La rectora de la UNPA, Roxana Puebla, advirtió sobre el deterioro del sistema universitario y convocó a legisladores, intendentes y ciudadanos a la marcha del 12 de mayo.
La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Prof. Roxana Puebla, encabezó este martes una conferencia de prensa en el Rectorado junto a los secretarios generales de ADIUNPA, Karina Dodman, y de ATUNPA, Fernando Cortés, para convocar a toda la sociedad santacruceña a participar en la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. El reclamo es uno solo: que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario, una norma vigente que el Ejecutivo prometió y no cumplió.
Las universidades públicas volverán a movilizarse en todo el país el próximo martes 12 de mayo, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria durante el gobierno de Javier Milei.
La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.
En Santa Cruz, la movilización tendrá lugar a las 17:00 horas en distintos puntos: Plaza Güemes en Río Gallegos, la Unidad Académica de Caleta Olivia, la Residencia Antiguo Hotel Colón en San Julián, la Unidad Académica de Río Turbio, el edificio del CUNEC en El Calafate, y los cibereducativos UNPA del resto de las localidades de la provincia.
Una ley sancionada, vetada, insistida y aun así ignorada
La Ley N° 27.795, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente, fue sancionada por el Congreso Nacional el 2 de octubre de 2025 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el Decreto 759/25 el 21 de octubre del mismo año.
El camino hasta su promulgación fue tortuoso: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial y ratificó la norma con una mayoría agravada; luego, el Senado también rechazó el veto del Poder Ejecutivo y terminó de dejar firme la norma.
Sin embargo, promulgar no fue sinónimo de aplicar. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, por lo que los rectores decidieron ir a la Justicia.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento de los artículos 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma de Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
Ante esa secuencia, la respuesta del gobierno no fue el cumplimiento sino la escalada judicial. El Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.
El deterioro en números
El cuadro que pintan los datos no admite eufemismos. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Además, las partidas de funcionamiento rondan apenas el 40% del valor que tenían en enero de 2023, lo que afecta de manera contundente la actividad cotidiana de las universidades.
El impacto salarial es el punto de mayor tensión. Los salarios son los más bajos en 40 años, según aseguró Clara Chevalier, secretaria general de la Conadu.
Para recuperar lo perdido, la ley aprobada implica un aumento del 51% para docentes y no docentes, para recomponer lo perdido desde diciembre de 2023; la iniciativa oficialista, en cambio, ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre.
Las becas estudiantiles no escapan a este deterioro. Según difundieron los rectores, el presupuesto actual de las Becas Progresar se redujo un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95% por debajo del valor que tenía en 2023.
La voz de Santa Cruz: periferia y desigualdad
En la conferencia de prensa del Rectorado de la UNPA, la rectora Puebla señaló que el sistema universitario nacional atraviesa "una situación muy difícil, muy complicada" y que las acciones que se desarrollan en todo el país representan una defensa de la democracia. La convocatoria incluyó expresamente a legisladores provinciales, intendentes y al gobernador Claudio Vidal para acompañar la marcha en cada plaza de la República.
El documento leído por los gremialistas y estudiantes de la UNPA subrayó que el desfinanciamiento afecta con especial profundidad a provincias como Santa Cruz, donde la universidad pública no es solo una institución educativa, sino una herramienta de inclusión social, de movilidad social ascendente y de desarrollo territorial. La rectora Puebla añadió que "en la región patagónica esta brecha de desigualdad es aún más profunda por nuestra extensión territorial y por nuestro costo de vida".
La descripción no es retórica: en un territorio con ciudades separadas por cientos de kilómetros y sin oferta educativa privada de envergadura, la UNPA es, en muchos casos, la única opción concreta de acceso al conocimiento superior. El desfinanciamiento nacional no golpea igual en el centro que en la periferia.
El gobierno que ignora sus propias leyes
El reclamo central apunta a la falta de aplicación de la ley votada por el Congreso, incluso tras el rechazo al veto presidencial, a lo que se suma la demora en la transferencia de fondos pese a fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. La situación es inédita: el mismo Ejecutivo que promulgó la norma bajo presión legislativa y judicial se niega a ejecutarla, y ahora pretende que la Corte Suprema la suspenda.
A contramano y desoyendo el reclamo popular, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema suspenda artículos clave de la ley, al tiempo que analiza un proyecto alternativo con aumentos del 12,3% escalonados.
En ese esquema, la iniciativa oficialista no incluye actualizaciones para 2024 ni 2025, y condiciona los ajustes de este año a que la inflación supere el 14,5%, que es la reconocida en el presupuesto oficial.
Cuando Puebla dijo que "no solo estamos defendiendo la aplicación de una ley vigente, sino que estamos defendiendo la democracia", no usó una metáfora. Describió un escenario concreto: un gobierno que desconoce la voluntad legislativa, ignora mandatos judiciales y propone reemplazar una ley por otra que da menos. En ese contexto, la cuarta marcha federal no es solo un reclamo sectorial. Es el termómetro de hasta dónde un gobierno puede avanzar contra sus propias instituciones antes de encontrar resistencia organizada.
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