas y no corresponde mezclarlos judicialmente.
Pero políticamente existe una pregunta común.
¿Qué tiene que hacer un dirigente cercano al poder para que el Gobierno de Vidal considere que ya no debe vivir del Estado?
La pregunta es brutal.
Pero también lo son los hechos.
Con Españón, además, la secuencia resulta particularmente obscena.
La Justicia pidió su desafuero.
La Cámara debía tratar causas por abuso sexual y abuso de autoridad.
El tratamiento se demoró.
Hubo falta de quórum.
Hubo nuevas convocatorias.
Hubo reclamos para que se permitiera avanzar a la Justicia.
Finalmente Españón dejó la Legislatura.
Y apenas meses después apareció nuevamente dentro del Estado, esta vez gracias a una designación del Poder Ejecutivo.
No volvió por el voto popular.
No ganó un concurso.
No tenía una estabilidad que el Gobierno estuviera obligado a respetar.
Lo nombraron.
Alguien llevó su nombre.
Alguien armó el expediente.
Alguien consideró apropiado devolverle un cargo.
Y el Gobierno lo hizo.
Por eso resulta insuficiente hablar de una “decisión polémica”.
Una polémica es una discusión.
Esto es una definición de poder.
El mensaje que recibe la sociedad es demoledor: se puede atravesar un pedido judicial de desafuero por tres hechos de abuso sexual, abandonar una banca en medio de un escándalo institucional y, pocos meses después, regresar al Estado con un nuevo cargo y un salario pagado por los mismos ciudadanos que asistieron a todo aquel proceso.
¿Dónde estuvo entonces la consecuencia política?
Porque la presunción de inocencia no puede convertirse en una excusa para la ausencia absoluta de estándares éticos.
Nadie reclama que Vidal condene a Españón.
Se reclama algo mucho más básico:
que no lo premie.
El Estado no es una agencia de empleo para dirigentes políticos que necesitan atravesar períodos de baja exposición.
Los cargos públicos tampoco son propiedad del gobernador.
Y los salarios no salen del bolsillo de Claudio Vidal.
Los paga cada santacruceño.
Los paga el trabajador que ve descontados impuestos.
Los paga el comerciante.
Los paga el jubilado.
Los paga una sociedad a la que después se le explica que no hay recursos suficientes para resolver problemas elementales.
Por eso importa tanto determinar qué cargo ocupa cada funcionario, cuánto cobra y qué capacidad tiene para intervenir sobre presupuesto, contrataciones o recursos públicos.
No estamos hablando de dinero de Vidal.
Estamos hablando de plata de Santa Cruz.
Y aquí aparece la cuestión más grave.
La impunidad política no consiste únicamente en impedir que alguien llegue a un tribunal.
También existe cuando el poder transmite la certeza de que ningún escándalo tendrá consecuencias duraderas para los propios.
Se cambia el cargo.
Se baja el perfil.
Se espera que pase el ruido.
Después aparece otra oficina.
Otra gerencia.
Otra dirección.
Otro sueldo.
La política argentina conoce demasiado bien ese mecanismo.
Vidal llegó al Gobierno prometiendo precisamente terminar con esas prácticas.
Vidal denunció privilegios, corrupción y utilización del Estado por parte de quienes gobernaron antes que él.
Por eso no puede pretender ahora que sus propias decisiones se juzguen con una vara diferente.
La alternancia electoral sirve de poco si cambia el partido pero permanece intacta la lógica del poder.
El nombramiento de Españón es particularmente grave porque Vidal conocía todo lo ocurrido.
No descubrió las causas después de firmar el decreto.
Los pedidos de desafuero fueron públicos.
La imputación por abuso sexual fue pública.
La imputación por abuso de autoridad fue pública.
Las sesiones frustradas fueron públicas.
La renuncia fue pública.
Y después de todo eso, su Gobierno decidió nombrarlo.
No fue ignorancia.
Fue una elección.
Por eso Vidal tiene que responder.
¿Por qué Fernando Españón?
¿Qué mérito extraordinario justificó su regreso al Estado?
¿Quién propuso su designación?
¿Cuánto va a cobrar?
¿Qué recursos tendrá bajo su responsabilidad?
¿Por qué una persona que acababa de atravesar semejante situación judicial e institucional volvió a ser considerada apta para recibir una función jerárquica?
Y, sobre todo:
¿cuál es el límite?
Porque si tres imputaciones por abuso sexual, una causa por abuso de autoridad, pedidos judiciales de desafuero y una crisis institucional no alcanzan siquiera para que un gobernador considere prudente no otorgar un nuevo cargo, entonces el problema ya no es solamente Fernando Españón.
El problema es el criterio moral de quien gobierna.
Claudio Vidal puede cambiar funcionarios de oficina.
Puede esconderlos de las cámaras.
Puede bajarles el perfil.
Puede esperar que la memoria pública se desgaste.
Lo que no puede hacer es cambiar los hechos.
Fernando Españón salió de la Legislatura atravesado por causas judiciales graves.
Y el Gobierno de Claudio Vidal lo volvió a meter en el Estado.
Eso no es renovación política. Es reciclaje del poder.
Y cuando el reciclaje de los propios se convierte en costumbre, la palabra que empieza a imponerse ya no es tolerancia.
Es impunidad.