El Gobierno de Santa Cruz convocó una conferencia para asegurar que Río Gallegos tiene dinero suficiente para pagar salarios y aportes previsionales. Pero mientras colocó al intendente Pablo Grasso en el centro de la responsabilidad, dejó prácticamente fuera del relato una cuestión decisiva: la controversia judicial de fondo sobre el uso de fondos coparticipables todavía no está resuelta. En el medio aparece otra pregunta inevitable: ¿estamos ante un conflicto previsional o frente a una herramienta de presión política sobre los municipios en momentos en que Claudio Vidal necesita votos para su proyecto de financiamiento?
Hay ocasiones en las que lo más importante de una conferencia de prensa no es solamente lo que se dice.
Es también lo que deliberadamente queda fuera del encuadre.
Este jueves, desde Casa de Gobierno, la ministra Belén Elmiger, la secretaria de Comunicación Pública Irene Stur y el secretario de Hacienda Ernesto Coloe realizaron un considerable esfuerzo comunicacional para instalar una idea sencilla:
Río Gallegos tiene la plata.
Y, por extensión:
si existe un problema con los salarios o los aportes, la responsabilidad debe buscarse en el Municipio.
La construcción fue clara.
Se afirmó que la Provincia no realizó retenciones.
Se sostuvo que Río Gallegos puede pagar salarios.
Se aseguró que también puede cumplir con sus obligaciones previsionales.
Se remarcó que al trabajador ya se le descontó el aporte y que es el empleador quien no lo transfirió.
Incluso se dejó una recomendación:
después de pagar, el Municipio deberá ser más “eficiente”, ajustar prioridades y ordenar sus gastos.
Todo parece bastante simple.
Quizás demasiado.
Porque la discusión que enfrenta a Provincia y Municipio es bastante más compleja que preguntarse si Pablo Grasso tiene o no dinero en una cuenta.
El cambio de pregunta
Una de las herramientas más habituales de la comunicación política consiste en cambiar el eje de una discusión.
La pregunta inicial podría ser:
¿puede el Gobierno provincial afectar unilateralmente recursos coparticipables que corresponden a un municipio para cobrarse obligaciones previsionales?
Pero durante la conferencia el interrogante fue transformado en otro:
¿por qué Río Gallegos no entrega el dinero que ya le descontó a sus trabajadores?
No son la misma pregunta.
Y contestar una no elimina la otra.
Sin embargo, comunicacionalmente el desplazamiento resulta muy efectivo.
En la primera discusión, quien tiene que explicar y justificar su actuación es el Gobierno provincial.
En la segunda, quien queda sentado en el banquillo es Pablo Grasso.
Ahí aparece el verdadero valor político de la frase:
“La plata sí está”.
Porque ya no se discute solamente una obligación previsional.
Se construye una responsabilidad.
Si mañana hubiera dificultades económicas, el mensaje ya quedó instalado:
no mire a la Provincia; mire al intendente.
Lo que faltó contar
Hay algo particularmente llamativo.
El Gobierno provincial sabe perfectamente que la controversia judicial no terminó.
Cuando en julio el Tribunal Superior de Justicia revocó la cautelar que impedía aplicar el mecanismo previsto en el artículo 22 de la Ley 1.782, el propio Ejecutivo reconoció públicamente que los cuestionamientos sobre su constitucionalidad debían resolverse en el juicio de fondo.
Es decir:
la cautelar cayó.
Pero eso no significa necesariamente que la cuestión principal haya quedado definitivamente resuelta.
Una cautelar es una decisión provisoria.
El proceso principal es otra cosa.
Y esa diferencia jurídica resulta central para entender el conflicto.
Sin embargo, durante la construcción comunicacional de este jueves, esa explicación prácticamente desapareció.
¿Por qué?
Si el objetivo era realmente “transparentar las cuentas” y brindar toda la información necesaria para que la sociedad comprenda el problema, ¿no correspondía explicar también que existe una discusión judicial que continúa abierta?
¿Por qué contar con tanto detalle que el Municipio debe transferir aportes y no explicar con igual intensidad que sigue discutiéndose el alcance del mecanismo utilizado para cobrarlos?
