La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entró en una instancia determinante. El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio 15 días al exjefe de Gabinete para justificar una serie de gastos y movimientos patrimoniales que, de acuerdo con la pesquisa, no encuentran hasta ahora correspondencia suficiente con los ingresos comprobados de su grupo familiar.
El requerimiento contiene 20 puntos y pone bajo análisis propiedades, refacciones, viajes, operaciones en efectivo, préstamos privados, criptomonedas y pagos realizados mediante terceros. El período investigado comienza en diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó al Gobierno de Javier Milei, y se extiende hasta su salida de la Jefatura de Gabinete, a fines de junio de 2026.
Uno de los números más comprometidos surge de la comparación entre ingresos y egresos. Según la reconstrucción incorporada a la causa, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron recursos por aproximadamente $229,75 millones, mientras que los gastos comprobados ascendieron a unos $272,82 millones. La diferencia supera los $43 millones.
Pero la mayor incógnita está expresada en dólares. La Fiscalía reclama explicaciones por US$402.578,12 en gastos que, según el análisis financiero, no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados. Allí aparecen operaciones inmobiliarias, viajes, alquileres, mobiliario y refacciones.
Entre los capítulos centrales está la vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La propiedad quedó bajo investigación no solamente por su adquisición, sino también por las obras realizadas posteriormente. El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia haber recibido alrededor de US$245.000 en efectivo por trabajos de remodelación y aportó documentación vinculada con esas tareas.
La pesquisa también alcanzó un departamento de Caballito y diferentes operaciones inmobiliarias y financieras del matrimonio. Pollicita busca reconstruir de dónde salió el dinero, quién realizó efectivamente los pagos y qué respaldo documental existe detrás de cada movimiento.
Otro frente sensible son los dólares que Adorni incorporó posteriormente a sus declaraciones patrimoniales. El exfuncionario sostuvo que una parte de esos fondos provenía de inversiones previas en criptomonedas. Ahora deberá aportar trazabilidad: capital inicial, plataformas utilizadas, activos adquiridos, fechas y rendimientos obtenidos.
Los viajes familiares también forman parte del expediente. La investigación reconstruyó desplazamientos internacionales y pagos realizados en efectivo, entre ellos los correspondientes a un viaje familiar a Aruba. También quedaron bajo observación otras erogaciones efectuadas durante estadías en el exterior.
La utilización de terceros para determinadas compras y pagos completa otro de los capítulos que deberá explicar el exfuncionario. La Fiscalía busca determinar quién aportó realmente el dinero en aquellas operaciones donde aparecen tarjetas o personas vinculadas con el entorno de Adorni.
El avance judicial adquiere además una dimensión política difícil de separar del discurso con el que La Libertad Avanza llegó al poder. Durante años, el espacio de Javier Milei hizo de la denuncia contra los privilegios de la dirigencia y del cuestionamiento a la denominada “casta” una de sus principales banderas. Por eso, la investigación sobre quien fue uno de los funcionarios más visibles del Gobierno coloca ahora esa prédica frente a una prueba concreta: explicar ante la Justicia el origen del patrimonio sin excepciones ni privilegios.
Eso no significa anticipar culpabilidades. Adorni no fue condenado y el requerimiento patrimonial es precisamente la instancia en la que podrá presentar documentación para responder los interrogantes planteados por la Fiscalía. La presunción de inocencia sigue plenamente vigente.
Pero tampoco se trata ya solamente de una polémica política o mediática. Hay una investigación judicial, cifras concretas y un requerimiento formal para explicar más de US$400 mil, además de una diferencia superior a $43 millones entre ingresos y gastos reconstruidos.
La renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete no cerró ese capítulo. Por el contrario, la investigación continuó y llegó ahora al punto en que las explicaciones públicas deberán transformarse en documentación respaldatoria dentro de un expediente.
Los próximos 15 días serán decisivos. Si las respuestas y pruebas permiten justificar los movimientos cuestionados, serán evaluadas por la Fiscalía. Si las inconsistencias permanecen, Pollicita podrá pedir que Adorni sea citado a declaración indagatoria, aunque la decisión final quedará en manos del juez Ariel Lijo.
La discusión política podrá seguir girando alrededor de relatos, defensas y acusaciones. La judicial, desde ahora, es bastante más concreta: determinar de dónde salió el dinero.