Con un discurso que mezcla libre mercado, críticas al “Estado presente” y una mirada amigable hacia la desregulación absoluta, el Gobierno nacional oficializó este miércoles una medida que desarma el esquema regulatorio que regía la actividad turística en los 39 Parques Nacionales del país.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 61/25 y 62/25, firmadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los cerebros ideológicos del ajuste estructural del gobierno de Javier Milei.
Con tono celebratorio y espíritu disruptivo, Sturzenegger anunció desde su cuenta de X:
“Eliminamos las barreras que impedían al sector turístico moverse con libertad, competir e innovar”.
La medida, en teoría, busca abrir el juego a nuevos prestadores, desarticulando lo que desde el oficialismo describen como un sistema monopolizado por pocas empresas habilitadas que, con exclusividad, venían operando actividades en áreas protegidas.
¿Desregulación o privatización con otra cara?
La narrativa del Gobierno gira en torno a la idea de que los Parques estaban “secuestrados” por un modelo “estatista y restrictivo”. Sturzenegger fue aún más lejos y disparó:
“El modelo del ‘Estado presente’ fue tan letal, que transformó a algunos de estos tesoros naturales en espacios inaccesibles para la mayoría, como si ya no nos pertenecieran”.
El caso emblema citado fue el del minitrekking sobre el Glaciar Perito Moreno, donde una sola empresa con exclusividad cobra hoy cerca de 400 dólares por una caminata de 4 horas. Para el ministro, eso es consecuencia de una combinación tóxica: concesiones blindadas y “burocracia kafkiana”.
Y aunque aclaró que no critica a la empresa que lo brinda, sí apuntó con dureza contra “el sistema que lo permite”.
“No digamos el Burj-Khalifa que sale 50 dólares subirlo. Incluso el trekking del Camino del Inca en Perú, una experiencia de 4 días todo incluido, son menos de 1000 dólares. ¡4 días versus 4 horas!”
El objetivo, según el Gobierno, es que cualquier persona o empresa pueda ofrecer excursiones y actividades sin necesidad de atravesar procesos de habilitación específicos o cumplir con los requisitos ambientales, técnicos o de seguridad que anteriormente estaban vigentes.
¿Turismo para todos o negocio para pocos?
El argumento central que se repite desde la administración Milei es que los Parques Nacionales no deberían tener costo de ingreso. Lo paradójico es que mientras dicen “accesibilidad”, el Estado se corre de su rol de garante y deja la actividad librada a la competencia privada, sin control real sobre tarifas, impactos ambientales o calidad de los servicios.
“El turismo se regula solo” parece ser la premisa que subyace. Pero el riesgo de mercantilizar los bienes públicos sin un marco claro es que, en vez de ampliar derechos, se amplía el margen de negocio para los actores más grandes, desplazando a cooperativas locales, guías habilitados y prestadores comunitarios que sí cumplían con requisitos mínimos de formación y cuidado ambiental.
Sturzenegger no lo oculta. Celebró en su posteo que ahora “no será necesario contratar a ciertas personas” para operar. ¿El fin de los cupos de guías especializados? ¿El adiós a los controles técnicos sobre seguridad en zonas de alto riesgo? Silencio oficial.
Scioli, en modo compliance
El secretario de Turismo, Daniel Scioli, también se sumó al anuncio desde su cuenta de X, con una postura más light:
“Más facilidad para que los turistas visiten los parques en Argentina. Una desregulación que genere más competitividad y oportunidades con precios accesibles para los turistas de nuestro país, y los viajeros del mundo”.
Una visión distinta a la que Scioli había sostenido años atrás, cuando desde la gestión en la provincia de Buenos Aires promovía la regulación del turismo sustentable y de cercanía. Hoy, alineado con la nueva ola liberal, acompaña en silencio el recorte del rol del Estado.
Lo que viene: zonas grises y alertas rojas
Aunque desde el Ejecutivo insisten en que esto abre oportunidades, lo cierto es que la reforma genera una serie de interrogantes urgentes:
- ¿Cómo se controlará el impacto ambiental en áreas protegidas?
- ¿Qué pasará con la seguridad de los visitantes si no hay requisitos técnicos mínimos?
- ¿Quién garantizará precios justos si se habilita a cualquier privado sin regulación?
- ¿Qué rol tendrán las comunidades locales y guías oficiales, hoy desplazados del esquema?
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