La omisión no es menor.
Porque permite que la opinión pública confunda dos cuestiones distintas:
levantar una cautelar con resolver definitivamente el litigio.
¿Es constitucional tocar la coparticipación?
Aquí tampoco corresponde simplificar.
Sería irresponsable afirmar que ya existe una sentencia definitiva que declaró inconstitucional cualquier afectación de fondos coparticipables.
No existe esa resolución final.
Pero exactamente por la misma razón tampoco corresponde presentar el mecanismo provincial como si toda discusión constitucional hubiera terminado.
Está controvertido.
Existe un cuestionamiento.
Existe una acción principal.
Y existe una discusión sobre autonomía municipal, obligaciones previsionales y recursos coparticipables.
Eso es precisamente lo que debería conocer el trabajador cuando escucha decir que “la plata está”.
Porque el verdadero conflicto no consiste solamente en determinar si existe una deuda.
También consiste en determinar cómo puede cobrarse esa deuda, cuáles son los límites de la Provincia y hasta dónde llegan las garantías de autonomía financiera de los municipios.
Borrar esa dimensión convierte una controversia jurídica y política compleja en una historia moral mucho más sencilla:
Provincia buena.
Municipio incumplidor.
Trabajador perjudicado.
¿Es realmente así de simple?
Grasso convertido en el problema
También resulta necesario observar quién ocupa el centro de la escena.
El comunicado podría haber hablado de:
“situación previsional de los municipios”.
Podría haber presentado:
deuda total,
deuda por localidad,
porcentaje de cumplimiento,
planes de regularización,
convenios vigentes,
criterios utilizados para cada comuna.
Pero gran parte del esfuerzo político estuvo concentrado en Río Gallegos.
Y Río Gallegos no es un municipio cualquiera.
Es la capital de Santa Cruz.
Y su intendente, Pablo Grasso, es uno de los dirigentes con mayor proyección provincial de cara al próximo proceso electoral.
Ahora bien, también aquí conviene evitar una simplificación.
Decir que Grasso es simplemente “el opositor de Vidal” puede ocultar más de lo que explica.
Las posiciones de poder son profundamente desiguales.
Claudio Vidal gobierna la Provincia.
Administra el Ejecutivo provincial.
Tiene bajo su órbita organismos, recursos y herramientas financieras que ningún intendente posee.
Grasso administra una ciudad.
Por eso hablar de una “pelea Vidal-Grasso” como si fueran dos boxeadores encerrados en el mismo ring puede resultar engañoso.
Más interesante sería observar qué comportamiento político despliega cada uno.
Grasso ha manifestado reiteradamente su intención de dialogar personalmente con Vidal.
Ha planteado la necesidad de reuniones cara a cara.
Y mientras la discusión provincial se concentra crecientemente en responsabilizarlo por las cuentas municipales, su estrategia pública aparece también concentrada en mostrar gestión, obras, servicios y transformación urbana.
Eso no significa que Grasso no haga política.
Por supuesto que la hace.
Tiene aspiraciones provinciales y construye una alternativa electoral.
Pero tener aspiraciones a gobernador no convierte automáticamente toda acción de gobierno en oposición a Vidal.
Aquí aparece otra pregunta:
¿es Grasso quien está construyendo la confrontación o es el Gobierno provincial quien necesita construir a Grasso como antagonista?
¿Por qué Vidal no se sienta con Grasso?
El contraste resulta llamativo.
El gobernador puede cuestionarlo públicamente.
Puede responsabilizarlo.
Puede decir que tiene dinero.
Puede reclamarle los aportes.
Puede permitir que buena parte de su aparato comunicacional coloque a Río Gallegos bajo la lupa.
Pero cuando Grasso reclama un encuentro directo, la negociación queda fundamentalmente en manos de funcionarios.
Entonces aparece una pregunta institucional bastante básica:
si el problema es tan importante como para comprometer las finanzas municipales y el sistema previsional provincial, ¿por qué el gobernador no se sienta personalmente con el intendente de la capital?
No hace falta decir que Vidal “se esconde”.
Alcanza con observar la conducta.
Personaliza la crítica.
