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El Municipio entregó 15 certificados de adjudicación en venta a familias que ocupaban terrenos de manera informal y ahora podrán avanzar con servicios básicos.

La Municipalidad de Río Gallegos entregó este viernes 15 certificados de adjudicación en venta de lotes a familias de un sector del barrio Evita, en el marco de un proceso de regularización de tierras que pone fin a más de 20 años de ocupación informal e incertidumbre para los vecinos.

El acto administrativo representa un paso importante para consolidar la seguridad jurídica de los hogares y permitir que las familias puedan avanzar de manera legal en el acceso a servicios públicos esenciales. Para muchos de los beneficiarios, la documentación recibida significa dejar atrás años de gestiones, reclamos y dificultades para formalizar su situación dominial.

La secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, destacó que la medida busca dar respuesta a demandas históricas de la comunidad. Además, señaló que el proceso se desarrolló mediante un trabajo conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, representado por Alejandra Ullua.

“Estamos acompañando a un grupo de vecinos que la venían peleando desde hace muchos años. Entendimos que la comunicación y el trabajo conjunto podían resolver una realidad de la que nadie se hacía cargo”, afirmó la funcionaria.

Grasso también advirtió a la comunidad sobre intentos de estafa y maniobras irregulares vinculadas a la venta ilegal de tierras. En ese sentido, recordó que cualquier trámite relacionado con lotes debe canalizarse formalmente a través de las oficinas municipales correspondientes, para evitar engaños y operaciones fuera del marco legal.

Entre los vecinos beneficiados, la entrega fue recibida como el cierre de una etapa marcada por la espera. Noemí Singori, residente del sector, valoró la respuesta de la actual gestión municipal y recordó la extensión del reclamo. “La lucha ya estaba llegando a los 20 años. Estoy muy agradecida porque esta gestión nos dio una solución”, expresó.

Otra de las vecinas, Rosa Ortega, de 65 años, relató las condiciones en las que comenzó a construir su hogar hace 21 años. Madre de siete hijos y una de las pioneras de la zona, recordó que al llegar no había infraestructura básica y que su primera vivienda era apenas una pieza expuesta al viento y al hielo.

“Cuando llegamos acá no había nada; mi primera casita era una pieza que se movía con el viento y el hielo. Ahora voy a poder poner la luz a mi nombre. Estoy muy feliz de tener por fin mi terreno y mi lugar”, contó.

La posibilidad de acceder formalmente a los servicios aparece como uno de los impactos más concretos de la regularización. Javier Blas Infrán, otro de los beneficiarios, destacó que el reconocimiento legal permitirá obtener la factibilidad técnica para las conexiones domiciliarias.

“Venimos peleando hace muchos años por esto. Ahora vamos a poder traer gas, electricidad y estar en regla, que es lo que todos necesitamos para seguir construyendo nuestros sueños”, señaló.

La entrega de certificados en el barrio Evita forma parte de una política municipal orientada a ordenar situaciones de larga data y dar respuestas administrativas a familias que llevan años habitando distintos sectores de la ciudad. Para los vecinos, la adjudicación no es solo un papel: es la posibilidad de acceder a derechos básicos, proyectar mejoras en sus viviendas y consolidar definitivamente su lugar.