El DNU 383/2025 le otorga a la Policía Federal facultades amplias para monitorear redes y allanar sin orden. Expertos alertan por una claro signo de autoritarismo.
Este martes fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que redefine la Policía Federal Argentina poniéndola en línea con métodos del FBI estadounidense.
Entre las novedades más controvertidas están:
Ciberpatrullaje sin autorización judicial: la PFA podrá monitorear redes sociales y otros espacios digitales públicos “sin necesidad de autorización judicial”.
Requisas y detenciones sin control previo: se habilitan intervenciones en personas y vehículos, incluso sin orden judicial, cuando existan “circunstancias razonables” o en flagrancia, autorizadas por el Ministerio de Seguridad.
Alarmas por el riesgo institucional
Voces expertas advierten que el decreto abre la puerta a un modelo autoritario de control. La oposición legislativa señala que permite operativos sin supervisión judicial, “viola la ley actual y borra los controles democráticos”. ONGs y exfuncionarios recuerdan casos como el de Nicolás Lucero (2016), detenido por tuits—ilustrando precedentes peligrosos.
La exministra Sabina Frederic alertó que ciberpatrullaje sin intervención judicial “es una arbitrariedad pura”, mientras la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, dijo que “murieron las libertades democráticas” y advirtió que podría malograrse el derecho a protestar.
¿Tecnología, prevención o vigilancia?
Desde perfiles técnicos, el especialista en seguridad informática Andrés Piazza consideró que el ciberpatrullaje puede tener poco alcance real (“no hay mucho por ganar”) y comparó redes sociales con vigilancia física: “No es igual” porque el delito ocurre fuera de redes.
En contraste, desde Amnistía Internacional y otros organismos, se subrayan los riesgos de vigilancia masiva y el perfilamiento de ciudadanos, lo que podría generar autocensura o discriminación política.
Reforma organizativa sin debate parlamentario
El decreto también introduce reformas internas: crea un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), limita ingresos y define un camino para pasar de suboficial a oficial, con fuerte inspiración en el FBI. Todo esto se implementa por decreto, evitando el Congreso, lo que generó reproches desde la comisión de Seguridad Interior y la Bicameral de Inteligencia .
Funcionarios opositores afirman que esto configura “un estado autoritario de facto” y ponen en duda la protección de libertades civiles ante un escenario con policías desbocados por órdenes ministeriales.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
