Cabe mencionar que a fines del 2017 se sancionó un proyecto de Ordenanza de autoría de Leguizamón y Roquel, mediante el cual se elevaron los montos de las multas a aquellos frigoríficos que pongan en riesgo la salubridad de la población por el derrame, filtración o pérdida de residuos de faena, ya sea por el tratamiento y/o el transporte indebido de los mismos.
De esta forma se actualizaron los montos proporcionales a la reincidencia en la infracción, contemplando la clausura de la planta de origen, secuestro de vehículos e inhabilitación del establecimiento, según corresponda.
En este contexto Leguizamón advirtió que los frigoríficos “generan un impacto ambiental negativo que debe ser penalizado por la autoridad de aplicación; es decir, el municipio”.
Asimismo recordó que durante ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente remitió un informe detallando la situación de las fosas exclusivas para deshechos de faena, en donde se hallaron escombros, bolsas, envases plásticos, restos de podas de árboles e incluso residuos provenientes del Cementerio local (flores, cajones rotos, lápidas y placas).
"Estas empresas se manejan con total impunidad ya que les resulta menos costoso pagar la multa que adoptar las medidas de seguridad e higiene que la normativa les exige", remarcó.
Por último manifestó: "Esperamos que el municipio tome cartas en el asunto y aplique las multas correspondientes".
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