Javier Milei habla de las elecciones presidenciales de 2027 como si su continuidad estuviera asegurada. Confía en la desaceleración de la inflación, en la fragmentación de la oposición y en un núcleo de seguidores que permanece fiel aun en los momentos más adversos. El problema es que, fuera del relato oficial, la paciencia social empieza a mostrar señales de agotamiento.
La pregunta ya no es solamente cuánto tiempo necesita el programa económico para ofrecer resultados. La discusión es cuánto tiempo pueden resistir los hogares mientras esperan que esos resultados lleguen.
Un estudio nacional de la consultora QSocial, realizado sobre 1.323 personas, indicó que el 50 por ciento de los encuestados considera que “ya no puede esperar más” las mejoras prometidas como contrapartida del ajuste. Otro 20 por ciento afirmó que está dispuesto a sostener la espera hasta las elecciones de 2027 y un 10 por ciento otorgó plazo hasta fin de año.
Los números describen una sociedad que no necesariamente abandonó por completo las expectativas, pero que perdió una parte considerable de la tolerancia inicial. La promesa de atravesar un sacrificio transitorio empieza a desgastarse cuando los meses pasan y la recuperación no llega al salario, al empleo ni al consumo.
La evaluación general tampoco favorece al Gobierno. El 48 por ciento definió la situación del país como mala, el 35 por ciento la calificó como regular y apenas el 16 por ciento realizó una valoración positiva.
El escenario se explica en la vida cotidiana. Para muchas familias, el ingreso alcanza solamente hasta el día 20. El uso de tarjetas, préstamos y refinanciaciones dejó de estar vinculado con consumos extraordinarios y pasó a cubrir alimentos, tarifas y gastos básicos.
La inflación mensual cercana al 2 por ciento representa una desaceleración frente a los registros que recibió Milei al asumir, pero eso no significa que los precios hayan bajado. Siguen aumentando sobre valores que ya resultan difíciles de sostener para quienes perdieron poder adquisitivo.
El discurso oficial suele presentar la reducción de la inflación como una prueba suficiente de recuperación. Sin embargo, una economía no se ordena por completo cuando la estabilidad de sus indicadores convive con trabajadores que necesitan dos empleos, jubilados que recortan consumos esenciales y familias que acumulan deudas para llegar a fin de mes.
La distancia entre el Gobierno y esos problemas también aparece en las declaraciones de sus funcionarios. El vocero presidencial Adrián Ravier aconsejó “abrigarse más” frente al aumento del costo del gas, una expresión por la que luego admitió haber elegido palabras poco felices.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también rechazó la posibilidad de implementar una asistencia para los hogares endeudados y sostuvo que cada persona debe hacerse cargo de sus decisiones. Su explicación puso el foco en quienes tomaron préstamos a tasas elevadas, sin reconocer suficientemente que una parte de ese endeudamiento estuvo destinada a cubrir necesidades esenciales.
Esa falta de empatía puede convertirse en un problema político tan importante como la propia crisis de ingresos. Un Gobierno que exige sacrificios necesita, como mínimo, comprender a quienes los soportan. Cuando responde con reproches, consejos domésticos o acusaciones de irresponsabilidad, termina sumando malestar al deterioro material.
La Universidad Torcuato Di Tella aportó otra señal de advertencia. Su Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en julio en 1,94 puntos, una caída del 6,5 por ciento respecto de junio y del 21 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.
Cuatro de los cinco componentes del indicador retrocedieron. El descenso más pronunciado apareció en la percepción sobre la eficiencia de la administración nacional, que cayó un 15,4 por ciento mensual. También bajaron la evaluación de la capacidad del Ejecutivo, la valoración general del Gobierno y la percepción de que actúa en función del interés colectivo.
No se trata todavía de un derrumbe definitivo. Milei conserva un sector electoral estable y enfrenta una oposición con dificultades para construir una alternativa nacional unificada. Esa ventaja política, sin embargo, puede resultar insuficiente si la economía cotidiana continúa alejándose de las promesas oficiales.
Las advertencias ya no provienen únicamente de dirigentes opositores o sectores perjudicados por el ajuste. También aparecen dentro del universo económico que respalda la estabilización y las reformas de mercado.
El economista Ricardo Arriazu señaló que algunas distorsiones del programa pueden generar “bolsones de descontento, desempleo y pobreza”, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral del país. Su planteo no cuestiona el rumbo general, pero reconoce que ningún esquema económico se sostiene políticamente cuando concentra sus costos en territorios y sectores determinados.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, también respaldó la estabilización durante su visita a la Argentina, aunque advirtió que el éxito no puede medirse solamente por la baja de la inflación, el aumento de las reservas o el orden de las cuentas públicas.
Para Georgieva, el resultado deberá evaluarse además por la expansión de las empresas, el crecimiento de las pequeñas y medianas industrias, la creación de mejores empleos y la recuperación de los salarios. En otras palabras, hasta el propio FMI admite que el equilibrio macroeconómico no alcanza si la mayoría no percibe una mejora concreta.
El poder económico teme que el desgaste social termine bloqueando las reformas estructurales que considera necesarias. Su preocupación no parte necesariamente de una sensibilidad frente al sufrimiento de los hogares, sino del riesgo de que una derrota electoral interrumpa el programa.
Ahí aparece la principal contradicción del Gobierno. Milei pretende llegar fortalecido a 2027 mediante un ajuste cuya continuidad depende de que la sociedad soporte sus consecuencias hasta entonces. Pero cada salario que pierde, cada empleo que desaparece y cada deuda que se vuelve impagable reducen el margen para sostener esa espera.
El Presidente confía en que la película terminará bien y que la fotografía actual será olvidada cuando llegue la recuperación. La política, sin embargo, no se desarrolla únicamente al final de una película. También se construye durante cada mes en el que una familia abre la heladera, recibe una factura o revisa cuánto dinero le queda.
La paciencia no es un recurso inagotable. Y cuando la promesa de prosperidad futura exige un presente cada vez más difícil, el tiempo deja de jugar a favor del Gobierno y comienza a convertirse en su adversario.