El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, continúa recorriendo dependencias municipales junto a integrantes de su gabinete para explicar directamente a los trabajadores el conflicto financiero y judicial abierto por las eventuales retenciones de fondos de coparticipación vinculadas con obligaciones previsionales.
La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revocara la medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial N.º 1782. Con esa resolución volvió a quedar habilitado el mecanismo legal que permite efectuar retenciones sobre recursos municipales por aportes y contribuciones destinados a la Caja de Previsión Social.
El fallo, sin embargo, no resolvió definitivamente la discusión de fondo sobre la constitucionalidad planteada por el Municipio, sino que dejó sin efecto la protección cautelar que impedía aplicar ese mecanismo mientras continúa la controversia judicial.
En ese escenario, Grasso decidió llevar la discusión directamente a las áreas municipales y explicar su posición ante los empleados.
“Ante versiones distorsionadas, es fundamental que el diálogo con los trabajadores sea transparente y cara a cara. La retención de recursos que le corresponden a Río Gallegos no es un ataque a una gestión de gobierno, sino un condicionamiento directo a los servicios que recibe la comunidad y al sustento de las familias municipales”, sostuvo.
Desde el Ejecutivo local mantienen una postura crítica frente a la posibilidad de que Provincia avance con los descuentos y consideran que una reducción de los fondos coparticipables podría comprometer la capacidad financiera del Municipio para afrontar salarios y sostener su funcionamiento cotidiano.
La administración provincial sostiene una interpretación diferente. Tras conocerse el fallo del Tribunal Superior, el Gobierno de Santa Cruz defendió la vigencia del régimen establecido por la Ley 1782 y argumentó que los aportes previsionales constituyen obligaciones que los municipios deben cumplir. También rechazó que la decisión judicial implique automáticamente que los salarios municipales estén en riesgo.
De esta manera, el conflicto presenta dos discusiones que corren en paralelo. Una está relacionada con la existencia y regularización de las obligaciones previsionales. La otra, con el mecanismo utilizado para cobrarlas y el impacto que una eventual retención puede producir sobre los recursos de las localidades.
Grasso insiste en este segundo punto y sostiene que la disputa excede una confrontación entre su administración y el Gobierno de Claudio Vidal.
Como parte de esa estrategia, el intendente confirmó que este jueves, acompañado por trabajadores de distintas reparticiones municipales, presentará tres escritos dirigidos al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Ejecutivo Provincial y a la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
El Municipio buscará que la Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de las retenciones y reclamará a los poderes provinciales que intervengan para garantizar, según su postura, la autonomía municipal y la previsibilidad de los recursos de Río Gallegos.
Las recorridas por las dependencias continuarán mientras avanza la disputa. Para Grasso, el objetivo es que los propios trabajadores conozcan la posición municipal y las posibles consecuencias que atribuye a una reducción de los fondos.
El intendente también llevó el conflicto al terreno político y vinculó la situación provincial con las políticas nacionales. “El modelo de Javier Milei en la Nación y de Claudio Vidal en la provincia es de achique, atacando a los trabajadores y trabajadoras, y nosotros no lo vamos a permitir”, afirmó.
Con las nuevas presentaciones, la discusión volverá ahora a los ámbitos institucionales. Mientras la Provincia reivindica la obligación de regularizar los aportes previsionales, Río Gallegos cuestiona que esa deuda pueda cobrarse mediante un mecanismo que, según advierte, termine trasladando sus consecuencias sobre salarios, servicios y funcionamiento municipal.