Bancos y financieras negocian quitas históricas, mientras aumentan las denuncias por hostigamiento.
El crecimiento acelerado de la morosidad en Argentina no solo refleja el deterioro económico de las familias, sino que también dio lugar a un fenómeno paralelo: la expansión de la llamada “industria de la cobranza”, un circuito que se mueve entre la negociación agresiva y el hostigamiento.
En el último año, la imposibilidad de pagar deudas se multiplicó por cinco. Este salto no pasó desapercibido para bancos, financieras y estudios jurídicos, que comenzaron a operar de manera más activa sobre carteras de deudores. El mecanismo es sencillo: compran paquetes de deuda a bajo precio y buscan recuperar un monto mayor mediante acuerdos o presión directa.
Ese nuevo escenario abrió dos caminos bien distintos. Por un lado, se multiplicaron las ofertas de refinanciación con quitas de capital que, hasta hace poco, eran excepcionales. En algunos casos, las rebajas llegan hasta el 70% del total adeudado, con planes de pago más flexibles y plazos extendidos.
Por otro lado, también creció la presión sobre quienes no pueden pagar. Las denuncias por prácticas abusivas se incrementaron: llamados insistentes, contactos con familiares o empleadores y amenazas de embargo forman parte de un repertorio cada vez más frecuente, especialmente en sectores vulnerables.
El fenómeno tiene una base concreta. Según datos del Banco Central, la morosidad en tarjetas de crédito trepó al 11,6% en febrero, cuando a fines de 2023 era apenas del 1,7%. En créditos al consumo, el salto fue similar: pasó de 2,5% a más del 12%, el nivel más alto en más de una década.
El problema no es solo la deuda, sino su origen. Cada vez más familias recurren al financiamiento para cubrir gastos básicos. Informes académicos señalan que el endeudamiento crece porque los ingresos ya no alcanzan para sostener el consumo cotidiano. En paralelo, el uso de tarjetas en supermercados aumentó, lo que confirma que el crédito dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en una necesidad.
A esto se suma un cambio estructural en la economía doméstica. El peso de los servicios —luz, gas, transporte, salud— crece dentro del presupuesto familiar, reduciendo el margen disponible para otros gastos. Como resultado, el ingreso real que las familias pueden destinar al consumo cayó de manera sostenida en la última década.
El contraste regional deja en evidencia otro enfoque posible. En Brasil, el gobierno lanzó un programa para renegociar deudas con fuertes descuentos y tasas bajas, buscando aliviar la carga sobre los hogares. En Argentina, en cambio, no hay una política integral para abordar el problema, lo que deja el terreno liberado a las dinámicas del mercado.
El resultado es un sistema fragmentado: algunos logran negociar y reducir sus deudas, otros quedan atrapados en un circuito de presión constante. En todos los casos, el denominador común es el mismo: ingresos que no alcanzan y un endeudamiento que, lejos de resolverse, sigue creciendo.
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