Más del 70% de las rutas nacionales presenta tramos en estado regular o malo, según un relevamiento elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional. El informe relaciona ese deterioro con la falta de mantenimiento, la paralización de obras y el recorte de recursos y personal dentro de la Dirección Nacional de Vialidad impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La advertencia aparece mientras el Gobierno nacional avanza con la Red Federal de Concesiones, un esquema que contempla transferir a operadores privados la administración, conservación y explotación de más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos.
La estimación de FEPEVINA surge del seguimiento realizado por trabajadores del organismo en distintos puntos del país y de los últimos registros oficiales disponibles. La Federación aclaró que las mediciones integrales sobre el estado de los pavimentos llevan más de dos años sin actualizarse, por lo que considera que el panorama real podría ser todavía más grave.
El deterioro de la red afecta los tiempos de viaje, incrementa el costo del transporte de cargas y aumenta los riesgos para quienes circulan. El gremio sostiene que la falta de mantenimiento preventivo también tendrá consecuencias presupuestarias: por cada peso que no se invierte a tiempo, posteriormente podrían necesitarse entre tres y cinco veces más recursos para reconstruir el pavimento.
FEPEVINA también advirtió sobre la pérdida de capacidad operativa de Vialidad Nacional. Según el documento, la planta del organismo pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a cerca de 4.340, como consecuencia de despidos, jubilaciones y retiros voluntarios.
La reducción afectó especialmente a ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas, perfiles necesarios para relevar, conservar y reparar la infraestructura. La organización sindical proyecta que la dotación podría disminuir hasta los 3.800 agentes en caso de continuar las desvinculaciones.
El informe cuestiona además el nivel de ejecución presupuestaria. De acuerdo con los datos difundidos por la Federación, al cierre del primer semestre de 2026 se había devengado el 33,6% del presupuesto asignado a Vialidad Nacional y se había pagado el 27,5%.
Los programas destinados a obras de seguridad vial y al mantenimiento de puentes y alcantarillas registraban una ejecución nula, siempre según el relevamiento gremial. Para FEPEVINA, dos de cada tres pesos previstos para infraestructura permanecían sin utilizar al finalizar ese período.
En paralelo, el Gobierno sostiene que la Red Federal de Concesiones permitirá rehabilitar las rutas mediante inversión privada, mejorar la seguridad y reducir los costos logísticos. El plan incluye corredores vinculados con el transporte de cargas, el comercio exterior y las economías regionales, entre ellos tramos de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 33, 34 y 35.
La Federación cuestionó esa caracterización y señaló que las empresas adjudicatarias podrían acceder a herramientas financieras respaldadas por organismos estatales. El Banco de Inversión y Comercio Exterior informó que puso a disposición una línea capaz de financiar hasta el 70% de determinadas inversiones viales, con una tasa UVA más 2% y un año de gracia.
Desde el gremio entienden que este mecanismo contradice el argumento oficial de que el sistema se sostendrá exclusivamente con capital privado. También advierten que las concesionarias podrán comenzar a cobrar peajes mientras amortizan los créditos destinados a las obras y tareas de mantenimiento.
El nuevo esquema abre así una discusión sobre el modelo de administración de las rutas nacionales. Mientras el Ejecutivo afirma que las concesiones permitirán recuperar corredores deteriorados sin aumentar el gasto público, los trabajadores viales denuncian que el Estado reduce la inversión directa, pierde capacidad técnica y termina respaldando financieramente a las empresas que asumirán la explotación de la red.