La causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete libertario suma un nuevo dato: $14 millones en muebles pagados en efectivo y sin respaldo documental alguno.
Tabar, quien bajo juramento reveló haberle cobrado 245.000 dólares a Adorni y su esposa Bettina Angeletti por refaccionar su casa del country, trabajó por segunda vez para el matrimonio en Caballito.
El constructor aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar trabajos de carpintería; algo que ya había hecho en el barrio privado, ya que Adorni y Angeletti le pidieron que contactara al mismo carpintero que hizo los muebles de Indio Cuá.
El detalle del encargo no deja mucho margen para la imaginación de un funcionario público con sueldo fijo: en diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros pedidos.
Los pedidos se realizaron en diciembre y los pagos o finalización de las tareas se concretaron entre enero y febrero de este año.
La modalidad de pago no sorprende en este expediente: Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni abonó los $14 millones en efectivo y sin factura por esos trabajos de carpintería.
Un esquema que se repite
El patrón que va dibujando la causa es difícil de ignorar.
El contratista declaró que el funcionario le pagó en efectivo y sin factura 245.000 dólares por el costo de los arreglos en Indio Cuá; además, exhibió una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó a través del uso de mensajes temporales.
El arquitecto dijo que Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración para asistirlo; el contratista inicialmente lo consideró, pero luego fue asesorado y decidió rechazar ese contacto para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia común.
Esa secuencia —pago en efectivo, sin documentación, seguido de un intento de contacto previo a la declaración judicial— es la que llevó a la diputada Marcela Pagano a denunciar un presunto intento de entorpecimiento de la causa.
El departamento de Caballito fue vendido a Adorni por un valor declarado de 230.000 dólares, con un anticipo en efectivo y el resto financiado por las propias vendedoras, un esquema que llamó la atención de los investigadores por sus condiciones poco habituales. No obstante, el fiscal Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras medidas cautelares, como prohibirle el contacto con determinados testigos.
Los números que no cierran
De acuerdo con los datos del expediente, el matrimonio habría destinado unos 365.000 dólares a la compra de propiedades en los últimos dos años y medio; en paralelo, se investigan deudas que superarían los 335.000 dólares, la mayoría con vencimiento previsto para noviembre.
Parte de esa red de acreedores quedó al descubierto esta semana con la declaración de Leandro Miano. Se trata de un testigo vinculado comercialmente con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras en otra de las operaciones bajo análisis; ambos forman parte de la firma de desarrollos urbanos TSJ Group, involucrada en la compraventa de un semipiso ubicado en la calle Miró al 500.
Durante su declaración, confirmó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni mantiene por una inversión previa destinada a mejorar ese inmueble antes de su adquisición; ese monto habría sido aportado junto a Feijoo para poner en valor la propiedad, que luego fue comprada por 230.000 dólares.
De acuerdo con el expediente, Adorni habría acordado devolver ese dinero "sin plazo ni interés", en un arreglo verbal y "sin ninguna documentación" respaldatoria, según los testimonios incorporados a la investigación judicial.
Además, el juez Lijo también puso la lupa sobre el círculo cercano del funcionario: Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni y quien lo acompañó en el último feriado de carnaval en un vuelo en avión privado a Punta del Este. Grandio, mediante su productora ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete.
La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y apunta a investigar posibles "dádivas" y negociaciones incompatibles con la función pública.
El secreto fiscal, levantado
El 6 de mayo el expediente dio otro salto: el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal del funcionario y de su cónyuge ante ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. La resolución, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a transparentar el flujo de fondos destinados a dos propiedades clave en territorio bonaerense.
Previamente, ya se había levantado el secreto fiscal de ambos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero en la agencia provincial la normativa es distinta y requiere un pedido especial.
El juez Lijo también ordenó el levantamiento del secreto fiscal respecto de las mujeres que figuran en los papeles como prestamistas o acreedoras de Adorni: las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, y las policías Graciela Molina y Victoria María José Cancio.
La defensa del funcionario, de momento, apuesta a una sola carta: la facturación de Bettina Angeletti como autónoma y coach es el argumento que planean utilizar para justificar el crecimiento de los activos familiares. Sin embargo, el volumen de deudas privadas —que asciende a 335.000 dólares con jubiladas y policías retirados— y el uso recurrente de la modalidad "cash" para los gastos suntuarios mantienen la sospecha sobre un patrimonio no exteriorizado.
El próximo hito será el 31 de mayo, cuando Adorni presente su declaración jurada anual, documento que ahora será cotejado con los informes detallados que envíe la provincia de Buenos Aires tras la orden de Lijo.
La investigación busca determinar si los ingresos declarados por Adorni y Angeletti resultan compatibles con el nivel de gastos y obligaciones detectados.
Mientras tanto, Adorni negó irregularidades en distintas oportunidades y sostuvo que no tiene "nada que esconder"; también atribuyó las acusaciones a una maniobra política y mediática contra el Gobierno nacional. Lo que la Justicia tiene en sus manos, sin embargo, son declaraciones bajo juramento, mensajes de WhatsApp con temporizador, y una mesa de comedor de madera y mármol pagada en efectivo. Sin factura.
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