El caso Libra ya no puede reducirse a un tuit desafortunado, una promoción ingenua o una operación comercial que Javier Milei no comprendió antes de difundirla. La aparición de nuevas transferencias, documentos y vínculos entre sus protagonistas profundiza una pregunta que el Gobierno evita responder: qué ocurrió con los millones de dólares que se movieron alrededor del lanzamiento y por qué las personas involucradas tenían acceso directo al Presidente.
La investigación detectó que Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares a dos cuentas virtuales entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, pocos días antes de que Milei promocionara Libra desde sus redes sociales.
La primera operación ocurrió horas después de una reunión entre Davis y el Presidente en la Casa Rosada. Ese dato no prueba por sí solo la existencia de un pago ilegal, pero vuelve difícil sostener que se trató de una sucesión de contactos casuales y movimientos financieros sin relación entre sí.
De acuerdo con la información incorporada al expediente y difundida periodísticamente, Orlando Mellino recibió alrededor de 1.015.000 dólares y el trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco, cerca de cuatro millones.
Ambos aparecen vinculados con una financiera de Vicente López frecuentada por Mauricio Novelli, el empresario que acercó a Davis al entorno presidencial y que tenía una relación previa con Milei.
El recorrido conocido del dinero termina, por ahora, en esa estructura financiera. Su destino final todavía no fue determinado judicialmente. Tampoco existe una sentencia que permita afirmar que Javier o Karina Milei recibieron esos fondos.
Esa diferencia es indispensable: existen indicios que deben investigarse, pero todavía no hay una responsabilidad penal probada. El problema institucional comienza precisamente ahí. Frente a movimientos millonarios, relaciones directas con funcionarios y documentos que aludirían a pagos, la obligación de la Justicia no es cerrar el caso por falta de una prueba final, sino seguir el dinero hasta encontrarla o descartar la hipótesis.
Las sospechas aumentan por una secuencia posterior. Al día siguiente de la segunda transferencia, Novelli acudió junto con su madre y su hermana a una sucursal bancaria de Vicente López e ingresó al sector de cajas de seguridad con bolsos. Después de que estallara el escándalo, imágenes incorporadas a la causa mostraron a las dos mujeres retirándose de ese mismo espacio.
Tampoco ese movimiento demuestra por sí solo que los bolsos contuvieran dinero de Libra. Pero la coincidencia temporal exige algo más serio que el silencio oficial y la demora judicial.
Entre los elementos recuperados del teléfono de Novelli también surgieron documentos y comunicaciones que, según publicaciones basadas en el expediente, hacen referencia a un posible acuerdo por cinco millones de dólares relacionado con el apoyo presidencial al proyecto.
En uno de los audios atribuidos al empresario, Novelli pide a una asistente coordinar determinados pagos con “Camilo”. La identidad, el propósito y los destinatarios finales de esas operaciones deben ser establecidos por la investigación.
Lo que ya no resulta creíble es la versión de un Presidente completamente ajeno a quienes diseñaban y movían el dinero del negocio. Milei recibió a Davis, fue conectado con él por intermediarios de su confianza y utilizó la autoridad de su cargo para promocionar un activo que subió con rapidez y luego se desplomó.
Miles de personas compraron bajo la impresión de que el proyecto contaba con respaldo presidencial. Mientras pequeños inversores perdían sus ahorros, billeteras vinculadas con los impulsores retiraban decenas de millones de dólares de la liquidez del token.
El oficialismo intentó presentar el episodio como un ataque político contra Milei. Sin embargo, la investigación no nació de una discusión ideológica, sino de transferencias, teléfonos peritados, contratos, reuniones oficiales y movimientos financieros que requieren explicaciones.
El Presidente construyó buena parte de su identidad sobre la denuncia contra la casta y los negocios del poder. Por eso, el estándar que debe afrontar no puede ser menor que el que exige para sus adversarios. Quien prometió transparencia absoluta no puede esconderse detrás de tecnicismos cuando un negocio promocionado desde su cuenta termina rodeado de sospechas de pagos millonarios.
También inquieta el rumbo judicial. El apartamiento de querellantes que representaban a damnificados dejó la investigación principalmente bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano. La medida no implica el cierre de la causa, pero reduce la cantidad de actores con capacidad para pedir pruebas, cuestionar decisiones y recurrir resoluciones.
A esa situación se suma la confirmación como jueza federal de la esposa del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi por parte del Poder Ejecutivo. El nombramiento no prueba una interferencia ni invalida por sí mismo las decisiones del juez, pero plantea una situación institucional que exige máxima transparencia para evitar cualquier sospecha de condicionamiento.
En una causa que involucra al Presidente, sus colaboradores y personas de acceso frecuente a la Casa Rosada, la independencia judicial no debe limitarse a existir: también tiene que resultar visible.
El destino de los cinco millones de dólares todavía se desconoce. Esa es la principal deuda de la investigación. No alcanza con identificar a quienes recibieron las transferencias ni con comprobar que los fondos pasaron por una financiera conocida por Novelli. Hay que reconstruir cada operación, establecer quién retiró el dinero y determinar si llegó a funcionarios, intermediarios o terceros.
Hasta que eso ocurra, nadie puede afirmar honestamente que se probó un pago a Javier o Karina Milei. Pero tampoco puede sostenerse que el caso está vacío.
Libra concentra demasiadas coincidencias, demasiado dinero y demasiadas relaciones con el poder para ser tratado como una anécdota digital. Lo que está en juego no es únicamente la suerte de una criptomoneda ni el patrimonio perdido por sus compradores. Está en discusión si el acceso al Presidente pudo convertirse en una mercancía y si la influencia de la Casa Rosada fue utilizada para impulsar un negocio privado.
Milei llegó al Gobierno prometiendo terminar con quienes utilizaban el Estado para favorecer intereses particulares. La causa Libra empieza a mostrar que el desafío no era solamente desplazar a la vieja casta, sino impedir que una nueva ocupara su lugar con discursos distintos y métodos demasiado parecidos.