El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, comenzó una recorrida por distintas dependencias municipales para informar personalmente a los trabajadores sobre el impacto que podría tener la retención de fondos de la coparticipación habilitada por la Justicia y reafirmar la defensa de la autonomía financiera del Municipio.
La iniciativa surgió luego del fallo que permite al Gobierno de Santa Cruz avanzar sobre recursos coparticipables, una situación que, según la administración municipal, se suma al descuento del 20% que ya se aplica por ley para financiar la Caja de Previsión Social.
Durante la jornada de este martes, Grasso mantuvo reuniones con trabajadores de las áreas de Tránsito, de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas y del Juzgado Municipal de Faltas. El cronograma continuará en los próximos días con el objetivo de llegar a todas las dependencias de la administración local.
En cada encuentro, el jefe comunal explicó que una nueva reducción sobre los fondos que recibe el Municipio comprometería seriamente la capacidad financiera de la ciudad y pondría en riesgo el pago de salarios, además de afectar el funcionamiento de los servicios públicos que se prestan diariamente a los vecinos.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la medida representa un avance sobre la autonomía de Río Gallegos y contradice el artículo 141 de la Constitución de Santa Cruz, que establece la intangibilidad de los recursos que corresponden a los municipios.
Por ese motivo, la gestión de Grasso considera que la retención resulta inconstitucional, al afectar fondos propios que deben destinarse al funcionamiento del Estado municipal y al cumplimiento de sus obligaciones salariales.
El intendente remarcó ante los trabajadores que la discusión excede una diferencia política entre administraciones y tiene consecuencias directas sobre la economía de miles de familias que dependen del empleo municipal.
"Los recursos de Río Gallegos son de los vecinos de Río Gallegos. Quitarle esos fondos al Municipio significa poner en riesgo el salario de los trabajadores y el funcionamiento de servicios esenciales", señalaron desde el Ejecutivo local.
La decisión de recorrer personalmente cada dependencia también busca mantener informados a los empleados sobre el estado del conflicto y evitar que la incertidumbre genere versiones contradictorias respecto de la situación financiera del Municipio.
El reclamo por la coparticipación se convirtió en uno de los principales ejes del enfrentamiento institucional entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Río Gallegos. Desde la administración local insisten en que cualquier reducción de los recursos municipales impacta de manera inmediata sobre la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales, ejecutar obras y cumplir con el pago de haberes.
Mientras continúa la disputa judicial y política por la distribución de los fondos, el Municipio ratificó que seguirá defendiendo la autonomía municipal y el derecho de Río Gallegos a administrar los recursos que, sostiene, pertenecen a toda la comunidad.