La Cámara Federal de Casación resolvió este martes anular la causa en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner estaba acusada por el supuesto uso irregular de aviones presidenciales para beneficio personal. La investigación había sido iniciada por el fallecido juez Claudio Bonadio.
Además, el máximo tribunal penal apartó del expediente a los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La causa, conocida como "Causa Aviones", surge como una derivación del caso de los Cuadernos y la decisión de la Cámara de Casación podría tener implicaciones en el expediente principal, que ya se encuentra elevado a juicio oral y público.
Casación admitió un recurso presentado por la defensa de la Vicepresidenta, argumentando que Bonadio se había quedado con la investigación de un expediente en el que actuó como denunciante. Esta conducta, conocida como "fórum shopping" (elección del juez), se considera una violación de la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.
Bonadio abrió la causa como un expediente separado de los Cuadernos, actuando como denunciante, y en lugar de remitir el hecho nuevo a la Cámara Federal para que otro juez se encargara de la instrucción, lo mantuvo en su jurisdicción.
El juez Slokar destacó la prohibición legal que impide a quien denunció un hecho intervenir luego como juez, y debido a este incumplimiento, Bonadio ya había sido apartado previamente de la causa.
"La violación de esta garantía básica que afecta al debido proceso requiere la anulación de todo lo actuado por el juez denunciante e instructor en la causa", sostiene el fallo.
La jueza Ledesma introdujo un concepto que podría impactar en la Causa Cuadernos, señalando que "es un requisito fundamental para un tribunal imparcial que aquellos que hayan intervenido, de cualquier manera, en otra función o instancia de la misma causa, no formen parte del mismo tribunal".
La resolución destaca que la actuación de Bonadio como juez denunciante en el caso transgredió la garantía de imparcialidad, un principio básico para validar el procedimiento penal en un Estado de Derecho.
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