La diputada Moira Lanesan Sancho encabeza un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados contra la RESOL-2026-48 del Banco Central, que elimina sedes en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Salta, Bahía Blanca y otras ocho ciudades. Los propios datos del BCRA contradicen los criterios de la decisión.
Quince diputados repudian el cierre de doce agencias del BCRA y exponen las contradicciones de una medida que no resiste el análisis técnico
Un grupo de quince legisladores nacionales presentó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración para repudiar la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de cerrar operativamente doce agencias regionales en todo el país. La iniciativa fue encabezada por la diputada nacional Moira Lanesan Sancho y cuenta con el acompañamiento de Ana María Ianni, Juan Carlos Molina, Andrea Freites, Kelly Olmos, Ernesto Ali, Sergio Palazzo, Juan Pablo Luque, José Glinski, Carlos Cisneros, Ariel Rauschenberger, Marianela Marclay, Sergio Andrés Dolce, Pablo Agustín Tita y Jorge Neri Araujo Hernández.
La medida fue dispuesta mediante la RESOL-2026-48-E-GDEBCRA-SDDBCRA del 12 de marzo de 2026 y afecta a las sedes de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa. En su lugar, el BCRA pasaría a operar con apenas nueve nodos regionales, reduciendo drásticamente su presencia federal en el territorio nacional.
"Esta resolución no es un ajuste técnico, es un retroceso institucional que vulnera el principio de igualdad federal y abandona a regiones enteras", declaró Lanesan Sancho. "El BCRA pasa de un modelo de presencia federal a apenas nueve nodos regionales, encareciendo la logística y trasladando costos innecesarios a las provincias."
Los números del BCRA contra la decisión del BCRA
El argumento oficial de racionalización no resiste el contraste con los propios registros de la autoridad monetaria. Los datos de volumen transaccionado y capacidad de bóveda por agencia revelan un patrón que los legisladores califican de arbitrario y políticamente sesgado.
Paraná registró $691.500 millones transaccionados — más que seis de las nueve agencias que permanecerán abiertas, entre ellas las de Tucumán, Neuquén y Mendoza — y aun así cierra. Salta y Formosa superan en volumen operativo a Mendoza, San Juan y Posadas, pero también son clausuradas. Trelew, en cambio, se mantiene abierta pese a acumular apenas $109.300 millones transaccionados, el tercer peor desempeño del sistema, muy por debajo de Bahía Blanca y Río Cuarto, que sí desaparecen.
La capacidad de bóveda tampoco valida la decisión. Paraná atesora $42.750 millones y Posadas $24.300 millones, cifras superiores a las de Jujuy ($18.000 millones) y a la propia Trelew ($24.000 millones), que continúan operativas. "No hubo estudio técnico serio. Hubo una decisión política disfrazada de plan de racionalización", sentenció Lanesan Sancho.
Empleo público y soberanía operativa en el interior
El cierre también implica pérdida concreta de puestos de trabajo en territorios donde el empleo estatal tiene un peso específico mayor que en los grandes centros urbanos. Cinco de las agencias clausuradas —Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Río Cuarto, San Juan y Santa Rosa— operaban con apenas dos personas cada una. La agencia de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, funcionaba con una sola persona. Su eliminación no representa un ahorro significativo para el Estado nacional, pero sí implica la desaparición de un nodo operativo en un punto estratégico de la Patagonia austral.
"No es inocente ni casual: es la continuidad de un plan de gobierno que trata al empleo público como un mero costo laboral, bajo la excusa de una supuesta eficiencia económica", denunció la diputada. La caracterización apunta directamente a la lógica del gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión viene aplicando recortes en la estructura del Estado bajo el argumento del equilibrio fiscal, con un impacto desproporcionado sobre las economías del interior del país.
El federalismo como eje del reclamo legislativo
El proyecto de declaración busca que el Congreso exprese su repudio institucional y exija al BCRA la reversión de la medida. Los legisladores argumentan que la resolución vulnera el federalismo, la descentralización administrativa y la equidad social, al concentrar la operatividad del Banco Central en pocas ciudades y dejar al interior sin representación directa de la autoridad monetaria.
"No podemos permitir que se desmantele la presencia del Estado nacional en las provincias. Esto no es eficiencia, es abandono", concluyó Lanesan Sancho.
La pregunta que el proyecto deja sobre la mesa es de fondo: si los propios datos del BCRA contradicen los criterios de cierre, ¿qué lógica sostiene la decisión? La respuesta que emerge del análisis legislativo es incómoda para el gobierno — y difícil de refutar con los números sobre la mesa.
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