Pablo Grasso encabezó junto a otros jefes comunales una jornada de reclamo en Buenos Aires que incluyó la firma de un documento dirigido al Ministerio de Economía y una movilización a pie hasta la sede de la cartera. La FAM también debatió el impacto de las políticas nacionales en los municipios.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se sumó este martes a una jornada de reclamo federal protagonizada por jefes comunales de distintas regiones del país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad, centrada en dos demandas concretas al gobierno nacional de Javier Milei —la reducción del precio de los combustibles y la reactivación de la obra pública— culminó con la firma de un documento dirigido al Ministerio de Economía y una movilización a pie hasta esa sede.
El punto de encuentro fue Moreno 590, sede de la Asociación de Ex Alumnos del Colegio de Buenos Aires, donde los participantes visibilizaron el impacto que generan los altos costos de la nafta sobre las economías del interior y el freno a obras consideradas esenciales para el desarrollo de los municipios. Ambos factores vienen siendo señalados por distintos sectores como consecuencia directa de las políticas de ajuste implementadas desde la administración Milei, que redujo drásticamente la inversión en infraestructura y desreguló el mercado de combustibles bajo la premisa de la liberalización económica.
Tras la firma del documento, los intendentes se movilizaron a pie hacia el Ministerio de Economía. La jornada incluyó además una foto institucional frente a Casa de Gobierno, como gesto simbólico de unidad ante las autoridades nacionales, y concluyó con la participación en la reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se profundizó el debate sobre el efecto de las políticas nacionales en los gobiernos locales.
Grasso sintetizó el espíritu de la convocatoria con una postura que no dejó margen para interpretaciones: "Hay que defender los intereses de nuestras comunidades, exigir igualdad de condiciones para el interior del país y garantizar que los recursos lleguen donde tienen que llegar: a la gente y a las obras que mejoran su calidad de vida".
El reclamo de los intendentes se inscribe en un clima de creciente tensión entre los municipios del interior y el gobierno nacional. La paralización de obra pública, que afecta desde rutas y viviendas hasta infraestructura sanitaria y educativa, y el incremento sostenido del precio de los combustibles —que encarece los costos de transporte, producción y servicios en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos— configuran un escenario que los jefes comunales ya no están dispuestos a absorber en silencio. La pregunta que subyace es si el documento firmado este martes tendrá algún efecto sobre una administración que, hasta ahora, mostró escaso margen de negociación con quienes cuestionan su programa económico.
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