Mientras el Municipio celebra el anuncio del tendido eléctrico sobre una arteria que une Bicentenario, Patagonia, San Benito, Chimen Aike y Santa Cruz, la secretaria Quiroz desnudó la magnitud del déficit: cuatro de cada diez cuadras de Río Gallegos tienen problemas de iluminación.
Natalia Quiroz, secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Gallegos, salió a marcar territorio frente al anuncio realizado por Servicios Públicos sobre el tendido eléctrico y el alumbrado público en calle 22. La arteria en cuestión no es menor: es una vía de conexión directa para los barrios Bicentenario, Patagonia, San Benito, Chimen Aike y Santa Cruz, sectores de alta densidad poblacional y con histórico rezago en infraestructura urbana.
El mensaje de Quiroz combinó reconocimiento y advertencia en proporciones similares. "Lo pedimos, insistimos… y apareció, aunque tarde", sintetizó la funcionaria, condensando en pocas palabras lo que describe como más de un año de gestiones formales ante una empresa provincial que, según su relato, demoró sistemáticamente la respuesta.
Lo que hizo el Municipio mientras esperaba
Quiroz fue explícita en delimitar competencias. El tendido eléctrico y el alumbrado público dependen de Servicios Públicos Sociedad del Estado, empresa bajo la órbita del gobierno provincial que conduce Claudio Vidal. El Municipio, en ese esquema, no tiene potestad directa sobre esa infraestructura. Sin embargo, según la funcionaria, eso no implicó inacción: "Hicimos lo que sí nos corresponde: avanzamos con señalización vertical y horizontal, colocación de tachas reflectivas y cartelería, sosteniendo condiciones básicas de seguridad en una vía clave para el desarrollo urbano".
La distinción no es un detalle burocrático. En la práctica, significa que durante el período en que la empresa provincial no ejecutó la obra, el Municipio sostuvo condiciones mínimas de tránsito con los recursos y atribuciones que tenía disponibles. Es, también, un argumento político: el contraste entre la gestión activa del gobierno local y la demora de la administración provincial queda explícito en cada declaración de Quiroz.
El déficit que la obra puntual no resuelve
El anuncio sobre calle 22 no alcanza para tapar un número que la propia secretaria colocó sobre la mesa: cerca del 40% de la trama urbana de Río Gallegos presenta problemas de iluminación. Es un dato de magnitud. En una ciudad que supera los 110.000 habitantes y que atraviesa inviernos con menos de ocho horas de luz natural, el alumbrado público no es un servicio accesorio sino una condición básica de seguridad, movilidad y calidad de vida.
"Hemos elevado múltiples notas por distintos barrios, acompañando reclamos de vecinos que muchas veces acuden al Municipio buscando respuestas que dependen de la empresa provincial", señaló Quiroz. La descripción retrata una situación recurrente en la administración local: vecinos que no distinguen jurisdicciones y golpean la puerta más cercana, que suele ser la municipal, para reclamar por servicios que dependen de otra esfera del Estado.
La obra como punto de partida, no como cierre
Quiroz fue cautelosa al evaluar el anuncio. No lo presentó como un logro definitivo ni como una solución suficiente. Lo encuadró, en cambio, como un punto de partida posible, con la condición de que no quede aislado: "Esperamos que no sea un hecho aislado, sino el inicio de un plan sostenido de recambio y ampliación del alumbrado público en toda la ciudad".
La exigencia es concreta: un plan, no una obra. La diferencia importa. Un plan implica cronograma, presupuesto, criterios de priorización y rendición de cuentas. Una obra puntual, en cambio, puede ser funcional políticamente sin resolver el problema estructural.
La secretaria cerró con una frase que resume la postura municipal: "Mejor tarde que nunca, pero mejor siempre a tiempo". La advertencia hacia Servicios Públicos y, por extensión, hacia la gestión provincial quedó implícita pero legible.
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