Pero delega la interlocución.
Y esa contradicción merece una explicación.
La frase de Stur que puede revelar más de lo que parece
Durante la conferencia, Irene Stur explicó que primero debía existir un acuerdo técnico y que después llegaría el acuerdo político.
La frase merece atención.
Porque inmediatamente después el propio discurso gubernamental vuelve a introducir una cuestión que, en apariencia, no debería tener ninguna relación directa con los aportes municipales:
el proyecto de Financiamiento Estratégico impulsado por Claudio Vidal.
Un proyecto que busca habilitar operaciones financieras por hasta 600 millones de dólares y que no consiguió todavía los consensos legislativos necesarios.
¿Por qué aparece esa cuestión dentro de una conferencia dedicada a las cuentas de Río Gallegos?
¿Qué relación existe entre una deuda previsional municipal y un proyecto provincial de financiamiento?
Tal vez ninguna.
Pero es el propio Gobierno el que decidió colocarlos dentro del mismo relato.
Y cuando la política coloca dos asuntos dentro del mismo escenario, el periodismo tiene la obligación de preguntarse por qué.
La presión que no necesita escribirse
Aquí hay que abandonar cierta ingenuidad.
En política no se puede exigir como única prueba de una negociación la existencia de un papel firmado que diga:
“si tu diputado vota el endeudamiento, nosotros dejamos de presionar financieramente a tu municipio”.
Los acuerdos políticos rara vez funcionan de esa manera.
La política se analiza reconstruyendo relaciones de fuerza.
Quién tiene los recursos.
Quién necesita los votos.
Quién puede causar un problema.
Quién puede solucionarlo.
Qué se negocia.
En qué momento.
Y bajo qué condiciones.
Hoy el Gobierno provincial necesita construir consensos legislativos para su proyecto financiero.
Al mismo tiempo, los municipios enfrentan una discusión sobre deudas previsionales y posibles afectaciones de recursos.
Los intendentes tienen vínculos políticos con legisladores de sus localidades.
Y la Provincia ocupa una posición financiera considerablemente más poderosa que cualquiera de esas comunas.
¿Eso demuestra automáticamente que existe una coacción?
No.
Pero convierte la pregunta en completamente legítima:
¿puede la presión financiera convertirse en herramienta para disciplinar políticamente a los territorios?
Una pinza que merece ser observada
Miremos la secuencia.
Primero, el Gobierno impulsa una modificación profunda en la integración del Tribunal Superior de Justicia.
Luego se produce una fuerte controversia institucional alrededor de esa nueva composición.
Después, el Tribunal revoca la cautelar que protegía temporalmente al Municipio de Río Gallegos frente a la aplicación del mecanismo cuestionado.
La discusión principal, sin embargo, continúa.
Posteriormente, el Gobierno intensifica públicamente el reclamo financiero contra Río Gallegos.
Al mismo tiempo, necesita votos para avanzar con su proyecto de financiamiento.
Y finalmente aparece una conferencia en la que se habla de “acuerdo técnico”, “acuerdo político” y falta de aprobación del Financiamiento Estratégico dentro del mismo universo discursivo.
Cada hecho puede tener una explicación individual.
Pero la política también debe analizarse observando el conjunto.
Porque las coincidencias dejan de ser irrelevantes cuando comienzan a formar un patrón.
¿Por qué Río Gallegos?
Esta pregunta debería responderla el Gobierno mostrando datos comparativos.
¿Cuánto debe cada municipio a la Caja?
¿Cuánto representan esas deudas respecto de sus presupuestos?
¿Qué intendencias están cumpliendo?
¿Cuáles no?
¿Qué acuerdos se ofrecieron?
¿Qué mecanismos de cobro se aplicaron?
¿Se utilizó el mismo criterio con intendencias políticamente cercanas al Gobierno?
¿Existe igualdad de tratamiento?
Porque si efectivamente todos los municipios reciben idéntico trato frente a situaciones económicas equivalentes, la acusación de utilización política pierde fuerza.
Pero si aparecen diferencias importantes entre municipios aliados y municipios enfrentados al Gobierno, entonces la discusión cambia completamente.
