Javier Milei envió al Congreso un proyecto para acotar el régimen de zonas frías. Más de 3 millones de hogares podrían perder el descuento del 30% al 50% en gas.
No es la primera vez que el gobierno libertario intenta avanzar en esta dirección. A fines de 2025, durante el debate parlamentario del Presupuesto 2026, una propuesta de similares características fue rechazada en Diputados: 123 votos en contra se impusieron a 117 a favor.
Y ya antes, en los primeros tramos de la gestión en 2024, el oficialismo había intentado incluir modificaciones al régimen de Zona Fría en las versiones iniciales de la llamada Ley Bases.
Tres intentos, tres proyectos, el mismo objetivo: sacar del sistema a quienes entraron con la ley de 2021.
Qué propone el proyecto
La iniciativa propone eliminar la bonificación generalizada del 50% sobre la tarifa de gas para las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 y reemplazarla por un esquema focalizado en hogares vulnerables.
Se mantendría el beneficio pleno del 50% para las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia. En cambio, para las zonas incorporadas desde 2021, el acceso dependerá del nivel de ingresos de los hogares: podrán recibirlo quienes tengan ingresos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo, según datos del INDEC.
El proyecto elimina los porcentajes de descuento que hoy están garantizados por ley y los reemplaza por un esquema que queda librado a la decisión del Poder Ejecutivo.
El cambio no es solo geográfico: también modifica la base del subsidio, que ya no se aplica sobre la tarifa total sino solo sobre el precio del gas, dejando afuera componentes clave como transporte y distribución. En la práctica, esto significa que, aun cuando formalmente exista un beneficio, el usuario terminará pagando más.
Además, el proyecto incluye un mecanismo de regularización de deudas del sistema eléctrico con distribuidoras y transportistas.
La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 la exención de gravámenes para las fuentes renovables, entre las que se incluyen energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero y biogás.
Quiénes pierden y cuántos son
El régimen original cubre a 849.965 beneficiarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. Con la ampliación de 2021, se incorporaron 3.140.000 nuevos hogares con tarifa diferencial, llegando a un total de prácticamente 4 millones de beneficiarios.
Un informe de la consultora Economía y Energía señala que 4,2 millones de usuarios acceden actualmente a algún subsidio por Zona Fría, y que el 72% de ellos reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Mendoza exhibe una temperatura promedio igual a la media nacional (15,5°C), mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe superan ese registro térmico. En contraste, las provincias patagónicas, que enfrentan las temperaturas más bajas, concentran solo el 17% de los beneficiarios del sistema.
Ese dato es el que el gobierno usa para sostener su argumento. Para el gobierno libertario, con aquella ampliación se "extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, incrementando significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones, desnaturalizando el carácter focalizado del sistema". Lo que el oficialismo omite es que ese recargo no proviene del Tesoro sino de todos los usuarios de gas del país.
El argumento fiscal que no cierra
El Ejecutivo justifica el recorte en la "insostenibilidad" del Fondo Fiduciario que financia el régimen. El Fondo Fiduciario que financia los subsidios —alimentado con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas— ya no alcanza para cubrir el costo del régimen, lo que obligó a aportar recursos del Tesoro y generó atrasos en los pagos a distribuidoras y productores.
Sin embargo, los propios registros de la Secretaría de Energía contradicen ese relato. Entre 2021 y 2023, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo de Gas registró superávit en todos los ejercicios: en 2022 fue de 7.697 millones de pesos y en 2023 llegó a 39.213 millones. La "insostenibilidad" que invoca el oficialismo es, en todo caso, reciente y en buena medida producto del propio deterioro tarifario que generó la gestión Milei.
La oposición y el federalismo en disputa
Desde el peronismo, el diputado por Neuquén Pablo Todero reaccionó en sus redes: "Nuevamente Milei en contra de la Patagonia. Presentó una ley donde puede eliminar la zona fría en el gas. Ya es la tercera vez que Milei intenta esto en la gestión".
Pero la resistencia no se limita al bloque peronista. La discusión abre una grieta territorial más profunda, que involucra a diputados de Córdoba, Santa Fe y Mendoza que deberán responder ante sus votantes si apoyan un recorte que impacta directamente en los bolsillos de sus representados.
En 2021, los mendocinos Luis Petri y el ahora gobernador Alfredo Cornejo votaron a favor del proyecto de Kirchner. Petri hoy es libertario y Cornejo tiene a sus diputados en la bancada radical que igualmente vota siempre con el gobierno. La pregunta es si esa lealtad tiene precio o tiene límite cuando el ajuste llega a la boleta del gas.
En el plano político, el oficialismo enfrenta un escenario complejo para su aprobación, ya que necesita apoyos de sectores como la UCR, con influencia en provincias que perderían parte del beneficio.
Lo que el gobierno llama "focalización", la oposición llama ajuste
La semántica importa en política energética. El oficialismo presenta el recorte como una corrección técnica orientada a la equidad: subsidiar a quienes lo necesitan, no a todos por igual. La oposición responde que esa lógica tiene un problema de origen: el fondo no lo paga el Estado, lo pagan todos los usuarios del país. Recortar el beneficio no reduce el gasto del Tesoro; solo redistribuye quién paga más en la factura.
El programa de Zonas Frías siempre fue objeto de debate, pero el fondo que lo sostiene no depende de recursos estatales directos: todos los usuarios de gas natural por redes —cerca de nueve millones— pagan un recargo adicional (6,8%) en sus facturas para alimentar el esquema de descuentos.
En ese contexto, el argumento del ajuste fiscal se cae solo. Lo que el gobierno llama "sinceramiento tarifario" es, en los hechos, una transferencia de costos desde los usuarios con beneficio hacia aquellos que ya pagaban el recargo sin recibir nada a cambio.
El proyecto ingresó al Congreso. El debate acaba de comenzar. Y el invierno, como siempre, no espera.
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