El gobierno de Javier Milei paralizó todas las obras en Argentina, incluyendo aquellas fundamentales para el abastecimiento de gas en el país. Las consecuencias de esta crisis autoinducida ya son evidentes, con altos costos financieros. Ante la llegada del invierno y el aumento de la demanda de gas, se puede prever lo caro que le costará a los argentinos la política de recortes de Milei.
Entre las obras paralizadas se encuentran la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y la reversión del Gasoducto Norte, proyectos considerados estratégicos para la seguridad energética nacional.
Como consecuencia directa de esta paralización, la compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) se ha visto obligada a recurrir a la urgente licitación para la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Esta medida se torna indispensable ante la inminente escasez de gas durante los meses de invierno, situación que se agrava con la ola de frío que azota al país.
El impacto económico de esta decisión es alarmante. Por no invertir inicialmente 40 millones de dólares en la ampliación del GPNK, el gobierno de Milei se verá ahora obligado a destinar la desorbitante cifra de 500 millones de dólares para la importación de GNL, representando un aumento de diez veces en los costos.
El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que tiene la capacidad de transportar 11 millones de m3 de gas por día desde Vaca Muerta, podría haber duplicado su capacidad a 22 millones de m3 diarios si el gobierno no hubiera retrasado los pagos a las constructoras a cargo de las obras.
Esta situación crítica se ve agravada por la deuda de 40 millones de dólares que el gobierno de Milei mantiene con las constructoras Sacde y Contreras, impidiendo la finalización de las plantas compresoras en Tratayén, Salliqueló y Mercedes, cruciales para garantizar el abastecimiento de gas durante el invierno.
Ante el inminente faltante de gas, Cammesa se vio obligada a licitar de urgencia la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para cubrir la demanda, una medida que podría haberse evitado si las obras hubieran sido concluidas a tiempo.
La demora en la finalización de las plantas compresoras se atribuye principalmente a la falta de pagos por parte de Enarsa, que adeuda 30 millones de dólares a Sacde y 10 millones a Contreras, lo que ha llevado a ambas empresas a trabajar por debajo de su capacidad.
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