Por eso la transparencia no consiste solamente en mostrar los números de Grasso.
Consiste en mostrar los números de todos.
“No queremos ahogar a los municipios”
Elmiger aseguró que el objetivo no es ahogar financieramente a las municipalidades.
Es una declaración importante.
Pero nuevamente corresponde preguntar:
¿cuál sería el impacto concreto de afectar recursos coparticipables?
Porque un municipio no paga únicamente salarios.
Mantiene calles.
Recolecta residuos.
Compra combustible.
Repara maquinaria.
Paga servicios.
Sostiene obras.
Compra insumos.
Cancela proveedores.
Presta asistencia social.
Financia transporte y políticas públicas.
Por eso demostrar que determinados ingresos alcanzan matemáticamente para pagar salarios y aportes no significa necesariamente demostrar que existe disponibilidad financiera suficiente para sostener simultáneamente el funcionamiento de una ciudad.
Y volvemos al problema inicial.
El Gobierno afirma:
“los números están sobre la mesa”.
Pero todavía falta algo elemental:
mostrar públicamente la mesa completa.
De los aportes al endeudamiento
Esta quizás sea la pregunta política más incómoda.
Si el problema es exclusivamente previsional, ¿por qué terminar hablando del proyecto de financiamiento de Vidal?
Si se está discutiendo una deuda municipal, ¿qué tienen que ver los 600 millones de dólares que el Ejecutivo pretende conseguir mediante operaciones de crédito?
El propio Gobierno vincula ambos escenarios cuando sostiene que la oposición impidió avanzar con un instrumento que permitiría generar recursos.
Eso introduce la política legislativa directamente en una discusión que supuestamente era técnica.
Y entonces la frase de Stur adquiere otro significado:
primero el acuerdo técnico; después el acuerdo político.
¿En qué consiste exactamente ese acuerdo político?
¿Solamente en definir cómo cancelar una deuda?
¿O existen conversaciones más amplias alrededor de gobernabilidad, financiamiento provincial y acompañamiento legislativo?
Son preguntas.
Pero son preguntas nacidas de los propios hechos y dichos gubernamentales.
Una batalla por el sentido
Quizás lo que vimos este jueves no haya sido simplemente una conferencia sobre cuentas públicas.
Fue también una disputa por establecer quién será considerado responsable frente a la sociedad.
El Gobierno pretende colocar una idea:
Grasso tiene la plata y no paga.
Frente a eso queda casi invisible otra discusión:
qué facultades posee la Provincia para avanzar sobre recursos municipales y qué debe resolver todavía la Justicia.
Uno de esos relatos presenta un culpable.
El otro presenta un conflicto institucional.
Y políticamente no producen el mismo efecto.
Entonces, ¿cuál es realmente el tema de fondo?
Quizás no sean los aportes previsionales.
O, mejor dicho, quizás no sean solamente los aportes previsionales.
Puede estar desarrollándose una disputa mucho mayor:
por recursos,
por autonomía municipal,
por control político,
por votos legislativos,
por el endeudamiento provincial,
y finalmente por la sucesión de poder en Santa Cruz.
Grasso crece mostrando Río Gallegos.
Vidal gobierna una Provincia atravesada por restricciones económicas y necesita herramientas financieras.
Uno intenta construir gestión.
El otro necesita construir gobernabilidad.
Y en algún punto ambas trayectorias comienzan a encontrarse.
Por eso quizás la pregunta no sea:
¿tiene Río Gallegos dinero para pagar?
La pregunta verdaderamente importante puede ser otra:
¿por qué el Gobierno necesita convencer ahora a los santacruceños de que Pablo Grasso es quien les está sacando el dinero del bolsillo?
Y detrás aparece una segunda:
¿qué relación tiene esa construcción política con los votos que Vidal todavía no consigue para su proyecto de financiamiento?
No hace falta inventar conspiraciones.
Hace falta observar.
Los hechos.
Los tiempos.
Las decisiones.
Los discursos.
Los silencios.
Y, sobre todo, quién tiene poder sobre quién.
Porque en política, muchas veces, lo que no se dice desde un atril explica bastante más que aquello que ocupa el titular del comunicado oficial.